Las empresas con más de 500 empleados deberán elaborar planes de movilidad sostenible para fomentar el uso del vehículo eléctrico

El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible en la reunión que tuvo lugar el pasado 13 de febrero, con el propósito de promover una movilidad sostenible y segura en España. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseveró que “la futura ley permitirá disponer de las herramientas para continuar el proceso de descarbonización y digitalización del sistema de transportes, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire”.

Este proyecto, que será tramitado por la vía de urgencia en las Cortes Generales y se espera su aprobación antes de fin de año, tiene como objetivo establecer un marco normativo que fomente la movilidad sostenible en todas sus formas, según informaron fuentes del ministerio en un comunicado. Una de las medidas destacadas es la obligación para las empresas con más de 500 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible, con el fin de reducir la dependencia del transporte privado y promover el uso de vehículos eléctricos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado el 13 de febrero.

A su vez, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. "Digitalizar y compartir datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones", indicaron desde el ministerio.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Oscar Puente señaló que “la ley tiene una razón económica porque la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares en España, crea más de 800.000 empleos, conlleva casi el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo. Además, desde la perspectiva social, es un derecho que trasciende el lugar donde vive cada ciudadano. La norma también es necesaria para abordar lo que supone la movilidad en términos de contaminación”.

“En nuestro país, el 27% de la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver con la movilidad. Estamos cinco puntos por encima de la media europea y ese hueco había que cerrarlo introduciendo medidas que nos permitan converger con esa media europea”, añadió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las empresas con más de 500 empleados por centro, o 250 por turno, deben implementar planes de movilidad sostenible al trabajo.

También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

La Ley incluirá herramientas para facilitar la innovación. Por ejemplo, se crea un ‘sandbox’ de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

Además, la ley establece la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible para facilitar la cooperación entre todas las administraciones y promover una política de transporte centrada en las necesidades de los ciudadanos. Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; un instrumento digital para garantizar la compartición de datos relativos a la movilidad (Edim); y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).

La Ley de Movilidad Sostenible, recumen desde el ministerio, se fundamenta en cuatro pilares principales:

1. Derecho social a la movilidad: La ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía, priorizando soluciones inclusivas y accesibles que satisfagan las necesidades de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos en áreas rurales. También se enfatiza el papel estratégico del transporte de mercancías en la actividad económica del país.
2. Movilidad limpia y sana: Dada la contribución del transporte al cambio climático y la calidad del aire, la ley busca priorizar la movilidad activa y el transporte público colectivo, así como promover alternativas al vehículo privado, como sistemas de transporte compartido. Además, se fortalecerá el papel de las zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación urbana.
3. Sistema digital e innovador: La normativa impulsará la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), facilitando la compartición de datos entre empresas de transporte, administraciones y gestores de infraestructuras para optimizar la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras y servicios de transporte.
4. Inversión eficiente y participativa: La ley promoverá una mayor transparencia y rendición de cuentas en las decisiones de inversión en transporte y movilidad, así como la participación pública en la planificación y desarrollo de políticas en este ámbito.

Además de las medidas mencionadas anteriormente, la nueva Ley persigue garantizar una contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en entornos urbanos, a través de un sistema coherente y predecible. Para ello, esta disposición promueve la adopción de soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo como parte de la transformación hacia una ciudad más orientada hacia las personas y menos dependiente del automóvil.

Asimismo, y como ya hemos señalado se establece la obligación para los grandes centros de actividad y las empresas con más de 500 empleados por centro, o 250 por turno, de implementar planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran esenciales para promover la movilidad sostenible en los desplazamientos diarios al trabajo. Las empresas tendrán la flexibilidad para adoptar diversas medidas, como fomentar la movilidad activa, la eléctrica, promover el transporte compartido o ajustar los horarios de trabajo y fomentar el teletrabajo. “Esta medida se alinea con los principios de la Negociación Colectiva Verde, promovida por el Ministerio de Trabajo durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea”.

Además, la ley establece estándares más estrictos para la planificación del transporte y la movilidad. A nivel estatal, se desarrollará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), mientras que para los municipios con una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes se implementarán Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.

También se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben incluir medidas para ordenar la distribución de mercancías en el ámbito urbano, promoviendo la colaboración entre municipios para establecer criterios comunes que faciliten el transporte y la logística de última milla entre áreas urbanas adyacentes.