Interporc condena las prácticas ilegales de la granja de Burgos
La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha expresado este jueves una "rotunda condena" y "total rechazo" de las "prácticas ilegales" que ha realizado una granja porcina en Quintanilla del Coco (Burgos) y que ha dado a conocer el Observatorio de Bienestar Animal (OBA).
El OBA ha denunciado al propietario de una granja de Quintanilla del Coco, que es también el alcalde del municipio, por delitos de maltrato animal con agravante de muerte después de detectar “graves irregularidades” en la explotación ganadera.
La interprofesional ha afirmado que el sector del porcino de capa blanca se siente agraviado y perjudicado por este hecho, que considera aislado, pero que emborrona el buen hacer de las más de 66.000 granjas de porcino de capa blanca de España. “La realidad de la moderna ganadería de porcino de capa blanca de España es muy diferente y demostrable”, ha defendido Interporc.
Entre estas irregularidades denunciadas, OBA ha asegurado que hay animales en descomposición, seriamente enfermos, con hernias graves y lesiones diversas, malformaciones en las patas y heridas compatibles con el canibalismo o presencia de gusanos y ratas.
La denuncia incluye a los trabajadores y a la empresa cárnica que presuntamente gestiona la carga de los animales y que era proveedora de Lidl, según ha informado el OBA; a ellos lo hacen por un delito de publicidad engañosa, ya que la granja cuenta con el sello Welfair de bienestar animal.
El director general de compras de Lidl España, Miguel Paradela, preguntado por este asunto en un acto de la compañía en Madrid ha condenado rotundamente las prácticas de esta granja y ha insistido en que el proveedor de carne de la cadena de supermercados les ha informado de que no trabaja con esa granja desde 2022. “Tenemos la certeza de nuestro proveedor de que dejó de trabajar con esa granja en 2022, cuando no superó la auditoria de bienestar animal”, ha insistido Paradela.
¿Inspecciones hechas?
En declaraciones a los medios, el ministro ha indicado que pedirán esa información a la región, al ser la competente en las inspecciones, y que el Gobierno también quiere saber “las conclusiones a las que se llegaron“en las inspecciones que deberían haberse hecho. El objetivo, ha apuntado el ministro, es que el caso se esclarezca”cuanto antes, a fin de que no haya ninguna mancha sobre la buena reputación“que tiene”el sector productor español y, en particular, el porcino”.
