La correcta rehabilitación del parque edificatorio español podría reducir hasta en un 92,5% el consumo energético del país
La legislación española que regula la edificación y rehabilitación por cuanto compete a las materias de medio ambiente y sostenibilidad está muy lejos de ser una palanca de cambio hacia la verdadera estandarización de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) en España.
Un ejemplo de la falta de efectividad de la actual legislación podemos encontrarlo en la reciente y más que difusa e interpretable definición de ECCN que hace el Gobierno Central en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero de 2018, donde se establecen como los requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios aquellos que “en cada momento, se determinen en el Código Técnico de Edificación” (en adelante CTE).
Según esta Disposición, España establece hoy como ECCN aquél que presenta una demanda teórica para calefacción entre 15 y 70 kilovatios hora por metro cuadrado y año [kWh/m2 año]. Algo paradójico cuando hay estándares de construcción sólidos, maduros y eficazmente probados en numerosos países del mundo, entre ellos España, que garantizan una demanda inferior a 15 kWh/m2 año, lo que se traduce en un consumo energético notablemente inferior, en torno a un 85% de reducción sobre el actual DB-HE1.
Uno de los objetivos prioritarios de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es lograr que se modifique la actual definición de ECCN realizada por el Gobierno Central y que esta se aproxime lo más posible a los estrictos límites que establece el estándar Passivhaus, uno de los más completos y exigentes del mundo en edificación energéticamente eficiente
Para Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus, “es importante afinar las herramientas de medición y promover aquellas construcciones que sean realmente más acordes con los parámetros de consumo casi nulo. Y aquí es fundamental el protagonismo de la Administración Pública en un amplio abanico de papeles, entre ellos, los de usuario, técnico y legislador. Además su rol de divulgación y transmisión de conocimiento en materia de construcción y rehabilitación hacia el consumo casi nulo es fundamental”.
El estándar Passivhaus certifica únicamente edificaciones que logran garantizar una demanda energética para calefacción y refrigeración menor o igual a 15 kWh por m² al año; una demanda de energía primaria menor o igual a 120 kWh por m2 año; y la práctica ausencia de infiltraciones de aire en el interior de la vivienda o edificio (menor o igual a 0,6 renovaciones/hora a 50 pascales de presión comprobada mediante ensayo Blowerdoor).
La capacidad de los edificios pasivos para la reducción de emisiones a la atmósfera es muy alta. Y mucho más eficientes y oportunos en cuanto a consumos máximos de energía por metro cuadrado y año (15 kWh) que los entre 15 y 70 kWh por metro cuadrado y año que supone como “adecuados” actualmente el CTE para un Edificio de Consumo Casi Nulo.
La reducción de consumo de un edificio certificado Passivhaus frente a lo que marca el CTE se acerca al 85%. Este dato podría ser cercano al 92,5% en caso de rehabilitación del parque edificatorio existente en España, donde podemos partir de valores iniciales de consumo entre 150 y 200 kWh por metro cuadrado al año.
Para Uriarte, “queda mucho por hacer, en muchos niveles, y es también fundamental incluir en la legislación un área que exija que los requisitos sobre consumo casi nulo deben ser medibles y constatables para que el usuario sepa lo que está comprando y tenga conocimiento de las prestaciones de un determinado edificio. Si construimos edificios con prestaciones Passivhaus estaríamos reduciendo de forma importante el consumo de energía, que posteriormente es contaminación ahorrada”.
Finalmente, desde PEP se incide en que la concienciación de la población es también un punto clave y ha de abordarse en toda nueva legislación ya que la historia ha demostrado que una parte importante de las soluciones, en distintas problemáticas, han nacido de la concienciación de las administraciones públicas y de la ciudadanía sobre ellos. Se deben explicar los conceptos de forma precisa y, con datos, aportar riesgos y consecuencias de un mal uso de los recursos y las energías. Las futuras generaciones deben ser las principales protagonistas.
