La ralentización del consumo de cemento hace prever un nuevo estancamiento del sector constructor

Como todos sabemos, el consumo de cemento se considera el indicador adelantado más fiable del estado de salud del sector constructor en cualquier país. Y, a la luz de los últimos datos disponibles en España, el pronóstico del paciente es, cuanto menos, reservado.

A priori, los datos de cierre de 2019 pueden parecer positivos: un crecimiento cercano al 6% respecto a 2018, que sitúa en 14,25 millones de toneladas el volumen total consumido el pasado año, y que permite sumar un trienio en positivo, el primero desde el inicio de la crisis en 2008… Con un balance así, muchos podrían pensar que la expectativa de crecimiento para 2020 pronosticada por Oficemen, de tan solo un 2%, peca de pesimista, pero nada más lejos de la realidad.

Un análisis más pormenorizado de las principales variables del sector cementero arroja datos muy distintos y mucho más preocupantes, motivados y agravados, principalmente, por las secuelas que nos han dejado 10 años de crisis.

Los niveles de consumo actuales son similares a los que tenía nuestro país hace más de 50 años, en 1967, en plena recesión económica. Y los ligeros crecimientos de los últimos tres años no han supuesto apenas recuperación frente a la abrupta caída cercana al 80% sufrida en la última década. Dando un paso más, ni siquiera nos han permitido acercarnos al consumo anual de 25 millones toneladas que marca la media de los últimos 40 años en España, excluyendo, por supuesto, la década del boom.

Pero aún más preocupante ha sido la evolución del segundo semestre de 2019, con una caída del 0,2% respecto al mismo período del año anterior, que supuso la pérdida de 5,6 de los 11,5 puntos porcentuales de crecimiento alcanzados entre enero y junio. Y, desgraciadamente, el arranque de 2020 ha sido aún peor, con una caída del 8,6% en enero. A la luz de estos datos, la expectativa de crecimiento del 2% augurada por el sector ya no parece tan pesimista.

La estructura de la demanda de cemento nos da algunas pistas sobre las causas de esta ralentización del sector. Hace ya dos años que el consumo de cemento en edificación adelantó al de la obra civil y así se ha mantenido. Por lo tanto, la caída del segundo semestre, dado que la obra pública continúa paralizada, solo puede obedecer a un frenazo del mercado inmobiliario.

En este sentido, las operaciones de compraventa de vivienda han cerrado 2019 con el primer descenso desde 2013, y el empleo en el sector del real estate, según los últimos datos de la EPA, ha vivido igualmente su primera contracción desde ese mismo año. Es conveniente destacar que las 110.000 viviendas nuevas iniciadas en 2019 representan la mitad de las viviendas que se construían en los periodos previos al boom. Y también es obligado recordar que, para un país como España, el mercado inmobiliario debería contar, de media, con cerca de 200.000 viviendas nuevas al año. Dos datos que, al menos, dejan la puerta abierta a la esperanza de un largo recorrido de recuperación.

Por lo que respecta a la obra pública, las cifras son explícitas: la inversión en infraestructuras solo alcanza un 1% del PIB, el nivel más bajo vivido desde 1983; y el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de priorizar medidas, explorando vías de financiación alternativas si fuera necesario. Nuestro país necesita infraestructuras relacionadas con el transporte y la movilidad, como el acceso a las ciudades y la mejora de las redes secundarias, imprescindibles para mantener en marcha y bien engrasado el sector turístico, y también para asegurar soluciones óptimas al transporte de las mercancías generadas por nuestra industria, entre otras muchas. El mercado doméstico, por tanto, requiere medidas urgentes que no solo beneficiarían al sector cementero y constructor, sino al conjunto de la economía y de la sociedad.

Pero nuestra industria tiene más frentes abiertos que en los últimos dos años han agravado considerablemente su ya de por sí precaria situación. Nos estamos refiriendo a la balanza comercial del cemento.

En enero de 2020, las exportaciones sumaban 32 meses en números rojos y 2019 se saldó con una caída del 23% y una pérdida cercana a los dos millones de toneladas en los mercados exteriores, el equivalente a la producción media anual de entre 3 y 4 fábricas de cemento. En paralelo, las importaciones se duplicaron alcanzando casi el millón de toneladas.

Detrás de la negativa evolución de ambas variables, que durante los años más duros de la crisis fueron el principal salvavidas del sector, se encuentran, como principales responsables de nuestra pérdida de competitividad en los mercados exteriores, los sobrecostes energéticos y el crecimiento exponencial vivido por los precios de los derechos de emisión de CO₂.

Por lo que respecta a la primera, solo podemos repetir las cifras que todos conocen ya: de media, la tarifa eléctrica de una fábrica en nuestro país es un 27% más elevada que la de una en Alemania y un 21% más que una en Francia. Hacen falta medidas enérgicas para que esta situación se subsane y, desgraciadamente, la puesta en marcha del prometido Estatuto de la Industria Electrointensiva, tal y como se plantea, no va a suponer una mejora sustancial frente a nuestros competidores vecinos.

Respecto a los precios de los derechos de emisión de CO₂, la evolución de los últimos tres años habla por sí sola. Hemos pasado de pagar 5,83 € por tonelada de clinker producida en 2017 a 24,84€/t en 2019, una circunstancia que están aprovechando terceros países, escasamente comprometidos en la lucha contra el cambio climático.

La buena noticia es que la Comisión Europea ya está trabajando para implantar un arancel al carbono que elimine la ventaja de los productos importados desde esos países, pero la pregunta es ¿logrará la maquinaria burocrática europea alcanzar un acuerdo rápido a este respecto que evite la deslocalización de la industria comunitaria a países sin costes vinculados al CO₂? La agilización del proceso es clave si queremos seguir teniendo la oportunidad de adquirir cemento y otros bienes y servicios producidos con una garantía de continuidad para el planeta.