El agua en los planes para el desarrollo sostenible

El agua es transversal con respecto a las actividades humanas, pero eso no le hace perder su propia identidad, que la tiene.

El agua es única, solo se diferencia por su calidad, sobre la que se puede actuar para darle las características que cada uso requiere. Y es que no existe un agua de consumo, de riego, para la industria, para el ocio; solo agua que necesita ser tratada en función del uso que se le pretenda dar.

Cada cual defiende el agua de su parcela, unos porque tienen bastante y otros porque no tienen suficiente, olvidando que todos forman parte de España y que a ésta en su conjunto le irá bien el día en que, hecho con objetividad el balance hídrico, se reparta de acuerdo con lo establecido en un pacto nacional, que deberá estar presidido por la solidaridad, olvidando posturas sectarias que a nadie benefician.

Nadie puede negar la existencia del cambio climático, aunque es verdad que hay distintas concepciones, por eso es necesario resaltar que en, su mayor parte, se debe a la mala utilización que el hombre hace de la naturaleza. Es un reto que hay que afrontar sin partidismos, con altura de miras, observándolo en su globalidad y emprendiendo las acciones que resulten necesarias; acciones que sin duda tendrán un coste político y que ineludiblemente desembocarán en las actuaciones que se desprendan de los progresos de las investigaciones, de las cuales no son parte desdeñable las infraestructuras. En el desarrollo de estas labores se han de tener en cuenta los distintos agentes sociales, cuyo actuar, para llegar a un buen fin, ha de estar también presidido por la solidaridad.

La realidad es terca y se impone sobre las nudas buenas intenciones. Todavía tenemos poblaciones sin abastecimiento o mal abastecidas y sin depuración de aguas residuales, así como muchos kilómetros de las redes de abastecimiento y depuración en mal estado. Esto no debería ser así, pero los hechos están ahí y a través de ellos se hacen patentes los incumplimientos de España frente a las exigencias de la Unión Europea fundadas en la Directiva Marco del Agua. Las denuncias sobre esta situación llegaron a Europa, se iniciaron los procedimientos por incumplimiento y aparecieron las sanciones de la mano de la primera sentencia por no depurar las aguas residuales -22 millones de euros al año, más un primer pago de 12 millones-, a la que se sumarán otras cuatro que acarrearán nuevas multas. Sin embargo, se hace muy poco para evitar los incumplimientos, lo que supone seguir pagando en vez de aplicar el dinero de las sanciones a construir nuevas depuradoras y, lo que es peor, se continúa dañando el medio ambiente y atentando contra la salud de las personas y el estado del bienestar ¿Es esta la forma de luchar contra el cambio climático?

No es posible seguir discutiendo y haciendo planes que no se cumplen. Hay que lograr el PLAN del que formarán parte ineludible las infraestructuras y el fomento de la I+D+i, para lo cual es necesario reactivar la inversión, pues no hay que olvidar que ambas la requieren y son complementarias por cuanto la construcción reactiva la I+D+i y esta a su vez le impone condiciones a aquella para el mejor resultado, que en el caso del ciclo urbano del agua debe suponer calidad, ahorro y eficiencia energética.

Es evidente que la falta de inversión atenta contra la sociedad al privarla de nuevas infraestructuras y de la debida conservación de las que existen y, como no, en primera persona contra el sector del agua, que está perdiendo buenos profesionales y muchos empleos; sin olvidar el riesgo que corre el propio ciclo integral del agua urbana, en el que las cosas funcionan gracias al esfuerzo de los operadores.

La nueva ley de Presupuestos Generales del Estado nos desvelará si se opta por la inversión o la atonía, teniendo en cuenta que en el campo de las infraestructuras el presupuesto vale de poco al no ser vinculante, excepto para los compromisos políticos.

Al sector del agua lo atenazan los avatares presupuestarios, que en los últimos tiempos sacrifican las inversiones en aras del déficit presupuestario, olvidando que son el cimiento que soporta el progreso por ser la fuente de riqueza que nutre al stock de capital público imprescindible para el adecuado desarrollo de España.

Esta es la situación real que de alguna manera hay que revertir para evitar el empobrecimiento del país. Como ejemplo sirva decir que para mantener el desarrollo de la industria turística es necesaria una buena red de comunicaciones, un excelente ciclo urbano del agua y un patrimonio cultural bien conservado, todo lo cual demanda inversión si se quiere conservar y aumentar el flujo de visitantes, que en este año se espera que alcance los 100 millones de personas.

Se impone el cambio, que se puede conseguir mediante la colaboración público-privada, ya que de lo contrario la pescadilla se seguirá mordiendo la cola, y también aumentando los impuestos; claro que de esta manera se asfixia el tejido productivo y cada vez habrá menos dinero.

No es cuestión de discurrir por las distintas fórmulas de colaboración público-privada, inventadas y por inventar, ya que nuestro objetivo es reivindicar este modelo, que tiene su fundamento en la necesidad de recursos monetarios por parte del órgano de contratación para acometer las inversiones, que puede conseguir del sector privado, devolviéndole el importe invertido y los intereses en un espacio de varios años. El modelo más utilizado y conocido es el de las concesiones.

El dinero necesario para acometer las inversiones públicas figura en los presupuestos de las distintas administraciones públicas, pero cada vez tiene menos espacio en ellos al aumentar año a año el gasto social. Por eso es fundamental desarrollar fórmulas que permitan, con total seguridad jurídica, allegar a la inversión los recursos que necesita, tanto para fomentar la I+D+i como para acometer y actualizar las infraestructuras. Todo con el fin de aumentar la productividad y que los productos sean muy competitivos y para incrementar y conservar en estado óptimo el stock de capital público

Desde Asagua reiteramos nuestro mensaje: solo hay que realizar las infraestructuras necesarias– término que abarca todo tipo de actuaciones para incrementar y conservar el capital público- que, en el caso del agua, son las que resultan de los Planes Hidrológicos de Cuenca. Los actuales, que contemplan unos programas de medidas tan ambiciosos que no resultan creíbles, están en pleno proceso de cambio para ser sustituidos por los del ciclo 2021 – 2027. Confiamos en que de los nuevos planes resulten unos programas de medidas más realistas y que se cumplan según lo programado, para lo cual estamos convencidos de la necesidad de acudir a la colaboración público – privada. Sigue pesando en el sector la ausencia del Plan Hidrológico Nacional y del Pacto Nacional por el Agua.

Toda inversión sensata ha de ser sostenida y sostenible en el tiempo, por eso pedimos a los poderes públicos que armonicen las inversiones públicas con la colaboración público – privada, previo desarrollo de esta, para lo cual se impone la modificación del Reglamento de la Ley de Desindexación que desincentiva las inversiones por limitar en exceso las compensaciones financieras.

La Ley de Contratos del Sector Público ha introducido nuevas formas de contratación, de entre las cuales, a nuestro parecer, destacan el diálogo competitivo y la asociación para la innovación. Ambos procedimientos se articulan en fases sucesivas y mediante ambos el órgano de contratación busca la solución que mejor satisfaga sus necesidades. En el caso de la asociación para la innovación, el órgano de contratación busca suministros, servicios y obras innovadores y su posterior compra. Son procedimientos de contratación todavía poco rodados, pero no tenemos dudas sobre sus buenos resultados. En sentido amplio son fórmulas de colaboración público – privada.

Antes hablamos de planes, reivindicando el PLAN que permita el desarrollo del sector del agua con criterios de igualdad y solidaridad y la debida seguridad jurídica, en el que se engloben los planes, destacando actualmente el Plan DSEAR y el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España, respecto a los cuales pedimos que sigan adelante, lo que no obsta para que se acometa el PLAN que ha de estar cimentado sobre el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de Cuenca.

El Plan DSEAR (depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización) tiene por objeto garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral de agua y su necesidad se justifica por el poco desarrollo de los planes hidrológicos de cuenca del ciclo 2016 a 2021 como consecuencia de la escasa inversión. El problema es que las inversiones que contempla no se pueden cumplir con los niveles de inversión actuales de las distintas administraciones públicas. El Plan es importante para cumplir con los objetivos que señala la Unión Europea en aras de propiciar un buen medio ambiente para todos, por eso pedimos que se le dote de forma urgente de los medios que aseguren su cumplimiento, petición que extendemos al Libro Verde que persigue la adaptación del mundo de agua al cambio climático.