Andimac alerta que, cada año, más de 200.000 viviendas que no se rehabilitan engrosan un parque ineficiente y en creciente riesgo de obsolescencia
La rehabilitación como solución para blindar el patrimonio estatal
La Asociación Nacional de Distribuidores de Materiales para la Construcción, Rehabilitación y Reforma (Andimac) urge a alcanzar un acuerdo de Estado en materia de rehabilitación edificatoria, para evitar sus derribos. La patronal estima que durante la próxima década más de la mitad del parque edificado español tendrá más de 50 años y un 40% más de 60, por lo que apuesta por políticas de rehabilitación y reforma.
En este sentido, lamenta que la tasa de rehabilitación en España apenas llegue al 0,12% del parque, cuando debiera situarse en el 1,2%. Por este motivo, Andimac alerta de que, cada año, más de 200.000 viviendas que no se rehabilitan engrosan un volumen de edificios descuidados y ajenos a toda intervención preventiva que, en el momento que urja intervenir sobre ellos, el sector no dispondrá de capacidad suficiente para atender esta demanda.
En este marco, la patronal recuerda que en nuestro país -según el Banco de España- la vivienda (42%) y las propiedades inmobiliarias (28%) representan el 70% de la riqueza total de las familias. Pues bien, Andimac asegura que las obras de rehabilitación y reforma resultan fundamentales para blindar el patrimonio inmobiliario de los españoles, ya que estos inmuebles comienzan a depreciarse con el paso del tiempo, si no se someten a un adecuado mantenimiento, sobre todo, desde el punto de vista de la eficiencia energética a corto plazo, pero también en aspectos como la propia seguridad a futuro, si no se interviene desde ahora.
Por ello, la asociación considera fundamental que los ayuntamientos impulsen los informes de evaluación de edificios (IEE): los documentos que avalan o marcan el camino, para garantizar el buen estado de conservación del inmueble y la eficiencia energética del mismo (entre otros aspectos) y que resultan imprescindibles para bloques que tienen más de 50 años de antigüedad. Y para asegurar este impulso considera necesaria una norma de ámbito estatal, que impida que los municipios no impongan este tipo de informes de evaluación.
Amenazas para el despliegue de los fondos europeos
En este sentido, considera que el despliegue de las ayudas comunitarias destinadas a obras de rehabilitación y reforma puede ser una oportunidad histórica. Sin embargo, desde Andimac se indica que el actual modelo requiere otorgar mayor seguridad, tanto al usuario final como al resto de agentes técnicos. Entre ellas, reducir la enorme dispersión de las ayudas, la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales en 2023 y, a nivel de CCAA, fomentar las preconcesiones y la seguridad jurídica en el ámbito de las declaraciones responsables. Y, sobre todo, adelantar la cuantía de las ayudas a los propietarios, dado que lo contrario impide o retrasa, significativamente, la toma de decisión, en especial en los colectivos más vulnerables, tanto por razones económicas como por edad.
Ante esta situación, la patronal aboga por la implantación de un mecanismo de transparencia a nivel nacional, que permita saber la evolución real y actualizada de los visados. En la actualidad, señalan desde Andimac, no existe información de esta naturaleza y, añaden, el modelo desarrollado a nivel local es una prolongación de todos los anteriores, por lo que acumula sus mismas deficiencias.
Una petición totalmente alineada con la que realizó la Comisión de la Unión Europea, que pidió una mayor colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de los fondos Next Generation.
La patronal también avisa de que este modelo disperso de ayudas puede acabar generando soluciones ineficaces e incompletas. Desde Andimac señalan que el objetivo de los fondos es llevar a cabo actuaciones integrales, no parciales. Y lamentan que la dispersión de las ayudas esté empezando a movilizar soluciones parciales en materia de ahorro energético, lo que además de insuficiente resulta contraproducente en el tiempo.
Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, “la única solución para evitar que a largo plazo el riesgo en materia de seguridad sea un problema social y económico pasa por una política preventiva bien diseñada de rehabilitación y fomento de la reforma de calidad. Esta política debería formar parte de un gran acuerdo de Estado, porque el riesgo futuro que afectará al conjunto de la sociedad española no podrá ser gestionado cuando el problema sea evidente”.
