Las TIC como herramienta de desarrollo de la ciudad inteligente

Las previsiones de Cisco Systems más actuales, apuntan a un crecimiento diez veces superior en tráfico móvil durante el periodo 2014-2019. En 2019, el 69% de la población mundial, 5.200 millones de personas usarán un móvil, y tendremos una población de 4.600 millones de móviles inteligentes (smartphones). El 97% del tráfico global será a través de dispositivos inteligentes. Además, el 54% del tráfico de datos se transmitirán a través de sistemas como Wi-fi o redes de sensores (small cells).

Esta tendencia supone una gran oportunidad de negocio para la industria digital, la innovación, el crecimiento económico y el empleo, a la vez que supone un gran reto para que todos los sectores económicos se digitalicen. Desarrollos en el ámbito de internet de las cosas, big data o la computación en la nube, son tecnologías emergentes que se expandirán a gran velocidad en los próximos años, a medida que la denominada generación millennials exijan nuevos y mejores servicios y un mayor grado de empoderamiento.

César Miralles, director general de Red.es.

Conocedor de esta positiva tendencia, este gobierno está impulsando de manera proactiva la economía digital a través de los planes específicos contemplados en la Agenda Digital para España, siendo Red.es uno de sus principales instrumentos de ejecución. Nuestra inversión en programas digitales alcanzará en 2015 una cifra cercana a los 200 millones de euros. Esta política digital viene plasmada en la Agenda Digital para España, documento con medidas concretas cuantificadas en más de 2.000 millones a ejecutar entre 2013-2015. A día de hoy, el 70% de las medidas están ejecutadas o en ejecución. Adicionalmente a estas cifras, el Ministerio contará con una senda financiera para programas digitales que rondará los 800 millones de euros en términos de ayuda para ejecutar en el periodo 2015-2020.

El gobierno es plenamente consciente de la necesidad de reforzar e intensificar la política digital en áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país como son el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento, la adaptación de la oferta educativa/formativa a las nuevas necesidades digitales (tanto para desempleados como para los profesionales que necesitan reciclarse), la digitalización de la PYME mediante la incorporación de todo tipo de soluciones en la nube, la puesta en marcha de servicios públicos digitales sostenibles (Sanidad y Educación), el desarrollo de las ciudades digitales, el fomento de las ayudas público-privadas a la innovación digital y la mejora de la financiación a emprendedores.

En 2019, el 69% de la población mundial, 5.200 millones de personas usarán un móvil, y tendremos una población de 4.600 millones de móviles inteligentes (smartphones).

En este contexto de digitalización, las ciudades y sus ciudadanos no pueden quedar al margen o rezagados. Utilizando la definición de ciudad inteligente propuesta por el Grupo Técnico de Normalización 178 de Aenor (AEN/CTN 178/SC2/GT1 N 003): “Ciudad Inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad inteligente, permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.”

En esta definición, queda patente la importancia del ciudadano como centro neurálgico sobre el cual debe construirse el desarrollo inteligente de una ciudad. Asimismo, la tecnología digital debe ser el elemento tractor de este proceso de transformación social y tecnológico. Una ciudad inteligente implica contar con ciudadanos que tengan espíritu emprendedor e innovador en el ámbito digital, y una infraestructura digital que permita la optimización de la gestión de los recursos y la toma de decisiones en tiempo real y de manera eficiente.

El correcto desarrollo de la ciudad inteligente implica que el ciudadano se transforma en un elemento activo y deja de ser un simple receptor de servicios. En este nuevo paradigma, mientras el ciudadano puede tomar un papel relevante en las decisiones de la ciudad, la Administración mejora los servicios que presta. En definitiva, ser inteligente implica tener una ciudad abierta y participativa.

El Ministerio contará con una senda financiera para programas digitales que rondará los 800 millones de euros en términos de ayuda para ejecutar en el periodo 2015-2020.

En todo proceso de digitalización, los datos son un elemento capital. Generados por los dispositivos móviles y por la infraestructura de la ciudad, los datos permiten ofrecer en tiempo real, una imagen instantánea de la ciudad que, a través de los oportunos algoritmos de decisión, puede convertirse en una potente herramienta de gestión para la mejora de los servicios y de su eficiencia.

Estos datos, recopilados por las administraciones públicas, pueden generar nuevas oportunidades de negocio para start-ups y emprendedores. Al respecto, el gobierno ha creado las bases para implantar la cultura de la apertura de datos del sector público, como la iniciativa Aporta (www.datos.gob.es) en la que se está trabajando activamente con los diferentes niveles de la Administración para que se incremente el número de conjuntos de datos abiertos. Sin caer en la autocomplacencia, es importante señalar que estos esfuerzos se están viendo recompensados con un buen posicionamiento en los rankings europeos.

Respecto a la participación o empoderamiento del ciudadano, la Administración está incorporando el uso de las redes sociales como herramienta para mejorar la relación con la ciudadanía e innovar en los procesos de gobierno. Se trata de una fuente muy rica de información mediante la cual el ciudadano se expresa libremente, constituyéndose en espacios no reglados de participación ciudadana. Una correcta monitorización de las redes sociales permite detectar tendencias e identificar en tiempo real los temas que preocupan a los ciudadanos.

Las Administraciones se encuentran con un reto complejo en este nuevo entorno en el que el ciudadano tiene acceso a información de forma masiva, genera datos en tiempo real y reclama entornos de participación activa. Para poder enfrentarse al reto con eficacia, la colaboración entre Administraciones y de éstas con el sector industrial, se convierte en fundamentales y deben desarrollarse de forma extensa y con visión amplia, sin olvidar que las tecnologías digitales son un medio y no un fin en sí mismo.

En todo proceso de digitalización, los datos son un elemento capital.

La Administración debe ser capaz de responder ante el nuevo paradigma de relación con los ciudadanos de una forma coordinada, buscando la normalización de soluciones basadas en estándares que aseguren la interoperabilidad. Las ventajas de esta respuesta coordinada son muchas: permite sumar esfuerzos, compartir buenas prácticas y coordinar actuaciones, permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos.

La normalización potencia la calidad de los productos, procedimientos y servicios, y facilita una comunicación clara e inequívoca entre todas las partes interesadas según un método de referencia. La interoperabilidad, entendida como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos, se convierte en un elemento clave en la cooperación y la normalización, permitiendo entre otros la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones.

Las Administraciones se encuentran con un reto complejo en este nuevo entorno en el que el ciudadano tiene acceso a información de forma masiva, genera datos en tiempo real y reclama entornos de participación activa.

Desde la Administración Central, en concreto desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se están liderando iniciativas de colaboración público privada, como es el Comité Técnico de Normalización CTN-178 Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes, con el fin de estandarizar criterios y procedimientos en torno al concepto ‘Ciudad Inteligente’ para que las necesidades de la ciudad y las soluciones existentes en el mercado, avancen de forma coordinada.

Desde el punto de vista de la coordinación entre administraciones y más allá del papel esencial que desempeñan los mecanismos oficiales de coordinación, cabe destacar en el ámbito de las Ciudades Inteligentes, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que mediante un proceso que podríamos denominar “auto-organizativo”, agrupa desde el año 2011, a 54 ciudades con intereses comunes en el desarrollo inteligente, para intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente en el desarrollo de un modelo de gestión sostenible, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad. Asimismo, la industria se ha organizado en Alianza Inercia y está plenamente preparada para asumir estos retos que se plantean en el ámbito local.

Este proceso de cooperación de ciudades para trabajar en la globalidad del concepto ‘Ciudad Inteligente’, tiene un carácter eminentemente práctico y ha permitido crear redes de colaboración entre técnicos municipales en áreas de interés común para la ciudad. En resumen, estamos ante un reto como sociedad que puede posicionar a España como referente internacional en la medida que seamos capaces de incrementar el volumen de inversión TIC en las ciudades y avanzar de manera ágil y coordinada en el proceso de apertura de datos, normalización, estandarización, e interoperabilidad.