Demandan una mayor flexibilidad para la utilización de purines como abonos orgánicos
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) Toledo demanda mayor flexibilidad en el uso del purín como abono orgánico, ante las limitaciones que se introducen con las nuevas condiciones medioambientales que entrarán en vigor en 2023 con la PAC.
La condicionalidad reforzada (condiciones medioambientales de la nueva PAC) plantea nuevos requisitos y endurece los ya existentes con relación al uso de materias orgánicas como el purín y el estiércol para el abonado de tierras, limitando los períodos de tiempo en que se puede verter. Las prohibiciones de echarlo entre abril y junio y, después, entre la cosecha y el 1 de septiembre, restringe su uso exclusivamente a unas semanas antes de la sementera y en cobertera.
“Esto plantea un grave problema de almacenamiento de purín a las explotaciones de porcino, que tienen la obligación de contar con balsas de depósito para tres meses y no están preparadas para almacenar por más tiempo, situación que se agravaría en los meses de verano cuando, de media, las micciones en una granja se incrementan un 30%”, señala Blanca Corroto, presidenta provincial de ASAJA Toledo.
Rueda de prensa de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultures (ASAJA) Toledo.
Con la nueva normativa de condicionalidad reforzada, las granjas necesitarían agotar al máximo su capacidad de almacenaje de sus residuos orgánicos, contradiciendo, además, el objetivo ambiental de la ley que regula las granjas porcinas (RD 306/2020), que marca como objetivo disminuir el tiempo de depósito de los residuos, aconsejando no más de un mes y potenciando su uso como abono, enterrándolo posteriormente para evitar emisiones de CO2.
Por su parte, ASAJA Toledo propone que se permita verter materia orgánica de abril a junio en barbechos que tengan alguna cobertura vegetal, así como después de la cosecha y durante el verano en los rastrojos, aplicándolos como se hace actualmente: por inyección y con un tapado con mínimo laboreo.
Además, la organización agraria reclama una regulación coherente y que apoye de manera real el uso de los fertilizantes orgánicos para, por un lado, abonar la tierra con productos naturales y más económicos que los químicos, sobre todo teniendo en cuenta que estos últimos han incrementado su precio en un 150% desde 2021, y, por el otro, facilitar a las granjas la gestión de sus residuos orgánicos.
