Anfac presenta sus estrategias para el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en ciudades

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) presenta su informe ‘Estrategias para el Despliegue de Infraestructuras de Recarga de Vehículos Eléctricos en Ciudades’. Un documento que actualiza la propuesta realizada en 2021 para acelerar el despliegue de la infraestructura de recarga pública en España hasta 2035, con el objetivo de cumplir con la propuesta ‘Fit for 55’ de la Comisión Europea. Al acto incluyó un diálogo entre Borja Caravante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y José López-Tafall, director general de Anfac.

El primer documento que Anfac publicó en 2021 proponía 16 medidas para acelerar el despliegue de infraestructuras de carga. Luego, seis meses después, presentó la metodología que marcaba la hoja de ruta para llevar a cabo este despliegue, estableciendo distintos objetivos anuales por rangos de potencia y segmentados en función de las distintas zonas del territorio nacional. Ahora, la asociación complementa esta propuesta con un decálogo de recomendaciones para fomentar el despliegue de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

En primer lugar, Anfac reclama la creación de algún organismo público que se encargue de coordinar las políticas de movilidad y urbanísticas entre las distintas administraciones. Según Anfac, esta planificación debe estar centrada en el largo plazo y seguir una línea de acción clara. Sostienen que es un asunto necesario para garantizar el desarrollo de la electromovilidad y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización, ya que, como añadió Arancha García, directora del Área Industrial y Medio Ambiente de Anfac: “el despliegue debe ser en paralelo entre todos los actores”.

En segundo lugar, recomiendan que el personal municipal reciba formación y desarrolle procedimientos específicos, con el objetivo de agilizar la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de carga. Sin embargo, tal como declaró Borja Caravante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid: “desde que se solicita la instalación de un cargador hasta que hay un vehículo cargándose pasa mucho tiempo”.

En tercer lugar, defienden que debe crearse un marco regulatorio que permita conocer a los ciudadanos cuál es la capacidad disponible en los distintos puntos de acceso de las redes de transporte y distribución eléctrica. De esta manera, se podría mejorar la planificación de la instalación de los puntos de recarga.

En cuarto lugar, piden a las distintas administraciones locales que analicen correctamente, desde un enfoque técnico-económico, la concesión de licitaciones a entidades privadas para la instalación de puntos de carga. “Dar el visto bueno no significa que la operación sea viable”, declaró Carabaña. Por ello, consideran que es necesario garantizar la eficiencia y viabilidad de estos proyectos.

En quinto puesto, recomiendan que, a la hora de renovar las concesiones a las estaciones de carga, se establezcan requisitos obligatorios para el despliegue de infraestructuras de recarga. Con esta iniciativa, las estaciones de servicio pasarían a ser lo que ellos denominan ‘estaciones multienergía’.

La sexta medida que proponen consiste en que los organismos públicos fomenten la instalación de puntos de carga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos. Estos espacios de estacionamiento podrían convertirse en grandes ´hubs’ de recarga, dando respuesta a la baja proporción de viviendas con plaza de garaje en España.

En séptimo lugar, solicitan a las entidades locales que adapten sus normativas fiscales para aprovechar el marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2021. Este decreto permite que las entidades locales implementen medidas fiscales para fomentar el despliegue de puntos de recarga para VE y PHEV.

En octavo puesto, Anfac considera que se deben acelerar los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas municipales. De esta manera, se adelantarían un lustro los del sector privado. Estos objetivos aumentarían hasta el 100% en turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses urbanos para 2030, y hasta el 50% en camiones. Caravaña defendió que, en Madrid, “el 25% de la flota de la Empresa Municipal de Transportes ya es eléctrica”. Además, recomiendan que en 2030 todas las plazas de aparcamiento adscritas a edificios de Administraciones Públicas dispongan de puntos de recarga.

El noveno punto del decálogo demanda que se realicen campañas de concienciación acerca de la electromovilidad, destinando un porcentaje mínimo obligatorio de la partida de Concienciación Ciudadana o de Medioambiente.

Por último, pero no por ello menos importante, la asociación recomienda crear sinergias entre los distintos sectores estratégicos vinculados a los términos municipales. De esta manera, podría potenciarse la implantación de puntos de recarga de acceso público en sus aparcamientos más allá de los que establece la ley por obligación.

Además de este decálogo, Anfac ha desarrollado una metodología para el cálculo de potencia instalada necesaria para la instalación de infraestructuras de recarga. Este documento pretende servir de guía para la planificación, seguimiento y monitorización de las mismas por parte de las administraciones.

Para realizar esta hoja de ruta, Anfac ha analizado el parque circulante de cada localidad, considerando valores como la densidad de vehículos electrificados o el aumento de tráfico diario. Sin embargo, clasifica la manera de desplegar la infraestructura de recarga en cada municipio en tres tipos distintos.

Primero, un modelo al estilo de París, distribuyendo homogéneamente los puntos de recarga con baja potencia por todo el territorio. Luego, el modelo londinense, desplegando ‘HUBs’ con puntos de alta potencia en zonas concretas. Por último, un despliegue mixto como el de Berlín, combinando ambos modelos.

En el informe aparecen ejemplos de ciudades como Madrid. Esta urbe se caracteriza por disponer de una alta población y parque circulante. Su cuota de vehículos electrificados y de viviendas con garaje privado es alta, aunque inferior a la media nacional. Por ello, los cálculos indican que debería tener una potencia instalada de 259,57 MW en 2025, 823,85 MW en 2030 y 1.522,58 en 2035. Actualmente cuenta con una potencia instalada de 76,53 MW.

Por otro lado, Zaragoza, una ciudad más pequeña y con condiciones diferentes a la capital española. Su cuota de vehículos electrificados tampoco alcanza la media española, aunque la de viviendas con garaje privado sí que la supera. Además, la ciudad ya dispone de 24,41 MW de potencia instalada, por lo que ya cumpliría el objetivo de 22,63 MW para 2025. Por otro lado, según Anfac, debería aumentar estas cifras hasta los 102,1 MW en 2030 y 275,2 MW en 2035.