La ‘caja de herramientas’ (Toolbox) de la Comisión: una gota de agua en el océano
Como ya anunció la Comisión Europea cuando hizo pública, antes del verano, su propuesta de revisión de la Directiva sobre contenido de azufre de los combustibles marinos, el pasado 21 de septiembre presentó un documento de trabajo llamado ‘caja de herramientas’ (toolbox) que pretende minimizar el enorme impacto económico que va a traer consigo la reducción del contenido de azufre de los combustibles, más allá de las normas internacionales de la OMI.
La propuesta de Directiva, que proviene de la Dirección General de Medio Ambiente, afectará a miles de buques que verán mermada su competitividad en relación con otros modos de transporte. Frente a eso, estas ‘herramientas’ de la Comisión, preparadas por la Dirección General de Transportes, no son más que pequeños parches de los que difícilmente se podrán beneficiar más que un mínimo porcentaje de los buques afectados.
Resulta, sin duda, positivo, que la Comisión proponga, como medidas a corto plazo, la posibilidad de utilizar los fondos de las Redes Transeuropeas de Transporte dedicados a las Autopistas del Mar (que propone aumentar de 30 a 70 millones de euros), del programa Marco Polo y los créditos del Banco Europeo de Inversiones, que ‘priorizarán’ la realización de estudios, proyectos-piloto o programas que fomenten el uso de los depuradores de gases de escape (scrubbers), combustibles alternativos (como LNG) o toma de electricidad de tierra en puerto. Sin duda algunos buques y empresas podrán paliar así el coste que les supondría la modificación de la Directiva. Pero ¿de cuántos buques estaríamos hablando?, de algunas docenas frente a varios miles.
Según fuentes de Anave, la Comisión reconoce, en el documento publicado, las restricciones presupuestarias que algunos de los programas comunitarios antes citados están padeciendo y propone suplirlas en parte permitiendo ayudas de Estado para aquellas inversiones en los mismos campos que se realicen antes de la adopción o entrada en vigor de las nuevas medidas. Lamentablemente, los problemas presupuestarios de los Estados miembros, son si cabe más graves que los de la Comisión. Ni Grecia, ni Italia, ni España (tres de los países con más servicios regulares de pasaje en Europa) están ni mucho menos en condiciones de aportar ayudas económicas a los armadores de sus ferries para compensar el aumento de coste que les supondría la revisión de la Directiva.
Pero lo mejor sería que la propuesta de revisión de la Directiva se ciñese estrictamente al Anexo VI del Convenio Marpol y que cualquier medida que fuese más allá de lo ya aprobado a nivel internacional por la OMI, se propusiera por la UE para su discusión en este ámbito.
