El Gobierno y la Junta pagarán a medias el derribo de El Algarrobico, después de la sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que se ordena la demolición de forma inmediata del famoso hotel de Azata del Sol situado en el pueblo de Carboneras de Almería, más concretamente en el paraje de El Algarrobico. Además de que la sentencia implica la demolición de dicho hotel, obliga al Ayuntamiento de Carboneras a pagar 10.000€ por los gastos derribados del proceso judicial y honorarios.
Este proceso judicial tiene una larga historia y muchas organizaciones como el Greenpeace no han parado de luchas hasta lograr su demolición. Ya, por 2008, la Audiencia Nacional reflejó que el hotel de El Algarrobico se encontraba a tan sólo 50 metros de la costa incumpliendo así la línea marcada por la Dirección General de Costas de no construir a menos de 100 metros de la costa en ese lugar de Almería. En ese momento no se procedió a la demolición pero si se procedió a la paralización de la construcción en el año 2002.
El Gobierno y la Junta de Andalucía pagarán al 50%s la demolición del hotel cuyo coste se estima en 7,5 millones de euros. Es el compromiso que ha salió el pasado lunes de la reunión de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero andaluz José Fiscal. Pero para saber el momento en el que la piqueta podrá entrar habrá que aguardar a la comisión mixta que estas Administraciones crearán esta semana.
El Gobierno andaluz calcula que en el momento en el que se ejecute el retracto –por el que en 2006 forzó la promotora del hotel a venderle los terrenos por 2,3 millones de euros- podría comenzar la demolición. Ese proceso había estado paralizado, pero hace 12 días el Tribunal Supremo zanjó el asunto al concluir que fue legal. La Junta, según fuentes de esta administración, cree que con ese fallo en la mano puede ir al registro y que los terrenos en los que se levantó el edificio se inscriban a su nombre. Y las mismas fuentes dicen que en ese momento podría iniciarse el derribo.
Pero este plan de trabajo estará supeditado a la comisión mixta que la Junta y el ministerio han acordado constituir esta semana para que se reúna la próxima. El objetivo es que en esa comisión «se estudien a fondo» todas las sentencias judiciales —hay más de una veintena de pronunciamientos— para proceder a la demolición «con todas las garantías», ha dicho este lunes García Tejerina. Ni García Tejerina ni José Fiscal se atreven a ofrecer plazos sobre el comienzo de las labores de demolición.
