Las renovables sufrirán en 2014 un recorte de más de 3.400 millones de euros sobre los ingresos previstos

Las asociaciones de renovables de ámbito estatal, Anpier, Appa, Protermosolar y Unef se han reunido en Madrid para denunciar que la propuesta de Orden de parámetros retributivos y el Real Decreto sobre renovables, de inminente aprobación, culmina "la estrategia contra el sector de las energías renovables iniciada por el Gobierno nada más llegar al poder". Según denuncian, "su primer Real Decreto-ley ha estado encaminado a aniquilar al sector renovable. El Gobierno ha demostrado una total falta de visión de futuro pues no ha presentado una reforma en profundidad del sistema eléctrico y se ha limitado a poner en marcha medidas meramente recaudatorias, que recaen fundamentalmente sobre las energías renovables y los consumidores".

Todos los ponentes durante su exposición en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa.

En la Asociación de la Prensa de Madrid se han dado cita algunos de los representantes de las energías renovables en España. José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-Appa; José Donoso, director general de Unef; Miguel Ángel Martínez-Aroca presidente de Anpier; Luis Crespo, secretario general de Protermosolar; Manuel García, presidente de Appa Biomasa; y Santiago Gómez, presidente de Appa Eólica. Todos ellos han denunciado el ataque del Gobierno en lo que ellos denominan "un maltrato a las renovables”, según palabras de Villarig. “Recriminamos al Gobierno que no haya hecho un diagnóstico real y que esté menospreciando a las renovables. Si no cambian las cosas se va a quebrar fuertemente este sector”.

Según se indicaba en la rueda de prensa, la citada Orden es un documento confuso de más de 1.500 páginas que añade más incertidumbre a un sector con "una regulación caótica" y que es un ejemplo más de la improvisación con la que actúa el Ministerio de Industria en un sector especialmente castigado por la regulación del Gobierno. De no modificarse la Orden en sus términos actuales, las asociaciones de renovables recurrirán esta normativa ante la Comisión Europea y ante todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales.

Edificio de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, ha declarado que “el nivel de seriedad del PP es nulo, nos han humillado pero que sepan que esto no les va a salir gratis”. Durante su intervención Martínez-Aroca hizo hincapié en que “detrás de los recortes del Partido Popular hay familias, 55.000, que hoy en día se encuentran arruinadas, las cuales confiaron en lo que el panfleto del Idae del año 2006 les prometía, animándoles a invertir masivamente en la industria fotovoltaica”.

Del mismo modo ha denunciado que el Tribunal Supremo se pronunció al respecto manifestando que esas familias tenían que haber sabido que había un riesgo regulatorio. La situación es de tal magnitud que el mismo presidente de Anpier, que representa a las familias afectadas, asegura que van a "promover las movilizaciones sociales y acudiremos a todos los tribunales competentes tanto de España como de Europa”.

Tanto Anpier, como Appa, Unef, y Termosolar denuncian la falta de transparencia del Ministerio de Industria al no facilitar toda la información sobre la que se basan los cálculos de las retribuciones que incluye la citada Orden, lo que provoca la indefensión de los diferentes agentes para hacer las alegaciones pertinentes a la CNMC. Igualmente han criticado a aquellas empresas de renovables españolas que optan por sacar fuera la mayor parte de sus inversiones en vez de permanecer en España, puesto que "la unión hace la fuerza".

En lo que a las renovables se refiere, el ajuste de las medidas llevadas a cabo desde 2011, junto con lo contemplado en la propuesta de Orden, reducirá los ingresos previstos por el sector para 2014 en más de 3.400 millones de euros. Esto, sin tener en cuenta la reducción de ingresos derivada de la obligación de venta a tarifa regulada aplicada desde enero de 2013.

Intervención de José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-Appa.

Las asociaciones de renovables se preguntan "a qué intereses sirve un Gobierno que en su objetivo de acabar con el llamado déficit de tarifa, y bajo la excusa de reducir el precio de la electricidad, sólo ha venido actuando contra las tecnologías del ya extinto Régimen Especial y, especialmente, contra las energías renovables, las grandes damnificadas de su pretendida reforma energética".

A pesar de los recortes de todo tipo aplicados a las renovables, el Gobierno ha sido incapaz de atajar el déficit de tarifa. Un déficit que la CNMC cifra en 4.098 millones de euros para 2013, sobre el que el Régimen Especial y las renovables no tienen responsabilidad alguna, ya que su retribución en el citado ejercicio ha sido 656 millones de euros inferior a la prevista por el Ministerio.

Según denuncian las asociaciones de renovables, "sobre la base de un diagnóstico equivocado, el Gobierno ha asumido como suyos los planteamientos de los lobbies eléctricos tradicionales, cuyo objetivo es sacar del sistema eléctrico toda la potencia renovable posible para hacer hueco a sus infrautilizados ciclos combinados de gas (en la última década se han instalado más de 27.000 MW, cuando con poco más de 6.000 MW habría bastado para cubrir las necesidades del sistema eléctrico). Los ciclos combinados de gas han sido desarrollados por libre iniciativa empresarial y su coste de inversión en un 40% está siendo subvencionado y soportado por los consumidores eléctricos a través de los llamados pagos por capacidad".

Foto de grupo con los conferenciantes.

El Gobierno identificó las primas a las energías renovables como principales causantes del déficit de tarifa y toda su política ha estado encaminada a recortar sus ingresos mientras mantiene intactos muchos de los privilegios de las eléctricas tradicionales. Así, ha acabado con el Régimen Especial pero sigue sin acometer la reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la antigua CNE. Una falta de competencia que sigue permitiendo una desproporcionada retribución con relación a sus costes de generación de tecnologías como la nuclear y la gran hidráulica, que incrementa la factura de la electricidad y que finalmente tienen que soportar empresas y particulares.

Las asociaciones de renovables piden al Gobierno, una vez más, que saque de los costes del sistema partidas que nada tienen que ver con la generación eléctrica, como son los costes extrapeninsulares, los pagos por interrumpibilidad, innecesarios en un sistema con exceso de capacidad como el español, y que, por la misma razón, suprima los pagos por capacidad a las eléctricas. Asimismo, requieren al Ejecutivo que, ante la falta de competencia, saque del mercado eléctrico a las mencionadas tecnologías y sean retribuidas con la misma rentabilidad ‘razonable’ aplicada a las tecnologías renovables.

Anpier, Appa, Protermosolar y Unef, acusan que toda la normativa del Ministerio de Industria obedece a una estrategia diseñada para sustituir la generación renovable por generación de origen fósil. Con ello, ha cambiado los parámetros sobre los que se hicieron las inversiones, lo que ha traído al sector una continua inseguridad jurídica, con medidas retroactivas que han desembocado en que España sea el país desarrollado del mundo con más litigios internacionales.José Donoso, director general de Unef, ha declarado que “el PP está llevando a cabo una política orientada hacia la recaudación y que ahora está improvisando sobre la marcha” y ha dejado claro han dado propuestas y alternativas al Gobierno pero no se les han dado esa posibilidad de diálogo. “900 millones al año ha perdido nuestro sector, lo que es un recorte muy importante”.

"Las renovables, tanto empresas como particulares, sabrán ahora y ‘gracias’ a la propuesta de retribución de la Orden, diseñada sobre la base de la llamada rentabilidad razonable, si acertaron o no con las inversiones realizadas hace cuatro, diez o más de veinte años. Algunos ya lo están comprobando, pues con las normativas en curso ya han tenido que renegociar la financiación de sus proyectos con los bancos y, muchas empresas y familias, están viendo de cerca la ruina al comprobar cómo están perdiendo su patrimonio", se denunciaba en la rueda de prensa.

Una vez concluida la rueda de prensa se pasó a un turno de preguntas.

Las medidas del Gobierno para acabar con el déficit de tarifa se han cebado con el Régimen Especial y especialmente con las energías renovables -únicas fuentes de generación autóctonas con las que cuenta nuestro país-, que han recibido un trato discriminatorio con relación a otros agentes del sector eléctrico. Un ejemplo más es la reciente propuesta de Orden de Peajes, que confirma los recortes retroactivos a las renovables y, por el contrario, mantiene y en la mayoría de los casos incrementa, la retribución del resto de costes regulados, algo inexplicable en la situación económica actual. A modo de ejemplo, la propuesta de Orden de Peajes prevé incrementar para 2014 un 30% la retribución al Operador del Sistema (REE) y un 8% la del Operador del Mercado (Omie), algo totalmente inadmisible en el escenario económico actual.

"De no modificar su estrategia, el Gobierno acabará definitivamente con un sector rentable para España, tanto ambiental como económicamente", concluyen las asociaciones. Un sector que llegó a superar los 137.000 empleos y que en 2012 ya había perdido más de 23.000. En el periodo 2005-2012, las renovables redujeron la balanza energética española en más 15.300 millones y evitaron emisiones contaminantes por valor de 3.100 millones de euros. En esos años, las energías renovables ahorraron a los consumidores más de 32.500 millones en el mercado eléctrico.