PEFC España celebró su 30ª Asamblea General en la sede del Gobierno de Aragón

Los días 26 y 27 de mayo, PEFC España celebró su 73ª Junta Directiva y su 30ª Asamblea General en Zaragoza. Los socios de PEFC España, cuya participación fue presencial y virtual, dieron la bienvenida a la Junta de Andalucía, que se reincorpora a PEFC España tras años de ausencia. Durante las jornadas, se dieron a conocer los avances de la certificación forestal a escala nacional y se propició el diálogo sobre soluciones y propuestas relativas a la fiscalidad que permitan facilitar las actividades propias del sector forestal para ser relevante y referente en el modelo de bioeconomía que se persigue en la actualidad.

PEFC cuenta en España con más de 2,5 millones de hectáreas certificadas que gestionan de manera sostenible y con alto grado de compromiso 51.487 selvicultores y propietarios forestales. En la 30ª AG se presentaron los resultados del Plan Estratégico 2016-2020+1 que muestran un considerable crecimiento en sus cifras e indicadores, con un incremento neto total de más de 610.00 hectáreas (+32,2%) y más de 31.800 nuevos gestores adheridos a la certificación PEFC (+162,2%). Por otro lado, existen en la actualidad 1.652 empresas certificadas en Cadena de Custodia PEFC, una cifra que ha experimentado un 45% de crecimiento neto en el citado periodo.

Jornada.

Esta creciente demanda e interés tanto social, como empresarial, hace que los sectores público y privado trabajen en la misma dirección para hacer accesible la certificación forestal. En este sentido, el Gobierno de Aragón anunció que invertirá 4 millones de euros derivados de los fondos de recuperación Next Generation EU en potenciar la gestión forestal sostenible a través de ayudas a los propietarios forestales.

En relación con las futuras regulaciones europeas sobre la comercialización de productos de origen forestal, Aspapel presentó la situación actual del borrador de Reglamento UE de Deforestación Importada, cuyo objetivo es frenar la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal. Este reglamento reemplazaría a la normativa EUTR y aplica a las importaciones de terceros países de la UE, a las exportaciones de las UE y a la producción nacional. Establece requisitos a todas las materias primas o productos derivados de la madera, soja, aceite de palma, ganadería vacuna, cacao y café, y obliga a los operadores a aplicar un sistema de diligencia debida para evitar que procedan de deforestación o degradación forestal. Aspapel informó de su implicación en la creación de propuestas de mejora en la redacción actual del borrador del Reglamento.

Al finalizar la Asamblea General, se dio inicio al Foro de Diálogo PEFC, que este año tuvo como tema la 'Propuesta de Fiscalidad y objetivos en el ámbito de la certificación'.

Desde COSE, Francisco Carreño, presidente y Patricia Gómez, gerente, explicaron la propuesta de 'Mejora de la fiscalidad aplicable a la actividad selvícola' que han elaborado y consensuado con Juntos por los Bosques. Esta propuesta se ha desarrollado por considerarse primordial a la hora de facilitar la gestión activa de los montes por parte de los propietarios.

Ante la situación actual en la que la propiedad forestal privada está repartida en unidades de explotación de muy pequeño tamaño, que no tienen posibilidad de obtener rentabilidad económica y una normativa fiscal nada adaptada a las actividades selvícolas con largos turnos de producción y largos períodos de retorno de las inversiones, se considera urgente establecer vías que reconozcan y compensen el valor de los bienes y servicios que ofrecen los bosques.

Se presentaron los considerandos indicados y las propuestas fiscales que podrían revertir la situación de progresivo abandono de la actividad forestal que se está produciendo en muchas áreas, destacando la necesidad de compatibilidad, bajo ciertas circunstancias, entre el Régimen de Estimación Directa y el Régimen de Estimación Objetiva, la exención parcial de los ingresos por venta de madera de especies con turno de corta superior a los 30 años y la deducción en el IRPF por gastos e inversiones que realicen los selvicultores activos en la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte.