La política fiscal, herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de 2030

La Fundación Renovables presentó el 14 de marzo en Madrid 'Hacia una Transición Energética Sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales', un documento que recoge más de doscientas medidas “que deben adoptarse de forma urgente e ineludible, tomando 2030 como año de referencia, pues (…) para esa fecha deberíamos haber iniciado el giro radical en la forma de relacionarnos con la energía que reivindicamos”.

“En su contribución al debate nacional sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Fundación Renovables señala que para alcanzar en 2050 la descarbonización no solo de nuestro sistema energético, sino de la economía en general, es fundamental pisar el acelerador desde el momento actual y no dejar el esfuerzo principal para las últimas dos décadas”, informó el colectivo en una nota de prensa.

En opinión de Fernando Ferrando, presidente de la Fundación “se trata de una propuesta proactiva, justa, viable económica y tecnológicamente, es global, es estructural y no oportunista”.

Las propuestas de política energética “parten del convencimiento de que para luchar contra el cambio climático en lo global y contra las graves disfunciones del sistema energético en nuestro país, así como para lograr una significativa reducción de las emisiones, es imprescindible actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada, por eficiencia y por emisiones cero en consumo, y sobre la oferta, sustituyendo las fuentes de energía fósil y la energía nuclear, de las que dependemos y que son ineficientes, peligrosas y medioambientalmente no sostenibles por energías renovables”.

El estudio “realiza un completo análisis, a través de una detallada propuesta prospectiva, que abarca acciones vinculadas a la demanda (actuaciones urbanas, pobreza energética, edificios, movilidad, transporte y autoconsumo), a la oferta (Plan de Energías Renovables, plan del cierre del carbón y nucleares) y otras transversales (reforma del sector eléctrico, la fiscalidad como herramienta prioritaria y la participación ciudadana)”.

Para la Fundación Renovables la ciudad será el escenario del cambio energético, puesto que en ellas reside el 80% de la población de España y es el entorno en el cual se consume el 75% de la energía. La propuesta, no obstante, no se limita a considerar la ciudad exclusivamente como consumidor de energía sino en una cuádruple vertiente: como prestadora de servicios (consideración de la energía como servicio público); como propietaria de activos (ayuntamiento como inversor en materia energética); como promulgadora de normas (sobre energía, edificación y movilidad) y como entorno participativo (difusión de buenas prácticas).

La Fundación Renovables parte de una declaración de principios y valores cuya base es la consideración de la energía como un bien básico, no solo como un negocio. Dentro de sus prioridades, la declaración establece la lucha y resolución de la pobreza energética, “muestra clara de que nuestro modelo energético no funciona socialmente”, y lo hace mediante el establecimiento de una tarifa social y la puesta en marcha de un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas vulnerables. Todo ello sin obviar la consideración de la cobertura energética como un servicio público de los ayuntamientos para contribuir a la erradicación de esta lacra social.

El estudio incluye un capítulo dedicado a la actuación energética en edificios. En él se propone llevar a cabo un exhaustivo Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, diseñado para rehabilitar 500.000 viviendas al año (un 3% del parque de 1ª vivienda) y de edificios públicos (el 5% de ellos cada año).

Para la electrificación de la demanda, en lo que concierne a los edificios, se contemplan numerosas actuaciones entre las que destacan la eliminación del consumo de combustibles fósiles con una apuesta por sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor, la prohibición de sistemas de calefacción con calderas de carbón a partir de 2021 y con calderas de gasóleo a partir de 2025.

En cuanto a la movilidad urbana, “nuestro planteamiento se basa en una actuación modal en la que la peatonalización, el fomento del uso de la bicicleta y del transporte público, la total electrificación de la red ferroviaria en 2015 y la implantación del vehículo eléctrico (prioritariamente para uso compartido) sean los principales ejes”.

Así, se fija para 2025 la prohibición de la circulación de vehículos diésel en la ciudad y que en 2030 el 60% de los nuevos vehículos sean eléctricos, porcentaje que supondría alcanzar una cuota del 30% del total de los vehículos en circulación (5 millones de vehículos eléctricos) con una reducción del parque automovilístico de un 15%.

Respecto al autoconsumo, la Fundación Renovables se reafirma en exigir la derogación del Real Decreto 900/2015, en simplificar los procedimientos administrativos y en fomentar la incorporación de baterías y, especialmente, el desarrollo del autoconsumo compartido. El objetivo es que en 2030 la generación distribuida alcance el 10% de la cobertura de la demanda de electricidad.

El modelo de oferta energética defendido por el colectivo “tiene su base en el desarrollo de las energías renovables, con el objetivo de que cubran en 2030 el 50% de la demanda final de energía y el 80% de la generación de electricidad, lo que multiplica por tres la producción eléctrica con energías renovables. De acuerdo a esta previsión, la generación de energía eléctrica con renovables debe alcanzar en ese año los 297 TWh, cifra que supondría un incremento, con respecto a 2015, de 194 TWh.

La Fundación Renovables considera “ineludible” el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón que, en todo caso, debe concluirse, “como máximo”, en 2025. En paralelo, propone eliminar todas las subvenciones nacionales existentes al carbón, mientras que se deberían elaborar planes de transición justa de acuerdo con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En cuanto a las centrales nucleares, también apuesta por el cierre programado de todas ellas, una vez haya finalizado la licencia administrativa en vigor para cada una de ellas, por lo que, de acuerdo a este criterio, en 2024 cerraría la última de las instalaciones de este tipo.

En el ámbito de la fiscalidad, la Fundación Renovables considera que “es necesario utilizar la política fiscal como herramienta para favorecer aquellas prácticas que se deben fomentar y penalizar las que se quieran limitar”.

Una de las principales medidas propuestas es modificar el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), aumentando el gravamen de los combustibles derivados del petróleo (5 céntimos por litro) y del gas natural (1 euro por MWh). Según los cálculos de la Fundación Renovables, con este aumento se podrían recaudar unos 3.500 millones de euros que se destinarían, propone el colectivo, al desarrollo de planes urbanos; la rehabilitación de viviendas; la sustitución de calderas por bombas de calor; el progreso en domótica o instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, entre otras actuaciones.