Aplicar fitosanitarios con drones, una batalla entre tecnología y legislación

Centenares de agricultores están certificando su formación de pilotos aplicadores de productos fitosanitarios con drones a pesar de las limitaciones de la legislación europea. Para validar el comportamiento de los drones y que legalmente puedan ser una alternativa al tratamiento convencional, esta primavera comienzan en fincas del País Vasco, Extremadura y Castilla y León los ensayos del Grupo Operativo DRONSafe.

Solo en la escuela de drones Aerofor, que imparte sus clases en el aeropuerto Lleida-Alguaire, 250 agricultores de diferentes comunidades autónomas han certificado su formación de pilotos aplicadores de productos fitosanitarios con drones. La cifra refleja el enorme interés del sector agrícola en las aplicaciones fitosanitarias con los vuelos no tripulados, a pesar de las limitaciones de la legislación de la Unión Europea. Comunidades autónomas, empresas de fitosanitarios y centros de investigación trabajan en varios proyectos para desarrollar modelos de evaluación de riesgos.

Las experiencias del proyecto GO PhytoDron ha generado datos esperanzadores en el análisis de la deriva.

La Directiva 2009/128/CE considera las aplicaciones fitosanitarias realizadas con drones tratamientos aéreos. Un trato intermedio, entre áreas terrestres y aéreas, daría cobertura legal a la utilización de los drones en un momento en el que no existen productos registrados para aplicación con drones y solo se pueden usar los registrados para tratamientos aéreos convencionales. Los registrados se pueden contar con los dedos de una mano, la mayoría para arrozales y plantaciones de cítricos y, para aplicarlos, es imprescindible una autorización previa de la comunidad autónoma. A pesar de estas limitaciones, en España y en otros países europeos no son pocos los tratamientos no autorizados con drones.

Para tener conocimiento del comportamiento de los drones y que legalmente puedan ser una alternativa al tratamiento convencional, esta primavera comienzan en fincas del País Vasco, Extremadura y Castilla y León los ensayos del Grupo Operativo DRONSafe. Participan entidades de Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Castilla y León. El Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura actúa como representante del grupo y la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas AEPLA, como coordinador.

DRONSafe parte de la propuesta actual de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que plantea que los Estados miembro podrán eximir de la prohibición de la aplicación de productos fitosanitarios por aplicación aérea con una aeronave cuando factores relacionados con el uso de la aeronave no tripulada demuestren que los riesgos derivados de su uso son inferiores a los riesgos derivados de otras equipos aéreos y equipos de aplicación terrestres. En consecuencia, la aplicación de productos fitosanitarios con drones o aeronaves no tripuladas queda condicionada a la demostración de la disminución del riesgo para la salud humana y ambiental en comparación con la aplicación aérea con aeronave tripulada y equipos de aplicación terrestre.

“Es necesario avanzar en la demostración de la reducción de la exposición tanto medio ambiental como humana con objeto de desarrollar escenarios realistas y representativos de este tipo de aplicaciones que además sean representativos de condiciones agroambientales típicamente mediterráneas”, argumenta el grupo en su página web. Pretende desarrollar escenarios de exposición de deriva ambiental, exposición para el operador y transeúnte, así como escenarios de generación de residuos.

En el proyecto participan también la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA-CSIC, la Asociación Valenciana de Agricultores, AVA-ASAJA, la Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien Elkartea, UAGA, la Bodega Cuatro Rayas Sociedad Cooperativa Agroalimentaria, Field Trials Services y con el trabajo técnico de NEIKER-BRTA, la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El proyecto está cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC-FEADER con un importe de ayuda de 584.391 euros.

Este proyecto, asegura desde la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, el catedrático Manuel Pérez, tiene en cuenta las experiencias de GO PhytoDron, con exnsayos en viña, cítricos, pino y olivos que, entre otros aspectos, ha generado datos esperanzadores en el análisis de la deriva. “En aplicaciones con drones la deriva llega a entre siete u ocho metros, en un aplicador convencional puede llegar a 20”, asegura Pérez.

En la presentación de las conclusiones de GO PhytoDron, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda ya apuntó que la información será de gran utilidad para reforzar la posición española en las negociaciones del reglamento comunitario de uso sostenible de productos fitosanitarios para simplificar los requisitos.

Participaron en GO PhytoDron, Corteva Agriscience como miembro y Dcoop, Syngenta y BASF en calidad de entidades colaboradoras con la coordinación de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), con el apoyo de la Universidad de Sevilla, BaskEgur, el IRTA y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y la intervención del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), NEIKER y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Luis Asín, jefe del programa de Fruticultura del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) cuenta que el instituto público catalán abordó “el toro más difícil de torear": ver la aplicación en cultivos leñosos, en árboles, en los que, a su juicio, "hay una dificultad añadida por tratarse de plantaciones de dos o tres metros de altura, donde aplicar el producto tiene mas complejidad que en cultivos como el arroz, cultivo en el que este sistema está bastante extendido. Para nosotros tiene esa dificultad”, sostiene Asín.

Lo que se busca con los proyectos GO PhytoDron y DronSafe, recalca Manuel Pérez, "es tener conocimiento del comportamiento de esos vehículos en determinadas aplicaciones en las que pueden ser una alternativa al tratamiento convencional y,  sobre todo, disminuir la exposición al operario en la deriva; en resumen, generar conocimiento para que en España se puedan regular las aplicaciones".

La introducción regulada de equipos que hacen aplicaciones con tratamientos aéreos, drones fundamentalmente, agrega, "debe de ir acompañada del desarrollo de nuevos productos fitosanitarios, especialmente formulados para estos equipos. Y para eso estamos trabajando en un mayor conocimiento de todos los parámetros que influyen en estas aplicaciones", indica Manuel Pérez.

En este sentido, el también director de la cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad y del Máster en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria de la Universidad de Sevilla, puntualiza que es prioritario contar con más estudios sobre parámetros importantes del ecosistema y pone como ejemplo la elección de los rotores, las hélices del dron.

Diferencia de deriva en aplicaciones terrestres de fitosanitarios y aplicaciones con dron. Fuente: Manuel Pérez.

Carmen Márquez, responsable de Buenas Prácticas de AEPLA, la organización sectorial de las empresas fabricantes de productos fitosanitarios en España, confía en que la Unión Europea avance en el camino de establecer una nueva categoría a medio camino entre tratamientos aéreos (con las mismas exigencias que tiene una avioneta) y terrestres. Se trataría de una categoría intermedia, pensada para drones de precisión que no prosperó en el anterior gobierno de la Unión Europea.

"Como asociación queremos ayudar a las empresas cuando el uso de fitosanitarios en drones pase de ser considerado un tratamiento aéreo, en el que sí están permitidos los tratamientos con biostimulantes, a un tratamiento de precisión", recalca Márquez que añade que los productos fitosanitarios tendrán que estar adaptados a ese uso, igual que ahora un producto que se utiliza con mochila, tiene que tener ese registro".

Cuando se produzca el cambio legislativo el objetivo no será crear nuevos productos, sino registrar los ya existentes para un nuevo uso, para lo que son precisas evaluaciones. En este sentido, para AEPLA es importante participar en proyectos como DronSafe, como lo fue hacerlo en PhytoDron, "lo que puede facilitar un avance en la UE porque como ha ocurrido en otros campos, la tecnología avanza más deprisa que la legislación".

Mientras la normativa sigue estancada, los agricultores siguen apuntándose a cursos. La academia gerundense Aerofor certificada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, y por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, además del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación estará instalada en Lleida-Alguaire en los próximos dos años, según el acuerdo firmado entre la empresa y el Aeropuerto.

En las formaciones, las explicaciones sobre las limitaciones legales son continuas. “Cada 2 meses pedimos al Ministerio de Agricultura la lista actualizada de los productos autorizados", asegura Eduard Ibáñez, CEO y fundador de Aerofor, la empresa que además de cursos ofrece servicio técnico, gestoría aeronáutica y servicio técnico.

La práctica totalidad de sus aspirantes a piloto, un 95%, son agricultores, el porcentaje restante es de emprendedores que ven en este negocio una oportunidad para trabajar para terceros o que sencillamente tienen interés por asistir a la formación.

Eduard Ibáñez optó por el aeropuerto Lleida-Alguaire para enseñar la aplicación de los vuelos de dron en los escenarios complicados. En este sentido, Aeropors de Catalunya, la empresa pública de la Generalitat, asegura que durante las clases prácticas no se altera el funcionamiento del aeropuerto porque los drones vuelan a una altura máxima de diez metros y no se hace ningún tipo de práctica dentro de la zona aeroportuaria sino en el vertipuerto ubicado en el exterior de las instalaciones.

El interés no solo está en los cursos. La venta de drones aplicadores de fitosanitarios también crece, según Óscar Pires, CEO de Ilerdrón, empresa con sede en Deltebre que además de formación de pilotos y venta de drones, trabaja para terceros y colabora con la Escola Agraria de Alfarrás, dependiente de la Generalitat. Por sus cursos han pasado 149 pilotos.

Con su experiencia, coincide con el IRTA en la dificultad de tratamientos en árboles con masa foliar elevada. Él se sabe privilegiado por la posibilidad de trabajar para terceros en fincas de arrozales del delta del Ebro, donde trabajar con drones supone que la deriva es inferior al menos en un 50% a la de las avionetas y los fitosanitarios autorizados en cultivos aéreos son aptos para el arroz.

Su empresa nació con la intención de ofrecer servicio completo a los agricultores, formación, venta de drones y gestoría aeronáutica. A la espera de que Bruselas mejore la normativa, Ilerdrón acaba de dar un salto para diversificar su negocio entrando en el negocio de máquinas terrestres autónomas y atomizadores terrestres con emisora RTK.

Empresas, centros de investigación y agricultores miran con cierta envida hacia otras zonas del mundo como Asia, África y América Latina donde rige una legislación menos restrictiva, a la espera de que Bruselas valide las aplicaciones que el sector defiende. La distancia entre la legislación y la tecnología sigue creciendo.

Manuel Pérez (Universidad de Sevilla): “La introducción regulada de drones debe de ir acompañada del desarrollo de nuevos productos fitosanitarios, especialmente formulados para estos equipos”