Entrevista a Miguel López, secretario general de COAG

Por una parte, esta propuesta nos parece muy interesante. Nosotros apoyamos el análisis que hace del sector al considerarlo estratégico y también que garantiza el equilibrio y el bienestar de las zonas rurales. Por ende, el documento reconoce que el sector atraviesa una serie de malas circunstancias así como que soporta una presión tremenda por parte de la distribución, lo que genera una pérdida, cada vez mayor, de la renta. De hecho, el nivel de vida es muy diferente entre el medio urbano y el rural, algo que también se plasma en el texto. También se aboga por una producción sostenible, de calidad, en un marco de seguridad alimenticia, de diversidad territorial y productiva. Además, se plantea el apoyo a las pymes, al empleo, e incluso habla de establecer techos por explotación en materia de subvenciones o ayudas. Esto último para nosotros es positivo, porque creemos que no se justifican, desde un punto de vista social, determinadas partidas. Y luego, algo muy importante: la propuesta reconoce al sector como fundamental para mantener los recursos naturales y los bienes públicos. Este enfoque nos gusta, habla de un crecimiento verde en la PAC. Esto último con matices, ya que no se deberían volver a dar razones de condicionalidad, que limiten la competitividad española y favorezcan a producciones no controladas de terceros países, cuyos sistemas productivos no tienen nada que ver con los nuestros. De lo contrario, este sería más bien un elemento distorsionador.

Por otra parte, ¿qué nos preocupa? Aspectos como el financiero. A más agricultores, mayor número de países y superficie a cultivar se necesita más presupuesto. De no ser así, esto nos va a llevar, con toda probabilidad, a una política de recortes. En síntesis, la propuesta en algunos puntos es muy ambiciosa y concuerda con objetivos que nosotros compartimos. Pero en algunos aspectos, resulta muy decepcionante y lo decimos con toda claridad. En primer lugar, el presupuesto, como ya he comentado. En segundo lugar, no es lógico que se eliminen todos los mecanismos de regulación de mercados, que no exista siquiera una posibilidad de tener un marco de negociación estable y equilibrado dentro de la cadena agroalimentaria. Me refiero al poder de la distribución frente al de los productores, primer eslabón de la cadena, a lo que hay que sumar, en ocasiones, la industria de transformación así como el abuso que soportan los consumidores, ya que se fijan unos márgenes abusivos. Y para ello, hace falta un marco legislativo específico que corrija la situación actual. No es razonable que no se intervengan los mercados para gestionar situaciones de crisis. Y qué decir de los stocks alimentarios estratégicos que habrían de servir para hacer frente a una posible crisis alimentaria. Algo preocupante, ya que hablamos de 500 millones de europeos. Se debe orientar el sistema productivo para que estas cosas no ocurran y trabajar en un marco de soberanía alimenticia. Asimismo, se deben gestionar situaciones de precios hundidos, excedentes…el campo depende de factores, como los climáticos, que no son controlables. Otra cosa muy importante: el principio de preferencia comunitaria. Ya estamos un poco cansados. No puede ser que al país se le haya perjudicado con la reforma del año 2003 en producciones básicas como los cereales, la leche, por ejemplo, y mientras tanto, se abran acuerdos preferenciales con países terceros. Es decir, nos dirigimos hacia un proceso de creciente liberalización. La propuesta de Ciolos no habla del mercado, de la cadena agroalimentaria, del abuso de la distribución, ni del proceso de liberalización comercial al que someten a los alimentos. El derecho a la alimentación es universal y no se puede entregar al mercado como un valor más y ya está.

Desde COAG, nos parece bien este punto aunque aún se ha de definir qué se entiende por ‘activo’. El concepto de profesional a título principal, sea agricultor o ganadero, ya lo manejábamos desde hace tiempo en nuestra organización, por lo que la propuesta tiene mucha similitud con nuestro discurso permanente. Si bajo el concepto de activo se hace referencia a todo aquel que mantiene la actividad y produce, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Y además creemos que se debe ejercer una política de priorización. Cuando no hay presupuesto suficiente, hay que repartirlo bien. En este sentido, que se planteen una serie de techos al respecto, nos parece algo razonable. No se justifica que existan subvenciones millonarias con el dinero público. Estoy hablando de explotaciones que reciben más de un millón de euros: esto ya no es para que viva una familia, a menos que lleven a cabo una actividad determinada y que generen mucho empleo. No se puede subvencionar solo por el hecho de tener tierras. No se sostiene.

Los que trabajamos en el sector, desde hace tiempo, sabíamos que al final, los países de la Europa del Este se incorporarían. Inicialmente pensamos que si aumentaría el número de países miembro, también crecería el presupuesto. Al final nos ha pillado en un contexto de crisis económica, sin saber qué presupuesto habría. Nosotros debemos defender lo que honestamente pensamos. Una política de recortes ya la hemos tenido: el segundo pilar se ha nutrido del primero y los apoyos directos a la agricultura y la ganadería se han ido reduciendo para diversificar las inversiones en el medio rural. Es decir, que el presupuesto no solo se ha destinado a la actividad agraria sino, principalmente, a otras adicionales. Si aumenta la actividad, el número de productores, la superficie y la producción de alimentos, lo lógico sería que también se incrementaran los apoyos. Para que se haga una idea, en los últimos cuatro años hemos perdido un 26% de renta con respecto a otros sectores económicos y a nivel europeo esto se sitúa en torno a un 12%.

Bien, lo que se puede hacer al respecto está muy claro, al margen de contar con instrumentos de regulación puntuales como una intervención, un precio de entrada, un contingente... todo esto supervisado y controlado. Son mecanismos que tradicionalmente han funcionado, sea cual fuere su coste, si es que tenían alguno. En el caso del almacenamiento privado que los precios se ajusten a la realidad. Básicamente, que sean mecanismos que permitan actuar de forma automática, sin tener que pedir autorización a Bruselas. A la vez, el agricultor debe salir de las normas de competencia. El sector posee una singularidad que no tiene porqué estar sujeto a dichas normas. Si nosotros hemos de garantizar calidad y seguridad alimentaria, que sea a un precio razonable: no podemos estar sometidos a situaciones abusivas. No puede haber márgenes que superen el 1.000%. La distribución somete al sector a una presión que conlleva también una pérdida de calidad. No se ha puesto en marcha la trazabilidad: de dónde procede el producto, a qué precio se ha vendido en el mercado de origen… esto se debe saber. Hace unos meses, la junta de Andalucía llevó a cabo unas inspecciones en 25 puntos de venta de Jaén. Pudimos demostrar que en 14 de ellos se vendía aceite de oliva virgen extra que en realidad no lo era. Falta control, no existe un régimen sancionador que merezca la pena. Y por último, se da una situación en los mercados que da pie a que muchos fabricantes hagan lo que sea necesario para mantener los precios y cumplir los requisitos que exige la distribución.

Es evidente. Todo aquel que no desee producir bajo criterios de calidad y seguridad fabrica productos genéricos o marcas blancas que lo que hacen es confundir. No sabemos qué hay dentro de cada producto ni de dónde procede. Esto no puede ser, hay que aportar transparencia al mercado y ofrecer garantías a los usuarios. Nosotros negociamos convenios colectivos para pagar el sueldo de los trabajadores, a pesar de que nos han incrementado los costes a la hora de comprar carburantes, fertilizantes, fitosanitarios y semillas. Además, en la mayor parte de los casos, compramos en céntimos y a la hora de vender, lo hacemos en pesetas. En general, la llegada del euro nos ha perjudicado. El mercado precisa transparencia, trazabilidad de los alimentos, calidad y seguridad alimenticia. No es igual un tomate que se produce en Marruecos, a base de sustancias prohibidas en la UE desde hace 20 años, al tomate que se cultiva aquí.

Hay una cuestión que me parece muy importante. Cuando hablamos de un acuerdo preferencial, quiero creer que las condiciones sociolaborales, económicas y medioambientales son parecidas a las nuestras. Nosotros no aguantaríamos un acuerdo, en grandes cantidades, con Mercosur. Nos hundiría. Y tampoco podemos aceptar un convenio a mayores con Marruecos, un caso que para nosotros ya roza el límite. El día que se ratifique este acuerdo, vamos a tener muchas dificultades con la fresa en Huelva. Por otra parte, el tomate tiene un precio de entrada de 0,45 euros y para nosotros unos costes de producción de 0,55. Esto es así y nos están machacando. Marruecos no cumple con los contingentes, no se ajusta a los calendarios establecidos y además mucha de la producción que entra en nuestro país y en otros países europeos se exporta después como si fuera mercancía nuestra y no lo es. Es el efecto conocido como de la triangulación. No hay control en las fronteras y esto es un desmadre.

Seguiremos trabajando para convencer de que necesitamos un cambio de orientación en la política agraria, que el dinero público se emplee bien y lo más importante: lograr que el mercado europeo nos deje el espacio suficiente para poder vivir con dignidad. ¿Con qué propósito? Mantener los puestos de trabajo y conservar el compromiso con la sociedad europea en ese marco de seguridad alimentaria. Somos conscientes de que a mediados del año que viene estará sobre la mesa la propuesta legislativa, la reforma se presentará casi a finales del año 2012 y, finalmente, el texto legislativo como tal, en el 2013. Hasta entonces, trabajaremos en un contexto de estado con el gobierno, los diversos grupos políticos, el resto de organizaciones profesionales agrarias y sociales, etc. Intentaremos conformar una posición de estado que se traslade también al Parlamento Europeo. Igualmente, mantendremos reuniones de ámbito comunitario. El pasado día 7, una delegación de COAG de seis personas viajó a Bruselas. Se pretendía conseguir que la propuesta final que se ponga sobre la mesa mejore nuestras condiciones de vida y aporte bienestar social al medio rural. En cuanto a si vamos a presentar una propuesta conjunta, ya hemos creado un grupo de trabajo permanente en el MARM. Intentaremos formar una posición de unidad y así, entre todos, defender los intereses de nuestro país.