La nueva Ley de Seguridad Privada centra las jornadas durante el evento

“Security Forum es un evento consolidado que muestra como el sector de la seguridad empieza a remontar tras una dura crisis”. Con estas palabras inauguró Security Forum el presidente del evento, Eduard Zamora, una feria que ha logrado unas cifras que son sinónimo de éxito. “España destaca a nivel internacional en el ámbito de la seguridad privada, facturando en 2014 3.300 M€. Vivimos en un entorno de superación donde las amenazas no entienden de fronteras, por lo que el sector debe centrarse en cuatro ejes: colaboración, conocimiento, negocio y networking”, indicó.

“La seguridad privada ha vivido una gran evolución en España, es un sector maduro y profesionalizado con una legislación que ha servido de modelo inspirador para otros países. La nueva regulación es fruto de las exigencias de la sociedad, de la búsqueda de nuevas soluciones y un motor de dinamización de actividad económica, empresarial y laboral”, señaló María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña. “El nuevo modelo legal de seguridad permite una eficiencia máxima y dota al sector del respaldo jurídico para evitar el intrusismo. La regulación sólo se entiende si va ligada a la colaboración y coordinación público-privada”.

La nueva Ley de Seguridad Privada fue el eje de las jornadas y actividades paralelas que se realizaron durante el Secutiry Forum. Diálogos Security Forum, con 245 congresistas acreditados, abordó la Protección de Datos como un elemento fundamental de la sociedad actual. José López Calvo, subdirector general de Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, hizo balance de la nueva regulación de seguridad privada. “A pesar de que se establecen ciertas mejoras, hay 3 conclusiones que se extraen de la nueva regulación: hay varios conceptos jurídicos indeterminados en la ley, las medidas de seguridad han cambiado por la aparición de fenómenos como el cibercrimen y existe una necesidad palpante de adaptarse a los avances tecnológicos”.

Para López Calvo, algunos artículos son poco concretos y pueden interpretarse de distintas formas. Por ejemplo, los límites de la utilización de imágenes en la vía pública (sólo legal si existe normativa específica) o privada por parte de los vigilantes o empleadores “no son específicos”, así como el uso de carcasas o la adecuación de las actividades de detectives y servicios de investigación privada. “La libertad de información frente al derecho a la intimidad sigue siendo un choque de trenes, sobre todo cuando se trata de imágenes o videos en internet, por lo que debería haber límites temporales en ciertos casos”.

España es el segundo país del mundo con más ciberataques, que ascendieron a 400.000 M€ en 2014. “Hay que tomar medidas de índole técnica y organizativa para asegurar la seguridad de los 3 millones de usuarios y 10.000 millones de equipos conectados a internet del país”, concluyó.

Ramón Martín de Pozuelo, jefe de estudios de postgrado de Smart Cities de la Universitat Ramón Llul, destacó las ventajas de las Smart Cities como forma de administrar la seguridad. “No se trata sólo de tecnología, necesitamos colaboración público-privada para avanzar. El paradigma ha cambiado y hemos pasado de un control físico a uno remoto. La ciudadanía está preocupada por su seguridad, por quién usa sus datos. Es un tema crítico que hay que abordar ya, su gestión debe estar planificada previamente por la administración para que no se usen de forma maliciosa”.

Para Blanca Moreno, gerente de la consultoría Mètodes i Tècniques, “es necesaria una mayor transparencia. Hay que invertir en conocimiento y en estudios sobre Smart Cities porque en los entornos urbanos la masa crítica es cada vez mayor, lo que significa que la capacidad de gestión de la seguridad debe sincronizarse entre todas las fuerzas para obtener resultados. La sociedad tiene que ver a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la legislación como un amigo, no como un enemigo, por lo que hay que cambiar mentalidades”.

A este debate, May Escobar, coordinadora de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) añadió la importancia de “pensar en la seguridad desde el inicio de cada proyecto de Smart City, tener niveles de codificación podría ser una eje de futuro. Hay que cambiar la cultura, renovar la administración porque las estructuras de trabajo son antiguas. Precisamos más relación entre ciudadanos, empresas y entes públicos”.

La Ley de Seguridad Privada afecta directamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del todo el Estado. Por eso, representantes de varios Cuerpos asistieron a un debate en el que ofrecieron sus distintos puntos de vista. Manuel Yanguas Menéndez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, destacó la eliminación de trabas burocráticas que supone el nuevo reglamento. “La legislación ayuda a evitar el intrusismo, recoge las demandas de los profesionales, apuesta por la formación continua y especializada y otorga mecanismos de organización institucional”. Según datos ofrecidos por Yanguas, 119 empresas se dieron de alta durante el año pasado (91 en 2013 y 59 en 2012) y a 31 de diciembre de 2014 había en España 342.368 profesionales habilitados y 1.535 empresas de seguridad autorizadas (un 2,6% más que en 2013 cuando eran 1.495), 418 empresas de vigilancia y protección, 1.227 de instalación y mantenimiento, 156 centrales de alarmas, 46 de transporte de explosivos, 6 de transporte de fondos, 73 de protección de personas, 13 de depósitos de explosivos, 5 de depósito de fondos, 1.372 despachos de detectives y 27 sucursales. Asimismo, actualmete existen 1.057 centros de formación y 25 empresas no autorizadas.

César Álvarez, coronel jefe del Seprose de la Guardia Civil, indicó que “es tremendamente complejo desarrollar un reglamento, pero éste merece una felicitación. Aún así, falta una guía que desarrolle el camino a seguir ya que es difícil aplicar el reglamento en algunas ocasiones. La coordinación es fundamental, para no invadir competencias de otros Cuerpos o Fuerzas, y eso se echa en falta en el texto”.

El jefe de la UCSP de los Mossos d’Esquadra, Carles Castellano, subrayó la agilidad y la simplificación de los trámites, así como la mejoría en seguridad informática. “La complementariedad que ofrece la colaboración entre la seguridad privada y la pública se debe aprovechar. Que la seguridad privada pueda actuar en terreno de la pública es positivo, siempre que se haga bajo sus instrucciones”.

Por último, Francisco Llaneza, jefe de la USP de la Ertzaintza, afirmó que “el reglamento se ajusta a la realidad y es una herramienta de coordinación”. En este sentido, el jefe de la USP explicó los objetivos que la Ertzaintza se marca con el nuevo reglamento: “Estamos preparando un decreto enmarcado en la Ley que recoja los atributos de las Comunidades Autónomas y determine los órganos dentro del Departamento de Seguridad a los que les corresponda ejercitar estas competencias, así como ejecutar las sanciones”. Además de este decreto, el jefe de la USP indicó que la coordinación y la participación “son y serán elementos protagonistas en nuestra normativa. Crearemos una Comisión Mixta de Coordinación de la Seguridad Privada en Euskadi y una orden de menciones honoríficas, desarrollaremos el Plan Lagundu y llevaremos a cabo charlas sobre temáticas de interés como el islamismo radical, además de seguir apostando por centros formativos y despachos de detectives”.