La Guardia Civil desarticula una red delictiva internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos urbanos procedentes de Italia
En el marco de la Operación ‘Rifiuti’ la Guardia Civil ha detenido e investigado a quince personas físicas y siete jurídicas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos de origen urbano. La Benemérita asegura en una nota de prensa que toneladas de residuos urbanos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos eran depositados diariamente de forma descontrolada en localidades de Tarragona y Cuenca procedentes de Italia.
Las personas investigadas, añaden desde el cuerpo armado, habían cobrado más de 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas “que habrían contratado sus servicios para deshacerse de los residuos. A estas personas se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización delictiva, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental”.
Las investigaciones comenzaron tras detectarse la entrada de residuos en España cuya documentación podría estar falsificada y que serían destinados a vertederos sin haber sido tratados previamente. Las primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y con sede en Cataluña y Castilla-La Mancha que comerciaban a grandes niveles con residuos procedentes del país transalpino.
Más de 40.000 toneladas desde 2021
La investigación permitió verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a vertederos. Estas cantidades de residuos urbanos de origen italiano arrojados ilegalmente en vertederos españoles habrían superado las 40.000 toneladas al año desde el año 2021.
A pesar de que las empresas italianas eran contratadas para la gestión de residuos urbanos, desviaban su eliminación hacia España para ahorrar costes, “lo que habría reportado unos ingresos millonarios a costa de la Hacienda italiana. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 19 millones de euros en los últimos cuatro años”, añaden las mismas fuentes.
Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales, cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada país se haga cargo de sus residuos. En este sentido, la Guardia Civil añade que “España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos, siendo obligación de las autoridades italianas la gestión y eliminación de residuos generados en núcleos urbanos”.
Operaciones nunca realizadas
El procedimiento de esta red consistía en interponer una serie de empresas entre el productor italiano y el vertedero español. Estas empresas simulaban llevar a cabo diferentes tratamientos y operaciones que nunca se realizaban, para que, al menos a nivel documental, pareciese que todas las tareas se hacían ajustándose a la legislación vigente. Con ello, además, se garantizaba que la autoridad de control española, la Agencia de Residuos Catalana, expidiese las preceptivas autorizaciones esquivando todo tipo de oposición.
El resultado práctico de esta forma de proceder es que a diario se enterraban en vertederos situados en las provincias de Tarragona y Cuenca toneladas de residuos urbanos de todo tipo provenientes de Italia —incluyendo residuos peligrosos y tóxicos— “lo que puede generar un daño en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes”, explican desde el instituto armado.
En el marco de la operación, agentes de la Guardia Civil practicaron cinco entradas y registros en sedes de personas jurídicas de Lleida, Constantí y Riba Roja D'Ebre, en Tarragona, y Almonacid del Marquesado, en Cuenca, en las que se intervino diverso material informático. Además, se tomaron muestras de los residuos trasladados hasta los citadas vertederos, que ayudarán a continuar con el esclarecimiento de los hechos ilícitos, añaden desde la Benemérita.
La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de los inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a los investigados que forman parte del patrimonio obtenido mediante la actividad ilícita, de cara a una futura restitución del daño generado.
Cuarta actividad delictiva más importante del mundo
En mayo de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó las prioridades en materia de lucha contra la delincuencia grave y organizada durante el ciclo 2022-2025 (Empact). Así, se adoptaron diez prioridades, una de las cuales es la de los delitos contra el medio ambiente, entre cuyos objetivos se encuentra desarticular “redes delictivas implicadas en todas las formas de delitos contra el medio ambiente, concentrándose especialmente en el tráfico de residuos y de flora y fauna salvajes”, se afirma en la nota de prensa. Otro de los objetivos es desarticular “las redes delictivas y los empresarios con capacidad para infiltrarse en estructuras empresariales legales de alto nivel o para crear empresas propias con el fin de facilitar sus delitos”.
Este tipo de delincuencia crece a un ritmo comprendido entre el 5% y el 7% anual, siendo la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona y desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Además, ha contado con el apoyo de Europol. También han participado unidades de la Guardia Civil de Lleida, Tarragona y Cuenca.
