Por qué la modificación del Reglamento de traslado de residuos podría destruir los cimientos de la economía circular

El nuevo Reglamento de Traslado de Residuos (WSR, en sus siglas en inglés) sigue cumpliendo los plazos previstos para su publicación. Así, el pasado 17 de enero, el Parlamento Europeo votó las enmiendas al texto de propuesta de modificación del Reglamento 1013/2006 y el pasado 2 de febrero se publicó el texto consolidado con su posición.

Tras examinar detalladamente el documento del Parlamento Europeo, los principales representantes de la industria del reciclaje volvemos a advertir a los responsables políticos de que la restricción del acceso a los mercados internacionales para las materias primas procedentes del reciclaje tendrá consecuencias muy negativas para las empresas recuperadoras y obstaculizará la transición hacia una Economía Circular y climáticamente neutra en Europa.

Desde que en noviembre de 2021 la Comisión Europea hiciera su propuesta legislativa de modificación del Reglamento, en la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje hemos trabajado intensamente tanto dentro de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) como, de forma paralela, en el ámbito nacional. El objetivo ha sido claro: transmitir nuestros argumentos a los europarlamentarios españoles, especialmente a los miembros que forman parte del Comité de Medio Ambiente del Parlamento que se ha encargado de la tramitación, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando pormenorizadamente las terribles consecuencias para el sector reciclador que pueden suponer las restricciones a las exportaciones que se están planteando.

Para no perdernos en articulados y cuestiones técnicas, la postura de FER, EuRIC y el Consejo Internacional del Reciclaje (BIR, en sus siglas en inglés) es clara: la industria del reciclaje apoya todos aquellos puntos relacionados con facilitar los envíos dentro de la Unión Europea (UE) y también los que luchan contra los traslados ilegales.

Sin embargo, estamos completamente en contra de aquellos otros que incluyen requisitos que restringen las exportaciones fuera de la zona euro de materias primas recicladas, clasificadas como residuos según la legislación de la UE, que no plantean ningún problema medioambiental.

Paradójicamente, frente a todos estos artículos que pretenden restringir la exportación de material reciclado, el comercio de materias primas vírgenes extraídas en países fuera de la UE que luego son importadas opera sin restricciones bajo la legislación europea, a pesar de su enorme impacto ambiental y climático y, a menudo, de los impactos nocivos en las comunidades locales y la salud humana que provoca su extracción en esos países.

Todo ello sin mencionar las funestas consecuencias que supone la excesiva dependencia de la importación de materias primas vírgenes, algo que ha quedado patente con los cuellos de botella que se formaron en los mercados de abastecimiento de materias primas tras la pandemia del coronavirus o las que estamos padeciendo tras la invasión rusa de Ucrania.

Entrando de lleno en la publicación del texto de posición del Parlamento, las alegaciones planteadas por la industria del reciclaje han conseguido que se omitan una serie de enmiendas muy peligrosas que, por ejemplo, equiparaban las condiciones de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los países no OCDE para la exportación de todos los residuos.

También valoramos muy positivamente que, tal y como solicitábamos, para las garantías financieras obligatorias en los traslados bajo notificación previa se establece que la Comisión Europea, en el plazo de tres años, tiene que diseñar un método simple, basado en el riesgo y armonizado en la UE, para el cálculo de esas fianzas.

De igual modo, consideramos justo que las notificaciones generales se extiendan de uno a dos años. Y estamos de acuerdo en que se añadan a la lista verde las mezclas de B1010 y B2020, y B3011, B3040 y B1010, limitados a residuos de ventanas y marcos de las puertas.

Sin embargo, otros aspectos que incorpora el texto son lesivos para el sector recuperador como, por ejemplo, el que prohíbe la exportación de plásticos a países no OCDE y, a los cuatro años de la entrada en vigor, también a países OCDE.

Además, volvemos a incidir en la necesidad de potenciar los mercados dentro de Europa antes de imponer restricciones, tales como marcar objetivos obligatorios de utilización de plástico reciclado en la fabricación de nuevos productos en un plazo de dos años desde la entrada en vigor del Reglamento.

Tampoco estamos de acuerdo en implantar más controles a las exportaciones de residuos a países de la OCDE, cuando ya hay una norma que es la base para los traslados entre los países que forman parte de la OCDE. Y, no olvidemos, que los países que forman parte de la OCDE son los países más desarrollados del mundo.

Además, otro punto negativo es que, para exportaciones fuera de la UE, la posición del Parlamento Europeo defiende que deberían realizarse auditorías en las instalaciones de destino con más frecuencia, cada dos años, para poder exportar los residuos a la instalación en cuestión.

Ante el desolador panorama que se le presenta al sector recuperador si el Consejo Europeo se alinea con los postulados de la Comisión y el Parlamento, volvemos a evidenciar que antes de aplicar estas restricciones o prohibiciones a las exportaciones es necesario y urgente cumplir unos requisitos previos, equivalentes en el lenguaje del común de los mortales a no empezar la casa por el tejado, tales como:

• Distinguir dentro de los “residuos de la lista verde” los flujos que son considerados problemáticos por la Comisión de cara a las exportaciones a países fuera de la OCDE, tales como mezclas de plásticos, basura, etcétera, que es donde realmente se deberían centrar sus esfuerzos.

• Permitir que las materias primas procedentes del reciclaje, que no representen ninguna amenaza para el medio ambiente y cumplan con las especificaciones y estándares de calidad, se puedan trasladar fuera de la UE.

• Crear mercados dentro de Europa para las materias primas recicladas antes de plantear restricciones a las exportaciones.

• Impulsar las cadenas de valor circulares en Europa y la sustitución de materias primas vírgenes por materias primas procedentes del reciclaje.

• Implementar de forma efectiva la Iniciativa de Productos Sostenibles (SPI) para impulsar la reciclabilidad de los productos.

• Desarrollar los criterios de fin de la condición de residuos en toda la UE para diferentes flujos de residuos.

• Implantar de forma ambiciosa el paquete ‘Fit for 55 y el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono para garantizar, en línea con el principio de quien contamina paga, que solo se compensen las inversiones en procesos de producción más sostenibles.

• Establecer requisitos que garanticen que las materias primas vírgenes importadas a la UE estén sujetas a estándares de derechos humanos, salud y medio ambiente similares a los establecidos en la Eurozona, lo que garantizará que se tengan en cuenta las verdaderas dimensiones de la minería fuera de la UE y que haya igualdad de condiciones con respecto al reciclaje.

La industria del reciclaje, como principal promotora del modelo de economía circular —no en vano lo lleva practicando desde mucho antes de que se acuñara el término— aprueba y comparte ese cambio de paradigma económico en Europa. Sin embargo, es una realidad incuestionable que solo el 12% de las materias primas procedentes del reciclaje son utilizadas por las industrias europeas. Es una evidencia, por tanto, que la economía europea sigue siendo fundamentalmente lineal.

Por eso, una modificación del Reglamento de traslado de residuos tal como la que pretenden las instituciones europeas equivale simple y llanamente a pegarse un tiro en el pie. Se podría pensar que cerrar las fronteras a las materias primas recicladas contribuirá a aumentar la proporción de material reciclado y a disminuir la proporción de materias primas extraídas, pero tal premisa jamás se cumplirá si antes no se consigue que las materias primas recicladas sean más baratas que las materias primas vírgenes y no se aumente la capacidad y el número de instalaciones de producción y aplicaciones que usen materias primas recicladas.

Si se limita el libre comercio de materias primas provenientes del reciclaje se generará una considerable pérdida de competitividad del sector recuperador, que se traducirá en reducción de inversiones y cierre de empresas, especialmente de pymes —cerca del 80% de los recicladores de metales esperan una disminución de la facturación de, al menos, el 20% y más del 70% de los recicladores de papel esperan una disminución de su facturación— y pérdida de empleos verdes y locales en la UE (más del 50% de los recicladores de metal y un tercio de los recicladores de papel prevén pérdidas de empleo).

Es indudable que las materias primas recicladas procedentes del reciclaje pueden sustituir a las materias primas vírgenes en los procesos de producción. Por tanto, lo que se precisa para acelerar este proceso es el establecimiento de incentivos para que compitan en precio con éstas últimas; pero si no se tienen en cuenta las externalidades ambientales positivas que traen, como son la reducción de las emisiones contaminantes y el ahorro energético, nunca saldremos de esta desigualdad competitiva actual por más restricciones o prohibiciones que se quieran imponer, en este caso y de forma incomprensible, a aquellos que más contribuyen al impulso de la economía circular.

Los principales representantes de la industria del reciclaje volvemos a advertir de que la restricción del acceso a los mercados internacionales para las materias primas procedentes del reciclaje tendrá consecuencias muy negativas para las empresas recuperadoras y obstaculizará la transición hacia una economía circular y climáticamente neutra en Europa