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Cinesi comparte las claves para la aprobación de una ley de movilidad sostenible en España

La implicación social, esencial para afrontar la crisis climática y reducir el impacto medioambiental del transporte

Redacción Interempresas14/09/2023
Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad 2023. Se trata de una iniciativa impulsada en 1999 con el objetivo “de sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en entornos urbanos —tanto para la salud pública como para el medio ambiente— y los beneficios de utilizar otros modos de transporte más sostenibles, como pueden ser el transporte público, la bicicleta y/o los desplazamientos a pie”.
Aunque el transporte “es vital para promover la conectividad, el comercio, el crecimiento económico y el empleo”...
Aunque el transporte “es vital para promover la conectividad, el comercio, el crecimiento económico y el empleo”, también es “una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero”, recuerdan desde Cinesi.

En España, “la aprobación de una ley de movilidad sostenible es aún un proyecto legislativo pendiente”. Se trata, aseguran fuentes de Cinesi en una nota de prensa, “de una iniciativa clave para fomentar la movilidad sostenible a nivel nacional y alinearla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de la Unión Europea, así como con los objetivos de la ONU y la OCDE. No obstante, lo más probable es que esta ley de movilidad sostenible no se retome hasta 2024 o 2025, incumpliéndose así el compromiso de España con la Unión Europea para el 2023”. Todo ello, además, “a pesar de que fue en junio de 2021 cuando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Comisión Europea estableció la necesidad de aprobar esta ley”.

“La movilidad sostenible en España podría dar un salto significativo hacia un futuro más limpio, eficiente e inclusivo gracias a una ley como esta”, afirma Ana Solá, directora general de la citada empresa consultora de movilidad y transporte. “La movilidad sostenible es más que un cambio en el sistema de transporte; es un derecho social que mejora la calidad de vida de las personas y aborda desafíos ambientales y de salud”, añade Solá.

Desde Cinesi se enumeran cuatro claves por las que “es importante y urgente regular a nivel legislativo la movilidad sostenible en nuestro país”.

En primer lugar, la movilidad es “un derecho social”, por lo que en opinión de la consultora la ley “debe empoderar a la ciudadanía, priorizando la movilidad inclusiva y adaptada a las necesidades de todas las personas”, por lo que considera “imprescindible establecer un sistema nacional de movilidad sostenible para centralizar y coordinar políticas que coloquen a las personas en el centro de las decisiones para convertirlas en figuras esenciales del cambio”.

La segunda clave, según Cinesi, es establecer una movilidad más limpia y más saludable, puesto que la movilidad activa, caminar y utilizar la bicicleta, entre otras posibilidades, “tiene que ser la protagonista en los ámbitos urbanos. Además, se debe fomentar el uso de energías alternativas en puertos y aeropuertos, así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte de mercancías”.

Implantar un sistema de transporte digital e innovador es la tercera clave propuesta por la consultora, ya que “tanto la digitalización como la innovación son ejes clave con el fin de mejorar la experiencia del usuario y potenciar una gestión inteligente de las infraestructuras, como especifica la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Su regulación ha de tener en cuenta el uso de datos abiertos para mejorar los servicios y la adopción de soluciones novedosas de movilidad”.

En cuarto lugar, Cinesi insta a realizar inversiones “al servicio de los ciudadanos”, puesto que “es importante priorizar el concepto de inversión eficiente y transparente en infraestructuras y servicios de transporte. En este sentido, se ha de impulsar la financiación del transporte público colectivo urbano basada en criterios estables y proporcionales”.

Aunque el transporte “es vital para promover la conectividad, el comercio, el crecimiento económico y el empleo”, también es “una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero”, por lo que es “crucial promover un cambio de mentalidad e involucrar a toda la sociedad para dar respuesta a los retos climáticos y de salud, aprovechando la digitalización y fomentando la participación ciudadana en la toma de decisiones”, concluye Solá.

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