Estaba previsto que se aplicara de forma gradual una vez comenzara la nueva PAC en el año 2023

Las organizaciones profesionales agrarias han respondido de forma beligerante ante lo que consideran "un grave perjuicio para el modelo social y profesional de la agricultura".

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, Unión de Uniones, junto a UPA y Cooperativas Agro-alimentarias en Andalucía, han manifestado su rechazo al Real Decreto de Convergencia aprobado el 26 de enero en el Consejo de Ministros por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023. Las organizaciones denuncian que esta norma, "muy dañina" para el modelo social y profesional de la agricultura, se ha hecho "a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato".

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias consideran que lo aprobado por el Gobierno es una reforma "brutal" con una convergencia del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media, "hecha de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores". Las mismas fuentes han señalado que se trata de una convergencia "acelerada y profunda de los derechos de pago básico, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita -sin obligación por parte de la UE-, y que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues pretende plantear una tasa plana que primará la superficie sobre la producción".

ASAJA además ha insistido en que, más que dar continuidad, como es el objetivo del Reglamento Base Comunitario, el Real Decreto aprobado por el Gobierno "plantea un salto hacia el nuevo modelo de PAC del que todavía desconocemos cómo se ejecutará en España, ya que aspectos esenciales del Plan Estratégico Nacional están todavía por definir, como son el número de regiones productivas, futuro de los derechos de pago individuales, limitación de hectáreas que pueden acogerse al pago de la PAC, o los propios ecoesquemas", han puntualizado.

En lo que respecta a sectores productivos concretos, la normativa aprobada también incluye limitaciones a la hora de acceder a determinadas ayudas específicas. En este sentido, ASAJA también ha presentado alegaciones que tienen que ver con las normas asociadas a las ayudas que reciben los productores las leguminosas; con las normas de condicionalidad que prohíben pagos a los productores que realizan cosecha mecánica nocturna y con las normas de aprovechamiento de los pastos.

Por su parte, COAG ha reprochado que además de desechar estas observaciones, el MAPA ha "privado" al sector de la información que permita medir el impacto de estas decisiones en las explotaciones agrarias. "Una cosa es señalar las diferencias existentes entre la cuantía unitaria de los derechos dentro de una región y, otra, considerar el impacto que estas decisiones tienen sobre la renta de explotaciones profesionales con pequeña base territorial. Una pérdida de renta que es muy significativa en ciertas explotaciones ganaderas y de regadío y, en ningún caso, el citado Real Decreto responde a criterios redistributivos de carácter social; ajusta el valor de los derechos pero no el montante de ayudas".

En Extremadura han cuantificado además los efectos de implementar esta convergencia. Para La Unión, el real decreto aprobado va a "acelerar" el descuento de las ayudas por hectárea a los productores de estas comarcas, ya que les van a "descontar en dos años el 50% de la ayuda que supera la media de la región en las que están ubicados". Según esta organización agraria, las comarcas más afectadas por esta pérdida van a ser Tierra de Barros, con una pérdida de alrededor de 6,4 millones de euros (M€) en dos años; Campiña Sur con una pérdida de 6,10 M€ en el mismo plazo de tiempo; regadíos de la Cuenca del Tajo (excepto zona tabaquera) con una pérdida de 4 M€; zona de pastos permanentes con una pérdida de 11,5 M€; y zona productora de tabaco con una pérdida de 4,2 M€. En total, el impacto negativo de este real decreto sobre las ayudas a los productores extremeños ascendería a un total de 32,2 M€ en los dos años de su regulación, según los datos aportados por esta OPA.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras revisar toda la información, "lamenta" la reducción de los límites máximos establecidos para las ayudas directas de esta política comunitaria para el periodo transitorio previo hasta la nueva PAC. Unión de Uniones resalta que, de acuerdo con lo publicado, todos los límites de las ayudas directas en el marco de FEAGA –régimen de pago básico, pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplemento para los jóvenes agricultores, ayuda asociada voluntaria y pago específico para el algodón– suman un total de 4.961,9 M€ en 2021 y 4.957,9 M€ en 2022, frente a los 5.057,4 M€ de 2019 y 2020. Esto implica una reducción para el presente año del 1,90% y del 1,96% para el siguiente. En el caso del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), "el límite máximo también se reduce en un 3,89% para el año 2021", matizan.

La organización explica que el recién publicado RD articula las disposiciones nacionales del Reglamento Europeo 2020/2220 publicado el 23 de diciembre, que incluyen las actualizaciones de los reglamentos de la PAC a nivel europeo, asignando ya montantes sobre la base de los acuerdos de la futura, siguiendo para el período transitorio el principio de "mismas reglas con presupuestos nuevos". Estas cifras, no obstante, "contrastan con diferentes declaraciones emitidas desde el Ministerio de Agricultura que han venido defendiendo que para España se mantendrían los mismos fondos para la PAC reformada en términos corrientes e incluso anunciaban un ligero incremento".

Respecto a los límites presupuestarios, Unión de Uniones indica que sus reducciones no necesariamente implicarían una disminución del importe de las ayudas individuales a los agricultores y ganaderos estatales y señala que dicho importe dependerá tanto de la situación de partida de estas ayudas en cada una de las explotaciones, así como de la aplicación del mecanismo de convergencia que contempla el Real Decreto.