Entrevista a Raül Romeva i Rueda, eurodiputado de ICV y vicepresidente de Verdes/ALE

Naturalmente, acogí de forma muy negativa el resultado de la votación del Parlamento Europeo donde se aprobó el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Marruecos. Habíamos insistido por la vía política pero también por la jurídica, que éste no era un buen tratado. Desde la Comisión de Pesca (PECH) y como ponente nominado por ésta, argumenté que el Parlamento Europeo no debía dar el consentimiento a este acuerdo. Fue un golpe duro, ya que, aparte de razones económicas, sociales y ambientales, la inclusión del Sahara Occidental en el acuerdo UE-Marruecos me hacía rechazarlo frontalmente. Como defensor del derecho a la autonomía del Sáhara Occidental, proponía que se excluyera este territorio del acuerdo, como ya lo hacen otros acuerdos. Por ejemplo, los Acuerdos EUA-Marruecos.

La ratificación del acuerdo significa una nueva victoria de las lógicas de una agricultura y pesca liberales, globalizadas y especializadas, que solo favorecen a los intereses de grandes grupos, a costa de los pequeños agricultores y pescadores. Un modelo agrícola que además no protege los recursos naturales. El impacto social, económico y ambiental de este acuerdo no ha sido suficientemente valorado por la Comisión. Nosotros desde el grupo Verdes/ALE y con la ayuda de algunos diputados españoles nos encargamos de advertir de las posibles consecuencias de este acuerdo. El aumento del número de cuotas a tarifas reducidas para una amplia gama de frutas y vegetales hará difícil a los agricultores españoles mantener la competitividad. Regiones como Andalucía saldrán especialmente perjudicadas de este acuerdo, por su especialización en la mayoría de productos que se han liberalizado y por qué no podrán hacer frente a los bajos costes derivados de unas legislaciones ambientales y sociales más laxas.
Ahora, el hecho que Andalucía salga perdiendo –así como su posible coste electoral– no pueden ser los únicos motivos para que los eurodiputados españoles voten en contra o no voten. Hay muchos otros aspectos a tener en cuenta.

Coincido plenamente con las conclusiones que José Bové, compañero en el grupo Verdes/ALE, presentó a la Comisión de Comercio Internacional. Con José Bové denunciamos que el acuerdo se negoció de forma muy opaca por parte de los servicios de la Comisión Europea y el Reino de Marruecos. El acuerdo ha resultado completamente desequilibrado, beneficiando sobre todo a las grandes empresas de la industria agrícola y pesquera, dejando de lado a los pequeños productores tanto europeos como marroquíes. Los pequeños productores europeos tendrán dificultades para hacer frente a los bajos precios marroquíes, y los pequeños agricultores marroquíes también deberán lidiar con la llegada masiva de productos europeos básicos como la carne o los cereales y con la subida de los precios debido a la especialización para la exportación. Así, se potencian, en ambos lados, las corporaciones agrícolas de capital intensivo a expensas de las familias o pequeñas granjas.

Como ya he comentado, desde el punto de vista económico el acuerdo firmado perjudica la capacidad de los pequeños agricultores europeos, que no podrán hacer frente a la competencia de las grandes industrias agroalimentarias y a un comercio desigual. También tendrá consecuencias muy negativas para la agricultura familiar marroquí, ya que la afluencia de alimentos básicos libres de impuestos en Marruecos hipotecará la creación de una industria local alimentaria.

Desde el punto de vista medioambiental, el acuerdo no potencia la protección del medio y reafirma la lógica de la explotación de recursos, dificultando la creación de un crecimiento agrícola sostenible y equilibrado en Marruecos.

El acuerdo incluye la región del Sáhara Occidental vulnerando el Derecho Internacional, ya que como indica el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo, “el Sahara occidental no puede considerarse que forme parte de Marruecos”.

Las normas estrictas de la UE sobre la protección del medio ambiente y de seguridad alimentaria no encuentran reciprocidad en los productos importados de Marruecos a la UE. Los productos marroquíes deberían cumplir las mismas normas que los producidos en la UE. El artículo 8 del acuerdo cubre ciertas normas sanitarias, pero no normas ambientales, fitosanitarias y sociales. Permitir la importación de productos que cumplen normas menos estrictas que los productos de la UE, puede llevar al dumping, a la vez que daña modelos de producción ecológica e integrada que producen de forma más sostenible.

Una de las grandes preocupaciones que ha surgido a raíz del acuerdo es la capacidad de la UE para controlar y hacer cumplir los plazos y las cuotas arancelarias, a menudo ya ignoradas por los socios marroquíes durante el periodo 2009-2010. La entrada de frutas y verduras por debajo del precio declarado incrementa, por lo tanto, la competencia desleal. La UE debería ser más consecuente y acabar con esta dualidad. Es decir, por un lado establece una regulación muy estricta y necesaria para los productos europeos pero por el otro deja entrar otros productos sin asegurarse que cumplen las normas de comercialización.

Es necesario conseguir un sistema fiable de los precios de entrada de frutas y vegetales y crear sistemas efectivos de protección de precios y de verificación del valor de los productos importados. Esto debería haber sido fijado y establecido con anterioridad, en lugar de seguir abriendo mercados y estableciendo nuevas cuotas. Por eso, ya que el acuerdo no cita medidas concretas para regular esta situación, sería aconsejable trazabilizar los productos desde la producción hasta la comercialización y poner en práctica una coordinación verdadera entre aduanas.

Exacto, uno de los principales problemas que presenta este acuerdo es el diferencial de costes. Como bien argumentó Bové en su informe, el principal factor de composición de los precios de frutas y verduras es la mano de obra. El salario de los trabajadores agrícolas marroquíes es de cinco euros por día, creando así, diferencias de costes considerables. Estos salarios son tan bajos porque la legislación laboral no permite a los trabajadores agrícolas crear sindicatos, y por lo tanto, negociar de forma colectiva. También se ha denunciado la presencia de trabajo infantil en el sector agrícola y nos preocupa enormemente que con el aumento de las exportaciones se incremente esta dinámica. El diferencial de costes también se ve incrementado por la existencia de regulaciones más laxas en materia ambiental, de seguridad alimentaria, protección de salud…etc.

Es muy preocupante que no se hayan incluido cláusulas fitosanitarias ni medioambientales. Esto cuestiona uno de los grandes principios de la UE; la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Estudios (como el de INRA) han afirmado que en Marruecos son necesarios 100 litros de agua para producir un kilo de tomates, mientras que en Francia solo se requieren 10 litros. Esto, aparte, generará problemas de acceso al agua para muchas comunidades marroquíes. A la vez, se permite la entrada de productos agrícolas y pesqueros que no cumplen los estándares europeos (como los fitosanitarios) y no se tiene en cuenta por ejemplo, si el pescado que entra a la UE procede de aguas marroquíes agotadas. Además el acuerdo no prevé la resolución de cuestiones relativas a las indicaciones geográficas (IG), impidiendo por lo tanto, la identificación fiable del lugar de origen para que los consumidores puedan elegir.

El año pasado a causa de la bacteria E.Coli, España experimentó una grave crisis de confianza que todavía afecta a muchos productores. En un contexto de crisis económica, la llegada de millares de toneladas adicionales de frutas y verduras puede contribuir a incrementar aún más la crisis en el sector. En algunas áreas del sur de España el desempleo ha subido hasta el 40% y el aumento de competitividad hará empeorar la situación. Es preocupante que no se haya considerado ni esta situación, ni los efectos que el acuerdo podrá tener en estas regiones. No me estoy pronunciando a favor de leyes proteccionistas, pero creo que estos acuerdos deberían promover un intercambio basado en la igualdad de derechos, pero también de obligaciones, para así evitar la competencia desleal, que puede afectar gravemente a muchos agricultores.

Creo que ha habido una gran respuesta y protesta por parte de los sectores agrarios. Obviamente, ven peligrar sus puestos de trabajo y temen la evolución del sector agrícola y pesquero tras la entrada de los productos marroquíes. Además, cada vez son más las empresas (especialmente españolas) que desmantelan sus estructuras en la UE, dejando a miles de personas en el paro, para ir a Marruecos y exportar desde allí, sin tener en cuenta las condiciones sociolaborales y ambientales exigidas por la UE. Creo que es necesario, por lo tanto, parar esta deslocalización de empresas españolas. También podría ser útil motorizar los problemas que surjan derivados del acuerdo y enviarlos a la Comisión, y así intentar frenar el dúmping y el comercio desleal. Los acuerdos comerciales se pueden usar como instrumentos para corregir las desigualdades, y en este sentido la promoción de unas mejoras condiciones laborales, medioambientales y sanitarias en Marruecos permitirían avanzar hacia un comercio basado en la equidad de las dos ribas de la mediterránea.

Tanto el gobierno actual (PP) como su antecesor (PSOE) deben asumir sus responsabilidades ante la ratificación del tratado. Sus grupos políticos en el Parlamento europeo no realizaron las presiones suficientes dentro de las comisiones, en especial, en la Comisión de Pesca, donde los eurodiputados populares votaron a favor del tratado. Así, el gobierno debe hacer frente a los problemas que surjan de dicha aprobación.

La entrada en vigor del acuerdo, podría aprovecharse como escenario para reconvertir los sectores agrarios y de pesca en más sostenibles, y marcar la diferencia ante los productos de fuera. Aplicando un correcto etiquetaje e indicaciones geográficas, una reconversión del sector hacia una agricultura no transgénica y de calidad se podrían contrarrestar los efectos económicos negativos sobre los pequeños agricultores españoles. A la vez, avanzaríamos hacia una economía más sostenible.