Inversores internacionales demandan la retroactividad en la fotovoltaica

Un grupo de inversores internacionales, amparándose en tratados internacionales, han presentado una demanda al Gobierno español ante un Tribunal en Londres en relación con el daño provocado por los cambios retroactivos introducidos en el régimen regulatorio con el que se remunera a los productores de energía fotovoltaica. Los inversores, representados por el despacho internacional de abogados Allen & Overy, han realizado inversiones por valor de 4.000 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos en España. Entre los inversores se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos de inversión especializados en energía, infraestructuras y tecnologías limpias.

Estos inversores actualmente gestionan más de 30.000 millones de dólares de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que juntos suman un capital total bajo gestión de más de 3 billones de dólares.

Estas peticiones van en línea con el malestar que han creado los cambios en la Comisión Europea, que recientemente ha expresado mediante una carta con fecha del 22 de febrero firmada por los Comisarios europeos Gunther Oettinger y Connie Hedegaard haciendo llegar al Ministerio de Industria su rechazo a los cambios retroactivos y condenando la aprobación de leyes por parte del Gobierno que pongan en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la UE. Las demandas de los inversores se amparan en el ‘Energy Charter Treaty’, un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético, en el que se encuentra el solar fotovoltaico. 51 países, entre los que se encuentran todos los países miembros de la UE, se encuentran entre los firmantes de dicho tratado.