Asefosp aborda los principales retos de los servicios de formación del personal de seguridad privada

En su apuesta por la calidad en la formación del personal de seguridad privada y su adaptación a las nuevas tecnologías, la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (Asefosp), organizó el pasado 26 de abril en el Hotel Mayorazgo de Madrid, tras la celebración de su Asamblea General Anual, una interesante Jornada sobre los servicios de formación del personal de seguridad privada en la que se abordaron las diferentes líneas a seguir para la mejora de los mismos.

La apertura de la Jornada corrió a cargo de José Antonio de la Rosa, comisario jefe de la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación del Cuerpo Nacional de Policía, quien habló sobre los servicios de formación del personal de Seguridad Privada y destacó la relevancia que debe tener la formación en la Seguridad privada que es consecuencia del compromiso de actualización del marco regulatorio de la Seguridad Privada para adaptarlo a las nuevas necesidades y amenazas que afectan al Sector.

En este sentido afirmó que la Unión Europea no sólo ha constituido un Estatuto de la Ciudadanía Europea, sino que también, desde esos principios, se ha avanzado hacia la Comisión para el desempeño de actividades como la de Seguridad Privada. “Por ello, -argumentó de la Rosa-, tenemos que apostar por una formación que realmente nos permita ser competitivos con los indicadores de calidad y profesionalidad correspondientes. Es fundamental que trabajemos en esta línea para conseguir que exista una carrera profesional en este ámbito con el reconocimiento que le corresponde. Aún queda camino por desarrollar en la Normativa de Seguridad Privada. De hecho, falta un complemento imprescindible como es el Estamento. La colaboración público-privada es fundamental para aportar ideas que resuman nuestras inquietudes”.

A continuación, José Manuel Alonso Díaz, presidente de Asefosp, habló sobre la propuesta de la Asociación para la actualización del marco normativo de la actividad de formación del personal de seguridad privada y los requisitos materiales, personales y formales que deben ser exigidos a los Centros de Formación acreditados tanto para su nueva apertura como para desarrollo de la citada actividad.

Alonso Díaz admitió que el ministro de Educación y Empleo ha reconocido un espacio para la formación de personal de Seguridad Privada. “Ante el futuro desarrollo de los requisitos, vienen dados los objetivos de la formación del personal y los centros de formación, como operadores jurídicos, tienen que conocer estos requisitos”, comentó.

En esta línea, sostuvo que Asefosp quiere aproximar una relación de las autonomías en este ámbito. “Una profesión regulada es aquella que se basa en unas condiciones que establece una ley. En el ámbito comunitario va en camino de los objetivos europeos. Los profesionales de la seguridad tienen que ampliar sus competencias. Estamos en disposición de contar con un marco regulador que ataña todas estas cuestiones en fomento del desarrollo de una correcta formación en el sector y para luchar contra el intrusismo. Buscamos una mejora en la calidad y formación del sector”, informó.

De forma específica, José Manuel Alonso aludió a situaciones que vienen afectando a los Centros de Formación de personal de seguridad privada tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y que ponen de manifiesto la falta de seguridad jurídica y las garantías en la oferta y prestación de la formación previa que es realizada por los Centros de Formación respecto a posibles candidatos o alumnos a vigilantes de seguridad.

Declaró que el principio de subordinación de la Seguridad Privada frente a la Seguridad Pública se extiende hoy con limitaciones a los centros de formación del personal de seguridad privada autorizados y a los Centros de Formación les resulta de aplicación claramente las medidas de supervisión y control administrativo de tal manera que aquellos centros que vulneren la normativa de seguridad privada son sujetos de imputación o reproche sancionador a través de un cuadro infractor en el artículo 59 de la ley de Seguridad Privada, agradeciendo por ello el trabajo inspector desarrollado por la Seguridad Publica, la UCSP, en la persecución del intrusismo y de prácticas contrarias contra la normativa vigente.

En esta línea anunció que viene trabajando Asefosp, a través de su asesor legal, denunciando aquellas infracciones que, con claro abuso del derecho, vienen efectuándose por Centros de Formación ‘piratas’ no acreditados. Estas prácticas piratas no conducen a la profesionalización del personal de seguridad privada y su promoción en el trabajo sino todo lo contrario. Insistió sobre cómo a través de la formación de calidad puede generarse una carrera profesional para el personal de seguridad privada en un sector económico como el de la seguridad privada.

En la formación previa, el presidente de Asefosp destacó que “nuestra Asociación no ignora que la nueva Ley de Seguridad Privada reconoce al Ministerio de Educación y al Ministerio de Empleo un espacio de intervención en el ámbito de la formación profesional a través de los certificados de profesionalidad si bien dicho Ministerio no puede elaborar dichos certificados sin respetar los contenidos, requisitos materiales y cargas formativas establecidas por el Ministerio competente en esta materia a los Centros de Formación, que es el Ministerio de Interior”.

Los Centros asociados de Asefosp se encuentran en este ámbito formativo con una clara desigualdad a la hora de formular ofertas de formación previa para candidatos o alumnos a vigilante de seguridad. Tal y como informó José Manuel Alonso, “para formar a un profesional de seguridad hay dos vías totalmente desproporcionadas, la del certificado de profesionalidad y la del Ministerio del Interior: todos los alumnos que reciben esta formación previa por la vía del certificado de profesionalidad superan dicho curso mientras que por la vía del curso de Ministerio de Interior el resultado es solo un 5 por ciento de aprobados”.

Para evitar dicha desigualdad en estas vías o fórmulas de acceso, cualquier actualización normativa como la que debe acometerse en el sector de la seguridad privada debe presidirse por el principio de seguridad jurídica y su derivación al principio de confianza legítima siguiendo las premisas establecidas por el Tribunal Constitucional.

El presidente de Asefosp reiteró que “los centros de formación como operadores jurídicos debemos conocer previsiblemente las reglas del juego, saber a qué debemos atenernos en nuestras relaciones tanto con los alumnos, con las Empresas de Seguridad y también con los usuarios contratantes de servicios de seguridad privada”. Concluyó en este sentido que Asefosp pretende aproximar con sus propuestas una realidad normativa a las autonomías e identidades propias de esta actividad formativa desarrollada por los Centros. Resaltó que las profesiones de la seguridad privada son profesiones reguladas y, por ello, todos los requisitos y condiciones formativas deben desarrollarse en condiciones de igualdad con independencia del Ministerio competente.

A continuación, Alonso enumeró los principales fines y objetivos de Asefosp aludiendo que es preciso disponer de un marco regulador que contemple las condiciones y requisitos necesarios para implicar su permanencia en el tiempo:

• La representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales, jurídicos, profesionales y culturales de los Centros de Formación asociados como colectivo empresarial, de conformidad con la normativa aplicable en cada momento.
• El fomento del correcto ejercicio de la actividades y servicios propias de un Centro de Formación, actualización, perfeccionamiento, adiestramiento del personal de Seguridad Privada en sus distintas vertientes, tanto habilitado como acreditado, de acuerdo con lo establecido en cada momento por la normativa específica por razón de la materia.
• La persecución del intrusismo y la competencia ilícita o desleal en la actividad formativa de la Seguridad Privada y demás materias relacionadas, promoviendo cuantas actuaciones permitan el cumplimiento de la legislación para este fin, pudiendo colaborar a tal efecto con la Administración del Ministerio de Interior, de Educación y Empleo, recabar cuantos datos sean necesarios y dirigiendo y proponiendo cuantas propuestas se estime oportunas.
• La promoción profesional del Personal de Seguridad privada sea habilitado o acreditado y del conocimiento público de sus competencias y atribuciones, así como de las técnicas de la actividad de Seguridad Privada.
• El fomento de la calidad en el empleo y promoción de los recursos humanos en la Seguridad Privada y de la formación del Personal de Seguridad, de sus mandos intermedios, técnicos y directivos en el ámbito empresarial y sindical, pudiendo promover todo tipo de programas, ya sean en colaboración con el Ministerio de Educación, Interior, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Empleo, como con cualquier otro organismo de formación profesional u ocupacional.
• Liderar, promover y realizar cursos y estudios en todas las áreas de conocimiento vinculadas a la Seguridad Ciudadana y las diversas actividades formativas que supongan una mejora en la calidad y especialización en la formación con clara orientación por la cualificación profesional a través de los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.

De conformidad con sus objetivos, el presidente de Asefosp insistió en que “la Asociación desarrolla sus acciones para analizar la incidencia y oportunidades del marco legal vigente en las vías de acceso a la formación previa para los Centros de Formación así como en la posible ampliación de nuestra acción formativa respecto del nuevo personal sujeto de una formación reglada en el ámbito de la seguridad privada tales como el técnico de seguridad, operador de seguridad e ingeniero de seguridad”.

El análisis de esta realidad formativa ha llevado a Asefosp a concluir que los requisitos mínimos actuales exigidos a un Centro de Formación acreditado en la normativa de seguridad privada en el vigente marco reglamentario se revelan insuficientes, deficientes y favorecen el intrusismo, así como la ejecución de malas prácticas en la impartición de dicha formación del personal sea en la modalidad de formación previa como en la formación permanente, por lo que viene incumpliéndose a nivel normativo con el apartado de instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada.

En esta línea de mejora del marco reglamentario, Asefosp considera como requisitos personales mínimos con que deben contar un Centro de Formación, la actualización reglamentaria a título de ejemplo la existencia de un listado de profesores acreditados con ausencia de antecedentes penales, con un representante legal del Centro, con facultades similares a las descritas en el artículo 22 de la Ley de Seguridad Privada y con un Jefe de Estudios.

Asimismo, y en relación a los requisitos o medios materiales para la autorización y funcionamiento de un Centro de Formación, “entendemos necesario, en aras de aproximar las normativas aplicables a los Centros de Formación en diferentes vías ministeriales y consiguiendo aplicar el principio de la unidad de mercado para todos los Centros de Formación, la exigencia de un Aula formativa con una superficie de un metro y medio cuadrado por alumno que, en ningún caso, podrán ser inferiores a cuarenta metros cuadrados; de una Biblioteca, adecuada al número de alumnos y dotada de un fondo bibliográfico específico, debidamente clasificado o Sala de profesores o de juntas proporcional al número de profesores y de unos aseos y servicios higiénico sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro”, aseguró Alonso.

Además, añadió que los centros deberán disponer además en régimen de subcontratación con otros establecimientos acondicionados:

1. Un gimnasio de al menos 100 metros cuadrados de superficie, y equipado con vestuarios, duchas y almacén.
2. Una galería de tiro, que deberá cumplir las exigencias de ubicación y acondicionamiento establecidas en la legislación vigente de Reglamento de Armas y Explosivos.
3. Y en el caso de la impartición de la formación a distancia, la exigencia de una plataforma en red con Aula Virtual que se halle debidamente reconocida por el Ministerio de Educación y Empleo para dicha modalidad formativa, así como 5 ordenadores con los espacios e instalaciones comunes adecuados para las actividades de dirección, sala de profesores, secretaría y coordinación.

En lo que se refiere a las Medidas de Seguridad Electrónica e Informática para autorización y funcionamiento de un Centro de Formación parece razonable, destacan desde la Asociación, la exigencia a nivel normativo de:

1. Un sistema de seguridad de grado 2 conectado a una Central de Alarmas de Empresa de Seguridad con sistema de videovigilancia para proteger el aula de formación, así como la zona restringida documental.
2. Un sistema de seguridad informática para protección de los sistemas de información adaptado a la normativa de protección de Datos vigente en España.
3. Un cartel exterior y otro interior con su número de homologación como Centro autorizado por el Ministerio del Interior.

En lo relativo a los Requisitos Económicos para la Autorización y Funcionamiento del Centro de Formación, parece importante que puedan ser incorporados a un marco reglamentario de un aval o seguro de crédito o caución para atender exclusivamente las responsabilidades administrativas por infracciones a la normativa de seguridad privada que se deriven del funcionamiento de la actividad formativa del personal de seguridad privada sea habilitado o acreditado con 50.000 euros como mínimo y de un Seguro de responsabilidad civil en una cuantía mínima de 200.000 euros.

Tras enumerar los requisitos formales, el presidente de Asefosp destacó que “las líneas o directrices generales de esta propuesta, así como los programas y requisitos de la formación serán presentados por nuestra Asociación en las próximos fechas”.

A continuación, se celebró una mesa de debate en la que diferentes centros asociados de Asefosp se centraron en procurar obtener respuestas claras sobre los principales problemas y dudas presentadas para los Centros de Formación en el desarrollo de su actividad empresarial como las dificultades que suele encontrarse cada centro en su área geográfica con motivo de la aplicación de la normativa vigente. CentroCid (Asturias), Oroel (Castilla y León), Ceps (Cataluña) y Cets (Madrid) fueron los Centros de Formación que participaron en esta mesa redonda que fue moderada por Jorge Salgueiro Rodríguez, asesor legal de Asefosp.

Una de las cuestiones más debatidas en este encuentro fue la situación de desigualdad creada tras la entrada en vigor de los certificados de profesionalidad de los vigilantes de seguridad tanto a nivel de su contenido o carga formativa respecto del curso del Ministerio de Interior. Los centros asociados de Asefosp destacaron que es normal que los candidatos a la formación previa exigida para la habilitación de vigilante de seguridad opten por la vía de acceso del certificado de profesionalidad del Ministerio de Empleo por una simple razón: “todos los candidatos superan dicha formación previa, no existen suspensos y todos ellos aceptan pagar más precio por la matricula en la acción formativa”. Por el contrario, si se elige la vía de acceso del Ministerio de Interior para dichos vigilantes de seguridad, las pruebas son suspendidas por más del 80 por ciento de los candidatos y, lo más importante, es que se ha dejado de usar dicha vía formativa por alumnos, a pesar de que el precio de la matricula es más barato.

En esta línea, los expertos afirmaron que la Ley de Seguridad Privada de 1995 establecía 240 horas y 20 de prácticas, pero se tuvieron que quitar esas horas de prácticas por las dificultades para realizarlas y ahora, con el certificado, se ha vuelto a lo mismo: que no se pueden desarrollar las prácticas. Asimismo, reivindican que no se pueda sacar un certificado que une dos figuras distintas que tendrían que tener dos certificados diferentes. Es decir, en la actualidad, las profesiones de vigilante de seguridad y escolta, que son dos figuras profesionales totalmente distintas, las valida el mismo certificado.

“Es importante recordar que somos auxiliares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para trabajar con ellos en favor de la seguridad global con lo que no tiene sentido que el mismo certificado sirva para varios sectores. Cuando un alumno va a un centro de formación para ser vigilante, el centro tiene que informar de los requisitos de ambas vías (interior y certificados) ya que, si se hace la formación y no cumple uno de los requisitos, cuando vaya a validar el certificado no lo va a poder hacer”, demandaron.

Los Centros de Formación coincidieron en que “existe un fraude en la impartición de la formación permanente y claras infracciones administrativas de intrusismo, dado que profesionales de la seguridad privada están recibiendo formación de actualización en locales que no tienen la consideración de Centros de Formación acreditados”. Esta situación es reiterada y ha sido denunciada por Asefosp ante la autoridad policial competente. Es de destacar que dicha infracción administrativa contra la normativa de seguridad privada es cometida si así lo permite y lo consiente, tanto por la Empresa de Seguridad como por el profesional como contratistas de acuerdo con el cuadro infractor y la normativa de seguridad privada vigente.

El acto de clausura corrió a cargo de David Bravo Núñez, inspector jefe de la Sección Operativa de Colaboración de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, y José Antonio Montero, teniente coronel del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil (Seprose).

Bravo Núñez aseguró que los centros de formación tienen un papel fundamental en el sector de la seguridad. “Es el primer contacto que tiene una persona que quiera acceder a la seguridad privada y es importante que esa primera impresión sea buena”, señaló haciendo hincapié en que, por este motivo, la Policía Nacional da mucha importancia al tema de la formación y le dedica mucha rigurosidad, “la misma que queremos que se aplique a este ámbito de la Seguridad Privada” pues “es importante que esa formación sea adecuada”.

“Nosotros hacemos inspecciones en centros de formación para ver que las cosas se hacen bien porque por encima del dinero está la seguridad. Sion embargo, la mayoría de los errores que vemos en los centros proceden del desconocimiento”.

David Bravo Núñez, inspector jefe de la Sección Operativa de Colaboración de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, (izda.) y José Antonio Montero, teniente coronel del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil (Seprose) (dcha.), en el acto de clausura acompañados por el presidente de Asefosp.

“Queremos colaborar con los centros de formación y que ellos colaboren con nosotros”, señaló y explicó, a continuación, las diferentes formas de colaborar que tienen con estos Centros:

• Hacer difusión de determinadas noticias que permita a la gente estar actualizada.
• Que ese tipo de centros que son ‘intrusos’ o donde los requisitos no se cumplen, es importante comunicarlo oficialmente y nosotros, con la capacidad que tenemos, intentaremos dar respuesta.
• Otra forma de colaborar es dar formación en los centros, charlas… Estamos intentando fomentar la formación especial.

Por su parte, José Antonio Montero abogó por el fomento de más jornadas como éstas en el ámbito de la formación. “Suscribo todo lo que ha dicho Bravo Núñez”, aseguró y señaló como uno de los principales proyectos a desarrollar concluir el Plan General de Colaboración para tener un contacto más directo con las asociaciones.

“Estamos ante una oportunidad histórica de adecuar las necesidades de la formación de la seguridad pública y privada al nuevo Reglamento. Las vías de acceso a la profesión son una oportunidad, pero también suponen un reto: tenemos que intentar que no se baje esa calidad en la formación tan importante y necesaria”, sentenció.