COAG-IR Murcia afirma que los viticultores murcianos pierden 1.700 euros por hectárea en esta vendimia
COAG-IR Murcia alerta de que, con los precios recogidos en contratos (0,42 €/kg para las uvas de la DOP Jumilla, y 0,50 €/kg en el caso de parcelas de menos de 3.500 €/kg), los viticultores murcianos, cogiendo la referencia más favorable, perderían 1.766 € por hectárea.
En una cosecha lastrada por la perdida de producción por la sequía (-20%) y por la vertiginosa subida de los principales inputs (un +40% de media en fertilizantes, gasóleo, electricidad), se han disparado los costes de producción hasta los 1,05 €/kg para las uvas de las Denominación de Origen Jumilla. De esta forma, la vendimia en la Región ofrece un panorama desolador para los viticultores, que no lograrán compensar ni siquiera la mitad de sus costes de producción.
La viña representa un importante patrimonio económico y medioambiental en las zonas rurales; sin embargo, a pesar de su importancia, el sector del vino en la región sufre un problema endémico: desde hace más de 20 años, no se consigue un ajuste entre los excedentes causados por una oferta superior a la demanda. Esta situación provoca stocks estructurales, sin que los organismos institucionales, responsables de la regulación del sector, hayan sido capaces de dar respuestas eficaces, puesto que las medidas extraordinarias adoptadas hasta el momento: destilación de crisis, almacenamiento privado y vendimia en verde se han demostrado claramente insuficientes.
Antes de que se dispararan los costes de producción por la coyuntura internacional, en la Región de Murcia se realizó un estudio para establecer los costes de producción del viñedo, que fue elaborado por el IMIDA, se fijaba para el viñedo de secano 0,60€/kg y para viñedo en espaldera 0,50€/kg. Más recientemente se ha publicado el estudio de la organización interprofesional del vino con los promedios de costes totales de producción para cada denominación de origen, para la DOP Jumilla se marcaba 0,61€/kg.
Con las modificaciones introducidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, se persigue evitar la destrucción de valor a lo largo de la cadena agroalimentaria, “el precio de compraventa de uva se debe fijar en el contrato tras la negociación de las partes y considerando los costes efectivos de producción del operador en cuestión”. La Ley 12/2013 de mejora de la Cadena Alimentaria obliga a tener firmado un contrato de compra-venta antes de iniciar la vendimia, que podrá ser exigido por los inspectores la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Dicho contrato debe recoger de forma obligatoria el precio acordado y las condiciones de pago (en el caso de la uva de vinificación a 30 días, al tratarse de un producto perecedero).
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo Zapata, consciente de la trascendencia de la cuestión, convocó el pasado lunes, en Yecla, y con carácter de urgencia, a la Mesa Regional del Vino. La Directora General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, María Remedios García Poveda, presidió dicho encuentro entre Organizaciones Agrarias, Bodegas y Denominaciones de Origen (Jumilla, Yecla y Bullas), en el que cristalizó una voluntad común de encontrar respuestas coyunturales y soluciones estructurales.
COAG-IR solicita a todo el sector vitivinícola murciano colaboración en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria como único camino para estabilizar, en un año especialmente delicado, a toda la cadena de valor, desde la cepa al consumidor; y robustecer un ámbito productivo clave para la industria agroalimentaria de nuestra Región. Por otra parte, esta organización espera del Gobierno de la Región que, efectivamente, aporte los apoyos necesarios, en el corto plazo, y las medidas de carácter estructural necesarias para situar al sector vitivinícola murciano en el lugar que, por la calidad de sus vinos, le corresponde.
Con carácter perentorio, COAG-IR Murcia insta a la AICA a que vele para que los productores logren, al menos, cubrir con sus costes de producción, de otra forma, el proceso de abandono de cepas y derechos de producción que se está produciendo en los últimos años se acelerará, en perjuicio de nuestros entornos rurales y de la economía de la Región de Murcia.
