La experiencia de Agremia como oficina de tramitación y gestión de las ayudas

Mucho se está hablando de la oportunidad que representan la llegada de los fondos europeos para avanzar en la descarbonización de los edificios residenciales.

No olvidemos que, según el INE, más de la mitad de los edificios se construyeron antes de 1980 y, en consecuencia, a la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los inmuebles. Hablamos de cerca de 5,5 millones de edificios y 9,7 millones de viviendas sobre las que hay que realizar algún tipo de rehabilitación energética.

Y es que, nuestro patrimonio inmobiliario, el de todos los españoles, se ha convertido en una máquina de derrochar energía: si analizamos la calidad constructiva de los inmuebles construidos a partir de su calificación energética, podemos observar que más del 81% de los edificios tienen una letra E, F o G, en términos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5% si hablamos de consumo energético.

En este camino hacia la descarbonización del parque residencial, el sector de las instalaciones y la energía tiene mucho que aportar. De hecho, es uno de los sectores mejor preparados para afrontar el gran reto de la rehabilitación energética.

Tanto es así que la aprobación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, introduce modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal, que regula el funcionamiento de las comunidades de propietarios.

Entre ellas, aporta una mayor flexibilidad de acuerdos en las juntas, que podrán ser adoptados por mayoría simple de los propietarios cuando se trate de actuaciones como la modificación de la envolvente del edificio para mejorar la eficiencia energética, la instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables (fotovoltaica, aerotermia, geotermia…) y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble.

En este mismo Real Decreto también se contemplan deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras de mejora de eficiencia energética en tres tramos (un 20%, un 40% y un 60%), que ha sido una medida históricamente demanda desde Agremia y que, sin duda alguna, impulsará la rehabilitación energética.

No obstante, es importante tener en cuenta que, para poder acogerse a tales deducciones, es necesario disponer de un certificado expedido por un técnico competente con posterioridad a la reforma en donde se refleje la mejora conseguida con respecto al certificado previo a la obra, igualmente.

En Agremia ponemos en valor la oportunidad que tiene nuestro sector para sacar pecho. Cualquier rehabilitación que busque una mayor eficiencia energética pasa por las manos de una empresa instaladora. Es por ello que el ámbito instalador es de los pocos sectores en los que los profesionales deben tener habilitaciones y carnés oficiales, válidos en todo el territorio español, para desempeñar su labor. También las empresas tienen que estar registradas en los diferentes organismos oficiales de cada CCAA. Todo ello obliga, en muchos casos, a un reciclaje continuo que hace que se afronte cualquier novedad reglamentaria o técnica con una profesionalidad probada.

La habilitación de los profesionales y de las empresas que integran este sector está regulada por los Reglamentos de Seguridad, Calidad industrial y Eficiencia energética (por ejemplo, RITE, Gas, Frío Industrial, Electricidad, etc.), por lo que el reciclaje profesional es continuo, asegurando su preparación y el conocimiento de la normativa.

Somos conscientes de que el sector de las instalaciones y la energía debe afrontar a corto y medio plazo un relevo generacional que preocupa enormemente. A pesar de ser un sector innovador y generador de empleo, no está atrayendo a jóvenes y profesionales de otros sectores; se necesitan técnicos cualificados para ejecutar y renovar las instalaciones energéticas (aerotermia, geotermia, fotovoltaica, etc.).

Según un estudio realizado por nuestra entidad y otras cuatro asociaciones, un 46% de las empresas buscó incorporar un profesional cualificado a su actividad durante 2020. Y, sin embargo, un 76% de los alumnos que cursan estudios de instalación y energía encuentra trabajo en seis meses, lo cual demuestra la eficacia de la especialización en nuestra materia.

La colaboración público-privada para la gestión de estas ayudas también será fundamental, y a todos los niveles administrativos, tanto autonómicos y locales, como estatales.

En Agremia tenemos y hacemos escuela. Son ya más de diez años gestionando planes de ayudas destinados al sector de las instalaciones y la energía, siempre en colaboración con diferentes administraciones e instituciones. Todo ello para que las empresas instaladoras puedan disponer de herramientas que aseguren que sus clientes tomen las decisiones para mejorar sus instalaciones, lo que es una importante garantía de cara al consumidor final.

Fruto de todo ese trabajo anterior, hemos sido designados como la entidad colaboradora del Ayuntamiento de Madrid para gestionar los planes de ayudas 2021-2023 (Plan Cambia 360) en lo que afecta a instalaciones de calefacción, climatización y puntos de recarga para el vehículo eléctrico.

Significativa por su alcance es la línea de ayudas destinada a la eliminación de las salas de calderas de carbón que aún quedan en Madrid, y que a falta de un censo oficial que lo avalase esperamos que fueran en torno a 100. Hasta el momento se han registrado más de 100 solicitudes para la sustitución de este tipo de instalaciones ineficientes que, según la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, tendrán que dejar de funcionar el 31 de diciembre de 2021.

No menos importante es la línea de ayudas para la instalación de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, sobre todo en comunidades de propietarios donde todavía tiene una escasa implantación. En este sentido, para la preinstalación eléctrica el Ayuntamiento destina 600.000 euros.

Para Agremia, que es el primer año que gestiona estas subvenciones, esta convocatoria ayudará a renovar no solo el parque de vehículos de la ciudad de Madrid, sino que favorecerá la reducción de emisiones del tráfico rodado y mejorará la calidad del aire.

Las ayudas concedidas, que se pueden solicitar hasta el 26 de noviembre, serán compatibles, además, con cualquier otra subvención pública para la misma inversión, como son las incluidas en el Plan Moves III en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, dada la gran experiencia que hemos atesorado en la gestión de ayudas, nos hemos convertido en oficina de tramitación de los diferentes planes de ayuda a nivel autonómico y nacional, de manera que nuestras empresas asociadas puedan ofrecer a sus clientes las ayudas existentes con la garantía y profesionalidad de una asociación como AGREMIA.

Las experiencias anteriores son solo algunas de las acciones colaborativas entre asociaciones y administraciones públicas que, desde nuestro punto de vista, tienen que ser replicadas por cuantas más instituciones y entidades mejor para que este programa de ayudas procedente de los fondos Next Generation EU sea un éxito en la actividad rehabilitadora de nuestro parque residencial. Y no solo eso, sino que tiene que servir para que se convierta en un modelo de colaboración para los siguientes años ya que las ayudas seguirán llegando y las tenemos que agotar con solvencia.

"El ámbito instalador es de los pocos sectores en los que los profesionales deben tener habilitaciones y carnés oficiales, válidos en todo el territorio español, para desempeñar su labor"