Ocho frenos que lastran la descarbonización del parque inmobiliario

Desde la concienciación ciudadana hasta la innovación en materia de rehabilitación energética, pasando por las demoras en la concesión de subvenciones por parte de las administraciones, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) destaca ocho lastres que impiden alcanzar el ritmo de rehabilitaciones que necesita el parque edificado.

Con un parque edificado cercano a los cincuenta años de antigüedad y cerca de 20 de los más de 26 millones de viviendas existentes ineficientes energéticamente, la vivienda se mantiene en el tercer puesto del podio de emisiones contaminantes, sólo por detrás de la industria y los transportes.

El sector subraya que España debe multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones, pasando de las 30.000 a las 300.000 y, aunque 2023 se presentó como el escenario del despliegue de los Fondos Next Generation EU, que provocaría ese ansiado boom de rehabilitaciones energéticas, la inflación, la subida en el precio de los materiales y los evidentes retrasos en la concesión de las ayudas por parte de las administraciones hicieron que el sector cerrase por debajo del objetivo marcado.

En 2024 la incipiente aprobación de la Directiva Europea de Eficiencia (EPBD), tras el acuerdo alcanzado por el Parlamento y Comisión Europea en diciembre, marcará una pauta para todos los estados miembro que, tras su puesta en marcha, deberá trasponerse en los países de la UE.

Con el objetivo de crear una mayor conciencia en la población sobre la necesidad de reparar los daños causados por el hombre al planeta, los especialistas de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), entidad especialista en financiación sostenible, han elaborado una guía con ocho retos del sector en 2024.

El principal reto que administraciones y empresas tienen por delante para alcanzar la neutralidad climática en Europa es el aumento de conciencia entre los ciudadanos.

“Los ciudadanos siguen sin ser conscientes del beneficio directo que la rehabilitación energética genera sus viviendas, especialmente cuando esas actuaciones se realizan en el edificio. Faltan campañas estatales, vecinos motivados y mucha más sensibilización a los ciudadanos. Me atrevo a afirmar que el Ministerio de Vivienda podría impulsar un Think Tank con los agentes del sector trabajando en la misma dirección para abordar este problema”, afirma Cátia Alves, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación en UCI, que añade: “los planes de la Unión Europea son ambiciosos, pero nuestro parque inmobiliario aún está lejos de los objetivos y es necesario concienciar más allá de la simple transmisión de conocimientos, sino buscando impulsar un cambio de actitud”.

A estos perfiles, también se suma la falta de mano de obra en la construcción y la necesidad de perfiles cualificados y especializados en nuevos materiales y técnicas aplicadas en la rehabilitación energética. “La falta de mano de obra y que los jóvenes no muestren demasiado interés en trabajar en el sector provoca un problema de capacidad industrial, pues no existen tantas empresas que puedan realizar con garantía estas obras”, afirma Pingarrón.

Los ciudadanos continuarán beneficiándose de deducciones en el IRPF de obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de sus viviendas hasta diciembre de 2024, pero aún caben medidas similares a las existentes en los coches eléctricos “como la bonificación en el IBI y otros tributos en barrios o edificios descarbonizados de las ciudades”, afirma Ricardo Pingarrón.

Las nuevas construcciones pueden presumir de la innovación constante a través de nuevos métodos que requieren un menor consumo energético, como la construcción industrializada o la fabricación modular. Sin embargo, la directora de Sostenibilidad y Rehabilitación de UCI apunta a que “la innovación e industrialización para agilizar procesos en materia de rehabilitación energética son un nicho por explorar y para el que también se necesita financiación”.

“En España vivimos en altura. Somos el segundo país con más bloques de viviendas por lo que todas las expectativas están puestas en la sensibilización ciudadana, en la agilidad de las administraciones y en la llegada de la ansiada EPBD y lo laxa o exigente que sea su trasposición en nuestro país”, afirma Cátia Alves.