Los promotores andaluces demandan extender la ‘declaración responsable’ a la licencias de obras
Las promotoras andaluzas valoran muy positivamente los efectos del Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Una normativa que se aprobó en los inicios de la pandemia y que “ha supuesto un enorme empujón para el sector inmobiliario andaluz, pues acorta los plazos de ejecución y favorece la construcción de nuevas viviendas”. Así lo destacaron Zacarías Zulategui, Director Territorial de Grupo Insur; José María Pérez, Consejero Delegado de Grupo Rosmarino; Fernando Garcia Romero, CEO de Iniciativas Inmobiliarias y Jonás Balboa, Responsable de Desarrollo de Negocio de Q21 Real Estate, durante el I Webinar de Promotores Andalucía organizado por la plataforma de financiación participativa Urbanitae.
Para los participantes en el encuentro, una de las grandes aportaciones de la nueva legislación ha sido la aceptación de la declaración responsable como requisito para obtener la licencia de primera ocupación, puesto que ha permitido acortar mucho los plazos; si bien, también recalcaron la necesidad de aplicar esta figura para la obtención de la licencia de obras, un trámite que, en la mayoría de los casos, se prolonga un año y, en algunos casos específicos, llega a los dos. Asimismo, el proyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), actualmente en trámite, y que simplifica, agiliza y aclara la legislación urbanística y de ordenación del territorio, repercutirá muy positivamente en menores costes para el promotor y, por lo tanto, para el comprador, señalaron.
Los ponentes también aplaudieron el Real Decreto aprobado a finales de abril por el Gobierno andaluz para rebajar el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd). La reducción del tipo de gravamen general para los documentos notariales (Actos Jurídicos Documentados) del 1,5% al 1,2% es un aspecto muy importante que, según estos expertos, impulsará la reactivación del sector inmobiliario, gracias al abaratamiento de la tributación vinculada a la adquisición de viviendas de segunda mano e incentivará la oferta de obra nueva a precios más asequibles, con la reducción de los costes fiscales.
