El 59% de las empresas instaladoras y autónomos de la Comunidad de Madrid ha reducido su facturación entre un 70 y un 100% por la crisis de COVID-19
Tras la declaración del estado de alarma, el 59% de las pymes y autónomos del sector de las instalaciones han visto reducir su facturación entre un 70 y un 100% en la Comunidad de Madrid. Así se desprende del estudio sectorial realizado por la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) para analizar y valorar el impacto del COVID-19.
Del total de las respuestas recibidas (238), el 56% corresponde a pymes y el 44% a autónomos (con o sin empleados). Una distribución de la muestra que ayuda a comprender que, según este estudio, y pese a la situación económica, casi un 54% de los encuestados no haya presentado un ERTE o adoptado alguna otra medida de ajuste de plantilla.
Según Agremia, esta decisión se debe, fundamentalmente, a dos razones. “En un principio, y aunque se han flexibilizado las condiciones, las pymes no pudieron acogerse a un ERTE de fuerza mayor por considerarse 'esencial' la actividad instaladora (reparaciones urgentes y averías), permitiendo, en consecuencia, seguir trabajando en el sector”, destaca Emiliano Bernardo, presidente de Agremia. “Por otro lado, continúa, los autónomos, que no pueden presentar ERTES, han optado por esperar a que mejore la situación o bien han decidido aplicar reducciones de jornada de empleados, vacaciones acordadas o finalizaciones de contrato”.
Concretamente, el 23% de las pymes se acogieron a un ERTE por fuerza mayor y otro 7,5% a un ERTE por otras causas. Un 4,4% de los encuestados, por otro lado, han decidido cesar en su actividad y un 3% despedir a su plantilla.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno central y la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica de las pymes y autónomos, la percepción generalizada de los instaladores un 62% manifiesta no haber solicitado este tipo de ayudas. Del 38% restante de las empresas que sí lo han hecho, la fórmula más utilizada ha sido el aplazamiento de pagos (18%).
“Las ayudas o se agotaron en pocos días como el caso del Plan Impulsa de la Comunidad de Madrid, o se han dirigido mayoritariamente al cese de actividad de autónomos (CATA). Los instaladores reconocen no haber encontrado el apoyo deseado como empresa e, incluso, no consideran los préstamos ICO como una ayuda real”, argumentan desde Agremia.
La Asociación recuerda que ha demandado al gobierno regional un fondo de liquidez inmediata para autónomos y pymes, considerando insuficiente la ayuda parcial al pago de las cuotas de Seguridad Social articulada a través del Plan Continúa. Por lo que respecta a las peticiones que ha realizado al consistorio madrileño, destaca la necesidad de diseñar estrategias de empleo y programas de ayudas que atiendan de forma específica las particularidades del tejido productivo del sector instalador y refuercen las líneas estatales o autonómicas.
