Novedades legislativas del sector residuos que toman forma en 2023

Consecuencias impositivas inesperadas

Uno de los que tiene mayores consecuencias es el nuevo impuesto que grava la entrega de residuos para su eliminación en vertederos y la eliminación o valorización energética en instalaciones de incineración y de coincineración. Este impuesto de ámbito nacional está vigente desde el 1 de enero de 2023 y busca fomentar la prevención, preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos bajo el principio de que “el que contamina, paga”.

Lo cierto es que en estas primeras semanas de aplicación son muchas las dudas que suscita este impuesto. La primera de ellas es que las instalaciones de vertido, incineración y coincineración van a tener que pagar y asumir el riesgo de una adecuada gestión de esta recaudación pese a no ser los productores del residuo. De hecho, un gestor intermedio será quien, en muchas ocasiones, entregará el residuo a estas instalaciones y eso hará que recaiga sobre él el impuesto. Por tanto, este tipo de instalaciones y los gestores se convierten en sustitutos del contribuyente, recaudadores del impuesto y aumentan su responsabilidad fiscal, lo que puede implicar sanciones si ese impuesto no se recauda o si las exenciones no se aplican adecuadamente.

Y la otra gran duda es qué cuantía se va fijar en cada una de las comunidades autónomas, porque la ley contempla que puedan gestionarla e incrementarla. A día de hoy, se ha cedido su gestión a las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Valencia y, en el caso de Andalucía, las funciones de su aplicación las continuará realizando la Agencia Tributaria hasta que sean asumidas por la Junta de Andalucía.

Por otro lado, es importante destacar que quedan excluidas del ámbito del impuesto las emisiones a la atmósfera; los suelos excavados que no superen los criterios y estándares para ser declarados suelos contaminados; residuos radioactivos; explosivos desclasificados; determinados residuos agrícolas o silvícolas no peligrosos (materias fecales, paja u otro material natural); aguas residuales; subproductos animales; cadáveres de animales; residuos resultantes de la prospección, extracción, tratamiento o almacenamiento en actividades mineras; determinadas sustancias que se utilizan como materia prima para piensos y alimentos. En este sentido, resulta paradójico que no se haya aplicado la exención de este impuesto al amianto. Debemos recordar que el amianto es un residuo peligroso que se debe encapsular y confinar en depósitos apropiados y autorizados que eviten su dispersión. Esto implica que el único tratamiento posible es el depósito en vertedero. Y relacionado con este residuo, es urgente que se pongan en marcha los censos de los ayuntamientos sobre el amianto como primer paso para tener una radiografía nacional sobre este residuo para su eliminación completa.

En la nueva ley de residuos se obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, pero no dice cómo llevarlo a cabo y tampoco concreta el tipo de amianto. Desde nuestra asociación consideramos este asunto de vital importancia y de ahí la necesidad de que se desarrolle un plan de carácter estatal en el que también se incluyan incentivos económicos que ayuden a dinamizarlo.

El otro gran asunto que está generando un impacto en un gran número de industrias es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, aprobado la última semana de 2022, y que supone una revisión integral de la normativa española a la vez que busca alcanzar nuevos objetivos de reciclado de envases para 2025 y 2030.

En el caso del sector de residuos industriales y peligrosos, el impacto viene dado porque se establece el mismo esquema regulatorio a los residuos de envases domésticos, comerciales e industriales, cuando existen notables diferencias, porque los productores de nuestro sector son empresas o profesionales y el tipo de envases es muy distinto a los residuos de envases domésticos. Entre otras cuestiones, porque muchas veces tienen una clasificación como residuos peligrosos. Esto conlleva una gestión diferenciada en la que se tiene que garantizar el cumplimiento de la jerarquía, la trazabilidad de los residuos y su tratamiento seguro para lograr las elevadas tasas de recuperación mediante recogida separada, preparación para la reutilización, reciclaje y valorización que logra nuestro sector.

Por otro lado, en 2023, pese a los esfuerzos del sector, seguimos sufriendo problemas derivados de la falta de armonización en materia legislativa, algo que adquiere aún más gravedad en un contexto inflacionario como el actual. La prueba más palpable sigue siendo la tramitación electrónica del traslado de residuos, que se volvió la única vía de tramitación en septiembre de 2021. Todo el sector acogió de forma muy positiva la digitalización de este proceso para ganar en trazabilidad. Sin embargo, aunque el Ministerio de Transición Ecológica creó la plataforma eSir para este trámite, las comunidades autónomas también están lanzando sus propias plataformas telemáticas, lo que está generando una complejidad y pérdida de eficiencia. Prueba de ello es que durante las primeras semanas de 2023 la plataforma de Andalucía colapsó porque no era capaz de gestionar el gran volumen de carga de datos.

Estas plataformas plantean dificultades de uso, errores frecuentes y en ocasiones falta de operatividad por tener una capacidad insuficiente. Todo ello hace extremadamente complicado realizar los trámites digitales que establece la legislación, lo que genera inseguridad jurídica e incumple los objetivos de la norma. Por eso consideramos que es muy urgente simplificar estos trámites y que eSir pueda ser siempre una vía para gestionar los traslados de los residuos, aunque existan las plataformas de carácter autonómico. De cualquier forma, esperamos que ayude a solventar esta situación el registro de gestores y productores, que se regulará en 2023 para facilitar su uso por parte de los interesados.

No cabe duda de que esta situación va a tener impacto sobre otra importante novedad, porque los gestores deben presentar antes del 1 de marzo las memorias anuales correspondientes al primer año completo con tramitación telemática. A estos gestores hay que añadir también los productores de residuos peligrosos, incluidos los de menos de diez toneladas anuales, por lo que el número de obligados a realizar esta memoria se va a disparar. A pesar de que las circunstancias no son las idóneas por el deficiente funcionamiento de estos trámites, desde nuestra asociación consideramos que se va a disponer de nuevos datos de producción y gestión que ayudarán a tener una radiografía más completa del sector.

Aparte de las cuestiones planteadas en este artículo, la nueva ley de residuos aborda importantes asuntos que van a requerir adaptaciones, como la nueva codificación de las operaciones de tratamiento, o la reciente modificación del Real Decreto de Garantías Financieras en materia de residuos. También va a ser un año relevante para analizar cómo está evolucionando el nuevo modelo de responsabilidad compartida en la gestión de los residuos en su primer año de andadura. Y tendremos una participación activa en el desarrollo del ‘Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2023-2025’, que actualmente está en fase de consulta pública. Tanto el PEMAR como los planes autonómicos son condición necesaria para el acceso de las comunidades a los fondos comunitarios, de ahí su relevancia.

Ante esta situación, hay que apoyar política e institucionalmente a este sector para que se puedan desarrollar las infraestructuras de gestión necesarias y con un marco normativo armonizado. De esta forma, el sector de los residuos puede ser un agente de cambio hacia una economía circular que apueste por empleos verdes reales.