La Guardia Civil desarticula una “organización criminal internacional” dedicada al tráfico ilícito de residuos peligrosos de origen urbano

En el marco de la operación ‘Poubelle’ la Guardia Civil “ha detenido o investigado a 19 personas físicas y seis jurídicas pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos peligrosos de origen urbano”. Estos residuos, señalaron en una nota de prensa fuentes de la Benemérita, eran trasladados desde Europa hasta vertederos de Zaragoza y Lleida, amparados bajo documentación falsificada y sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento.

A los detenidos se les “acusa de varios delitos de pertenencia a organización criminal, contra los recursos naturales y el medio ambiente y falsedad documental”.

Las investigaciones comenzaron fruto de la colaboración internacional, en el control de los residuos en frontera, al detectarse un tránsito inusual de camiones cargados con residuos urbanos provenientes de Europa con destino a empresas españolas. Unas primeras indagaciones permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y establecidas entre el sur de Francia y Cataluña y Aragón, que comerciaban a grandes niveles con residuos procedentes de Europa.

Esas investigaciones permitieron verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización, pero que, en lugar de someter la carga a procesos de valorización, era redirigida directamente a un vertedero en Zaragoza.

Una vez identificada la trama completa, se comprobó cómo se realizaban contratos internacionales para la gestión de residuos urbanos, ofreciendo precios muy por debajo de mercado. Se estima que la organización criminal habría ingresado más de 16 millones de euros, desde 2020, cifran fuentes del instituto armado.

“Estas prácticas contravienen la legislación y los sistemas de control medioambientales cuyo espíritu reside en el principio de proximidad y en que cada uno se haga cargo de sus residuos. De este modo, España no puede admitir la entrada de este tipo de residuos para su eliminación en vertederos. Por ello, el procedimiento consistía en interponer una serie de empresas entre el productor y el vertedero español, que simulaban diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas, para que, al menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde con la legislación vigente”, explican las mismas fuentes.

“El resultado es que diariamente se enterraban en Zaragoza toneladas de residuos de todo tipo, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, provenientes de Europa, todo ello a costa de un daño casi irreparable en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes”.

Se han practicado seis entradas y registros en domicilios y sedes de personas jurídicas de las localidades de Fraga (Huesca), Terrassa (Barcelona) y Alcañiz (Teruel) en los que se han intervenido diez teléfonos móviles, seis discos duros, cuatro ordenares portátiles, nueve ‘pen drives’, tres tarjetas de memoria, diversa documentación, 24.870 euros en efectivo y se ha realizado el volcado de las bases de datos y de los correos electrónicos de las personas jurídicas investigadas, así como de los detenidos. También se ha inspeccionado un vertedero ilícito en la localidad de Seròs (Lleida) y dos camiones para el traslado de residuos.

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en centro penitenciario de dos de las personas detenidas, líderes del entramado criminal en España, además del bloqueo de cinco bienes inmuebles y quince bienes muebles (cuatro coches, cinco motocicletas y seis máquinas pesadas para el tratamiento de residuos). Asimismo, se han localizado hasta 34 cuentas bancarias utilizadas para el alojamiento y reconversión de los beneficios ilícitos.

En mayo de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó las prioridades en materia de lucha contra la delincuencia grave y organizada durante el ciclo 2022-2025 de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (Empact). En total, diez prioridades fueron adoptadas; entre ellas, “se encuentra la de delitos contra el medio ambiente y, como objetivo, el de desarticular las redes delictivas implicadas en todas las formas de delitos contra el medio ambiente, concentrándose especialmente en el tráfico de residuos y de flora y fauna salvajes, así como en las redes delictivas y los empresarios con capacidad para infiltrarse en estructuras empresariales legales de alto nivel o para crear empresas propias con el fin de facilitar sus delitos”, añade la Guardia Civil en la nota de prensa.

Este tipo de delincuencia crece a un ritmo comprendido entre el 5% y el 7% anual, siendo la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.

Estudios recientes estiman que los ingresos anuales derivados únicamente del mercado ilícito de residuos en la UE están entre 4.000 y 15.000 millones de euros y que, a pesar de los daños que causan, los infractores corren poco riesgo de ser detectados, y los riesgos de verse sometidos a juicios y sanciones.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Fraga (Huesca), coordinada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil apoyada por Europol.

También ha participado el servicio cinológico central y de Barcelona, la Usecic de Zaragoza, el Edite de Huesca, tráfico de Zaragoza y la Uprona de Barcelona.