El Consejo de Ministros recibe las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima y acuerda remitirlas al Parlamento
El Consejo de Ministros recibe el informe de la Asamblea Ciudadana para el Clima y se compromete a estudiar las opciones que existen para integrar sus recomendaciones en la acción de gobierno
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha tomado razón del informe de recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC), que concluyó sus trabajos el pasado mes de mayo. El Ejecutivo se compromete a analizar y evaluar las recomendaciones desde todos los departamentos ministeriales con el fin de estudiar las opciones que existen para integrarlas en la acción de gobierno. Asimismo, dispone su remisión al Congreso de los Diputados, según lo establecido en la Orden TED/1086/2021.
El informe, publicado el 6 de junio de 2022, proporciona una visión social clave de cómo acelerar la lucha contra la crisis climática, que responde al mandato de la Asamblea de elaborar propuestas para lograr una España más segura y justa ante el cambio climático. El texto cuenta con un total de 172 recomendaciones, enmarcadas en 58 objetivos y organizadas en cinco grandes bloques o “áreas de vida”: consumo; alimentación y uso del suelo; trabajo; comunidad, salud y cuidados; y ecosistemas.
La ACC tiene su origen en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España de enero de 2020, que incluía entre sus compromisos reforzar los mecanismos de participación, y que se consagró en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (art.39.1). Una Asamblea que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones en torno a buenas prácticas para procesos deliberativos elaboradas por la OCDE, como la responsabilidad, la representatividad, la inclusividad, la transparencia, la integridad y la privacidad.
Se constituyó tras un proceso de selección de sus integrantes independiente y aleatorio, como una muestra representativa de una “mini-España” sobre la base de unos criterios objetivos de estratificación como la edad, género, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural, entre otros.
Desde entonces, la Asamblea trabajó durante siete meses, desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022, en un ejercicio de deliberación y aprendizaje pionero en España que ha abierto un nuevo camino para reforzar la participación pública y facilitar la adopción de políticas frente a la emergencia climática.
