El Mitma lanza la segunda convocatoria de ayudas a municipios para descarbonizar y digitalizar la movilidad

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha activado la segunda convocatoria de ayudas a municipios para digitalizar y descarbonizar la movilidad urbana. La convocatoria está dotada con 500 millones de euros de los fondos europeos, completando así el presupuesto de 1.500 millones de euros previstos para esta línea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el ruido mediante el impulso de zonas de bajas emisiones (ZBE) y la transformación sostenible y digital del transporte urbano.

Esta segunda convocatoria del programa de ayudas se dirige también a municipios con más de 50.000 habitantes, a capitales de provincia y a municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que cumplan determinadas condiciones, como disponer de un servicio de transporte público colectivo urbano interior, informaron en una nota de prensa fuentes del Mitma.

Los potenciales beneficiarios podrán presentar las solicitudes de ayuda a través de la sede electrónica del Ministerio hasta el 29 de septiembre de 2022, momento en el que se cerrará la convocatoria en concurrencia competitiva.

Los proyectos seleccionados “deberán cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, que abarcan desde rigurosos compromisos de plazos de ejecución, a objetivos relacionados con el impulso de la movilidad activa (a pie, en bicicleta…) y sostenible”.

Por tanto, deberán contribuir a fomentar la movilidad activa; a articular un sistema de transporte público urbano fiable, atractivo, accesible y asequible con flotas más modernas, eficientes y sostenibles; con la introducción de un concepto de movilidad inteligente adaptada a los nuevos hábitos y con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación. Deberán estar finalizados antes del 30 de junio de 2025.

En la selección de los proyectos se valorará la madurez, la calidad y el impacto de los proyectos presentados por los municipios, exigiéndose en todo caso la disposición de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar la solicitud, explican desde el Mitma.

Las actuaciones podrán ser financiadas con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en hasta un máximo del 90% de los costes subvencionables, excepto la adquisición de autobuses urbanos y vehículos de limpieza cero emisiones, en los que se financia un precio unitario según categoría del vehículo, y todo ello siempre que no se supere la ayuda máxima por solicitante, que se fija en función de la población del municipio.

El abanico de actuaciones previstas para alcanzar estos objetivos se estructura en cuatro líneas:

1.- Implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE). Esta línea incluye ayudas para desplegar señalización que delimite la zona de bajas emisiones, implantar sistemas de control de accesos y aparcamiento, sistemas de comunicación y gestión y bases de datos de vehículos autorizados y tratamiento de excepciones. También contempla la financiación de sensores y medidores de la calidad del aire, de ruido y de las emisiones de los vehículos y de sistemas de control de sanciones, entre otras actuaciones.

2.- Transformación digital y sostenible del transporte público colectivo e impulso a la movilidad activa. Recoge proyectos que fomenten el cambio modal hacia una movilidad más sostenible, como la construcción o implantación de nuevos trazados de carriles reservados para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal (VMP), la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas o la implantación, ampliación o mejora de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.

En este punto, cabe señalar que sólo se subvencionará este tipo de actuaciones si se trata de carriles segregados físicamente del tráfico rodado y del tráfico peatonal y forman parte de una red planificada.

La línea también incluye actuaciones para implementar zonas e itinerarios peatonales y mejorar la accesibilidad, para calmar el tráfico rodado o para construir aparcamientos que disuadan de acceder en coche a otros núcleos urbanos.

En cuanto a las medidas para potenciar el uso del transporte público, la línea financia la construcción de plataformas y carriles de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo; actuaciones de mejora de la accesibilidad (personas con movilidad reducida y colectivos especiales) del sistema de transporte público como, por ejemplo, plataformas adelantadas, dársenas o apeaderos, y proyectos que mejoren la intermodalidad, tanto entre medios de transporte colectivo como con vehículos de última milla, entre otros.

Respecto a la distribución urbana de mercancías, se contempla la financiación de actuaciones de mejora e incorporar su planificación en los planes de movilidad urbana y en el diseño de las zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, se podrán subvencionar nuevos modelos de distribución urbana con la implantación de “minihubs”, plataformas ciclologísticas, centros de consolidación urbana, puntos de recogida, taquillas inteligentes, etc.

3.- Fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones. Para cumplir el objetivo se promueve la adquisición de autobuses para flotas de transporte público colectivo y de vehículos pesados para servicios públicos de recogida de residuos o servicio de limpieza urbana, de ámbito municipal, propulsadas con energía eléctrica o con hidrógeno.

4.- La línea contempla la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte para la mejora del servicio y de la experiencia de usuario, tales como herramientas de planificación de viajes y mejora de la información del transporte o mejora de los procedimientos de ‘ticketing’ y pago en el transporte público urbano, para la mejora del control de viajeros y la expedición y validación de billetes. También contempla proyectos de digitalización que permitan optimizar la planificación y gestión de la movilidad urbana, por ejemplo, adaptando la demanda de los servicios de transporte colectivo o estableciendo restricciones al tráfico en tiempo real.

Los municipios de más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia podrán solicitar ayudas para actuaciones incluidas en las cuatro líneas. Las actuaciones incluidas en las líneas 2, 3 y 4 se extiende a los municipios con más de 20.000 habitantes que cumplan determinados criterios, como disponer de un servicio de transporte público colectivo urbano interior. Los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes también podrán pedir ayudas a la línea 1 cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero y estén obligados por tanto a la implantación de una zona de bajas emisiones.