El transporte público desmonta la gratuidad y plantea como alternativa un ‘billete gris’ en episodios de alta contaminación
En un momento en el que todas las administraciones se están replanteando la movilidad en las ciudades con medidas más o menos ambiciosas, la Asociación del Transporte Urbano Colectivo (ATUC) quiere desmontar cualquier planteamiento que proponga la gratuidad del sistema, ya sea en episodios de alta contaminación o como medida continuada en el tiempo. En su lugar, propone como alternativa un “billete gris” de un día de validez equivalente al coste diario de un abono mensual de transportes.
Esta medida es una de las principales apuestas del sector del transporte público recogidas en el Plan TP (accede al plan aqui online) presentado hoy y que ATUC trasladará en las próximas semanas a las distintas administraciones con el objetivo de conseguir ciudades más habitables y con mayor calidad de vida.
Para la entidad la gratuidad del transporte público no se sostiene por sí misma porque en realidad nada es gratis. Toda financiación que no está respaldada por unas tarifas tiene que ser asumida por la Administración y, por tanto, por los impuestos de todos los ciudadanos.
Además, la asociación considera que la gratuidad transmite la idea de que se regala el transporte al que precisamente causa el problema, generando el efecto contrario al que se persigue, gratificando al que contamina y penalizando al que apuesta por medios sostenibles (que no disfrutaría de esa gratuidad al haber pagado por adelantado sus abonos).
Y, además, el precio en realidad no es algo decisivo para aquellos que optan por ir en coche, habida cuenta de que sus costes son mucho más elevados, por lo que pueden asumir sin problemas el precio de un billete de autobús, tren o metro.
Reordenar el espacio urbano
El Plan TP hace hincapié en la necesidad de reordenar el espacio urbano, ya que en la actualidad está dedicado al coche en un 90% a pesar de que así se mueve sólo un 25%, lo que conlleva al mismo tiempo una reducción de los vehículos en circulación.
Para ello ATUC plantea como medidas el aumento de las zonas restringidas a la circulación en vehículo privado en el centro de las ciudades, limitándose a residentes; o la ampliación de carriles bus y bici, de espacios peatonales y de zonas de estacionamiento regulado. Otras iniciativas son la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas a las ciudades, carriles BUS-VAO en las vías de acceso e intercambiadores de transporte público P+R (park and ride).
Sin embargo, toda medida restrictiva del vehículo privado debe ir acompañada de medidas que potencien el transporte público y que permita ganar adeptos. La clave aquí está en la infraestructura del sistema para poder aumentar la frecuencia y la velocidad comercial, lo que requiere un aumento de la inversión pública. En concreto, el Plan TP propone dirigir esa inversión a implantar sistemas de prioridad semafórica, desarrollar sistemas de transporte a demanda, aumentar el número de plataformas reservadas al transporte público, etc.
Sin embargo, la situación actual no es halagüeña, ya que la inversión anual en transporte público se redujo a la mitad desde 2008, pasando de 1.761 a 928 millones de euros en 2014 (último dato oficial disponible), por lo que es indispensable volver al menos a cifras de hace una década, máxime en un contexto de mayor dinamismo económico con una correlación directa entre la recuperación del empleo y el uso del transporte público.
Sin financiación estable ¿es posible?
El Plan TP plantea además una batería de medidas políticas, legales y fiscales para articular su puesta en marcha. La primera e inexcusable es una Ley de Financiación Estatal del Transporte Público como existe en el resto de países europeos que determine cuánto sufraga el Estado, las CC.AA y los ayuntamientos, los criterios de reparto y a cinco años vista al menos. Esto permitiría a las partes implicadas actuar con previsibilidad y saber en qué y cuánto pueden invertir.
La ley también establecería un protocolo para la financiación de medidas sociales que impliquen subvención al transporte (reducción de precio o gratuidad a colectivos sensibles, tercera edad, menores, etc.).
Asimismo, el Plan TP reclama que al transporte público se le considere bien de primera necesidad, y como tal tributar con el IVA superreducido (4%), y no con el actual reducido (10%).
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “queda mucho por hacer para lograr ese cambio en la movilidad, pero ya existe plena concienciación en los ayuntamientos de que la situación actual es insostenible. De hecho, planteamos una alianza de ciudades, un encuentro en el que los municipios puedan compartir sus ideas e iniciativas de movilidad y caminar así hacia un modelo lo más homogéneo posible. Este sería un primer paso para acercarnos además a la integración tarifaria y modal, ya que lo que cuenta es el viaje y el usuario, no el medio ni las etapas”.
