FIAB alerta de que nueva ley de residuos puede impactarle en 2.000 millones de euros

FIAB y AECOC han reclamado, durante el 4° Congreso de Desarrollo Sostenible celebrado en Madrid el 2 de marzo, que las regulaciones en materia de sostenibilidad no rompan la unidad de mercado ni vayan en contra del crecimiento de las empresas. En su discurso inaugural, el director general de AECOC, José María Bonmatí, ha considerado que “sostenibilidad y competitividad empresarial deben ser compatibles”.

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha incidido en el mensaje y ha advertido que normativas recientes como la Ley de Residuos y Suelos Contaminados o el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases “se alejan de la normativa europea hacia la que muchas empresas han dirigido sus inversiones y estrategias con anterioridad”.

En este sentido, el portavoz de FIAB ha cifrado en 2.000 millones de euros el impacto de la gestión de residuos que exige la actual Ley de Residuos “y eso pone en riesgo puestos de trabajo y a muchas pymes”. García de Quevedo ha recordado que por la “estrechísima vinculación" de esta industria con la tierra y las materias primas, las empresas "llevan años incorporando de manera natural a sus procesos medidas como la gestión del agua, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora en el uso, reutilización y reciclado de los envases”. Se ha referido a acciones concretas como la reducción unilateral de botellas de plástico en el mercado de bebidas o la inclusión de objetivos de reutilización “desproporcionados y no necesariamente recomendables en términos medioambientales”.

Según sus cálculos, estas medidas pueden tener un impacto económico de 2.000 millones de euros –con una pérdida de empleo asociada, directa e indirectamente de más de 60.000 puestos de trabajo– y puede llevar al cierre de muchas empresas “especialmente pymes ubicadas en zonas rurales y de la España Vaciada”.

Desde la FIAB se considera que esta normativa, además, supondrá una "pérdida competitividad importantísima" con respecto a países del entorno y que el impacto se trasladará al PIB y a los ciudadanos "que ya sufren en un escenario inflacionista que podría verse agravado”. En esta línea, ha reclamado a la administración que dialogue con los agentes implicados para "establecer de la mejor manera metas comunes sin exigir medidas imposibles y muy perjudiciales”.

Por su lado, Bonmatí ha remarcado que las empresas “comparten los objetivos ambiciosos fijados por las administraciones, pero muchas veces no somos realistas con los plazos de cumplimiento”. El director general de AECOC ha citado normativas como el Real Decreto que prevé la instalación de 100.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos en España, dos años antes de lo que marcan los planes de Europa para España. “Queremos ir a un ritmo superior al del resto de países y eso añade dificultades en un entorno como el actual, ya de por sí complicado”, ha explicado.

Tanto García de Quevedo como Bonmatí han reclamado a la administración “diálogo para establecer herramientas conjuntas y evitar medidas que son imposibles de cumplir”.

El vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, César Luena, también ha participado en la inauguración del encuentro y ha incidido en las implicaciones medioambientales de la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Tenemos una guerra en territorio europeo que ha puesto en evidencia que la dependencia energética es un lujo que no podemos permitirnos, y no solo por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero”.

El parlamentario europeo también ha asegurado que los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Comisión Europea para 2030 y 2050 son “plenamente alcanzables”. Luena ha reconocido que las iniciativas que deben hacer las empresas para llegar a estos objetivos “requieren de muchos esfuerzos” y ha remarcado el papel que deben jugar las ayudas e inversiones medioambientales previstas en los Fondos Next Generation.

Luena también ha considerado que la fiscalidad debe utilizarse como un instrumento para premiar las prácticas sostenibles y ha avanzado que, de revisarse los objetivos de sostenibilidad fijados por la Comisión Europea, “será para hacerlos más ambiciosos”.

En la mesa de debate con las organizaciones de consumidores, el portavoz de OCU, Enrique García, ha incidido en el papel de la fiscalidad sobre el consumo medioambientalmente responsable. “Se debe favorecer un consumo de productos sostenibles desde una fiscalidad más favorable”, ha explicado.