Rehabilitación energética o renovación de edificios

Rehabilitar es dotar de nuevas capacidades y nuevas aptitudes que determinen la calificación de un edificio. La rehabilitación es un concepto más profundo que la reforma o renovación de un edificio. Un plan de rehabilitación no puede ser únicamente un instrumento para la reactivación del sector de la construcción sino un instrumento para gestionar, de la forma más innovadora y eficiente, los recursos que afectan a los costes de explotación de los edificios y el principal de ellos, la demanda energética.

La “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España”, presentada por el Ministerio de Fomento a la Comisión Europea en cumplimiento del artículo 4 de la Directiva de eficiencia energética, es un documento que persigue la rehabilitación de los edificios pero sin referirse en ningún momento a la política energética. Prescindir de la estrecha relación entre las actuaciones de rehabilitación y las medidas de política energética es un error de concepto que impregna todo el documento en el que no aparece ninguna mención a la reforma energética ni propuestas de regulación eléctrica que promuevan la reducción de los costes energéticos en la edificación, y menos un cambio de fuentes de energía.

La Estrategia parte del reconocimiento de que la rehabilitación es “una ventaja competitiva cuando se dispare el precio de la energía en los próximos años” por “la incertidumbre que supone la dependencia de los combustibles fósiles por escasos y los precios incrementados que se espera tengan por su extracción”, lo que obliga a anticiparse y “acercarse al autoabastecimiento de energía con recursos renovables y locales y a la neutralidad en carbono”. En ese escenario, “la rehabilitación en época de crisis tiene un efecto anticíclico sobre la economía general mediante la dinamización de la economía local”.

Este planteamiento se contradice con el voto en contra del Ministerio de Industria a la Directiva de eficiencia energética, en octubre de 2012, justificado, entre otros argumentos, en que retrasaría la reactivación del sector de la construcción y la recuperación económica. La contradicción entre el plan de rehabilitación del Ministerio de Fomento y la reforma energética del Ministerio de Industria es el primer gran obstáculo para que la oportunidad que representa la Estrategia se aproveche en su totalidad y consiga su objetivo de ahorrar energía en los edificios.

El análisis de rentabilidad de la rehabilitación parte de considerar un 25% de subvenciones directas que deberán ir reduciéndose a medida que los ahorros energéticos cubran el 100% de la inversión en rehabilitación. Se proponen reducciones cercanas al 70% y 80% del consumo energético de las viviendas “mediante inversiones que pueden ser amortizadas con los ahorros en la factura de energía para los escenarios futuros más probables de precios de energía y con las ayudas y marcos de financiación adecuados”.

La Estrategia se pronuncia a favor de rehabilitaciones profundas que son más costosas pero más rentables a largo plazo por los mayores ahorros generados. Por eso “es necesario que las actuaciones de más rápida amortización hagan viables las de más lenta recuperación de la inversión (en una rehabilitación profunda), y puedan ser englobadas en productos financieros con periodos de retorno cercanos a los de la inversión inmobiliaria”.

La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas es el antecedente que sirve de justificación a la Estrategia al eliminar trabas y crear mecanismos que la hagan viable. En el artículo 3 h) de la Ley 8/2013 se establece como uno de los fines de las políticas públicas para el medio urbano “priorizar las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la eficiencia y ahorro energético”. En su artículo 10.4 se impulsan las actuaciones de eficiencia energética en espacios que consigan reducir un 30% la demanda energética anual basando su financiación en los contratos de servicios energéticos mediante los ahorros en la factura energética.

Tanto la Ley 8/2013 como la Estrategia de rehabilitación necesitan para poder cumplir sus objetivos un marco regulatorio del sector eléctrico muy diferente al que ha establecido la reforma energética. El uso de las renovables en la edificación solo resulta comprensible desde la posibilidad de generación en los propios edificios, es decir, del autoconsumo. La financiación de las inversiones en eficiencia energética a través de los ahorros en la factura de la luz solo es viable con un término fijo de potencia más bajo que el que mide el consumo.

Se plantean tres tipos de actuaciones: las que se refieren al uso y gestión de los edificios que pueden proporcionar entre un 10% y 30% de ahorro, las actuaciones sobre la envolvente del edificio que pueden alcanzar hasta un 50% de ahorro y las mejoras de las instalaciones térmicas con un ahorro menor. En estas actuaciones se ha decido no considerar los sistemas de gestión inteligentes por su elevado coste, tampoco se considera la entrada de renovables por su dificultad de amortización, como tampoco se tienen en cuenta los ahorros en emisiones de CO2 por falta de instrumentos para calcular su capitalización. En consecuencia, para los menús de intervención en los sistemas de climatización se recomienda el gas natural en los entornos urbanos y la biomasa en entornos rurales.

Las buenas intenciones de la Ley 8/2013 de rehabilitación se han estrellado en la Estrategia un año después y la reforma eléctrica va a rebajar la calidad de la rehabilitación energética a una reforma edificatoria. Seguramente esta es la Estrategia de rehabilitación que habría que haber hecho en siglo XX. Lo peor es que dentro de pocos años habrá que hacer la del siglo XXI que contemple todo lo que ésta ha desconsiderado y si, como se afirma ahora, los precios de la energía se van a disparar en los próximos años, no solo se habrá pedido mucho tiempo sino mucho dinero de los consumidores y contribuyentes.