Viento en popa, aún a falta de velas

Ismael Morales López. Responsable de Comunicación y Política Climática de la Fundación Renovables12/01/2024

2023 ha sido un año marcado fuertemente por el curso político y sus devenires. El primer semestre fue una carrera desenfrenada por sacar adelante toda la regulación energética posible, antes de los comicios electorales a escala regional, municipal y, sobre todo, nacional. Los plazos estaban acotados y, ante el adelanto y la incertidumbre de un posible volantazo del Gobierno en julio, aprobar normativas era prioritario.

Por este motivo, se seleccionaron y algunas se quedaron en un cajón. Como ejemplo, la no aprobación del Real Decreto que regulaba las comunidades energéticas, abierto a consulta pública en abril de 2023. También se detuvo la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible y la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones, entre otras cuestiones. En junio se dio prioridad a la aprobación de la reestructuración del PVPC, creando un sistema de compra venta de electricidad a medio/largo plazo para reducir la volatilidad de la tarifa regulada. Una medida que, si bien era urgente para amortiguar el incremento paulatino de los precios para las familias vulnerables, se quedó en una buena intención más que en una medida efectiva y protectora.

La reforma aprobada sigue necesitando mejorar la transparencia y la trazabilidad de la señal precio y la correspondencia con los costes debe ser un elemento primordial de la propuesta de la tarifa, entendiendo que la electricidad es el pilar de la transición energética y un recurso básico cuyo acceso debería ser universal. Además, su origen deber ser 100% renovable.

También, como la fecha tope fijada por la Comisión Europea (CE) era el 30 de junio, el MITECO sacó a consulta pública la nueva actualización del PNIEC, considerando que los meses de verano eran más propicios para que las empresas, asociaciones e instituciones lo leyeran y presentaran alegaciones. Esta era la señal de salida para definir el incremento en la ambición y ejercer el liderazgo que España estaba asumiendo en las instancias europeas.

La actualización del PNIEC incrementó los objetivos de la oferta de energías renovables y, consecuentemente, los objetivos de descarbonización total y por sectores. No obstante, el escaso desarrollo propositivo con relación a los compromisos de electrificar hace que el PNIEC carezca de homogeneidad al fijar objetivos ambiciosos por el lado de la oferta, pero desligados de la demanda, con muchas medidas enfocadas en su gestión, pero carentes de concreción.

“El PNIEC carece de homogeneidad al fijar objetivos ambiciosos por el lado de la oferta, pero desligados de la demanda, con muchas medidas enfocadas en su gestión, pero carentes de concreción”.

Además, nos parece imprescindible que exista un control anualizado para el conjunto de las medidas y los objetivos definidos, con el fin de seguir su desarrollo, por lo cual proponemos crear una oficina de seguimiento destinada a esta tarea. Los objetivos de incremento de la oferta no son realistas por las indefiniciones de las medidas de acompañamiento, la evolución de la potencia instalada en los dos años del PNIEC actual y la reducción de expectativas del mercado mayorista eléctrico. Para ello, solo hace falta analizar el pobre 0,87% de incremento de capacidad eólica instalada en 2023, una cifra pírrica con respecto al nuevo objetivo del PNIEC de 62 GW en 2030. Tendríamos que instalar 4,57 GW anuales de eólica para alcanzarlo.

En cambio, al llegar el segundo semestre, el foco regulatorio pasó de la península a los vecinos europeos, más concretamente a partir del inicio de la Presidencia Española de la Comisión Europea. Las expectativas eran muy elevadas ante el liderazgo ejercido por Teresa Ribera en temas tan cruciales como la reforma del mercado eléctrico. Había que decidir el futuro energético, no de España, sino de Europa. Es decir, consensuar una vía de descarbonización entre países y realidades muy dispares, muchas veces contrapuestas y con intereses diversos.

Sin haber realizado un análisis exhaustivo de los textos (cada uno consta de más de 100 páginas), el trabajo realizado para conseguir diálogo y consenso en la creación de una nueva normativa europea con el fin de acelerar la consecución de los objetivos del plan Fit for 55 ha sido loable. No es para menos.

Ahora disponemos de una nueva directiva de eficiencia energética, en la que se obliga a reducir el consumo de energía final en la UE en al menos un 11,7 % para 2030, del ReFuel EU para la descarbonización del transporte marítimo y de aviación, del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos, del Reglamento Euro 7, en el que se prohíbe la venta de coches contaminantes en 2035, la nueva directiva de renovables, que aumenta la proporción de energías renovables en el consumo total de energía de la UE hasta el 42,5 % de aquí a 2030, la reforma del mercado eléctrico, el Reglamento para reducir las fugas de metano en el sector energético (15 de noviembre de 2023), una. Nueva Directiva del Gas (gas package), la Ley sobre la industria de cero emisiones netas, el Critical Mineral Raw Act para la reducción de la dependencia de minerales críticos de terceros o la Directiva de eficiencia energética en edificios.

“El gran caballo de batalla es la electrificación de la demanda de energía, como lo ha sido durante estos últimos años”.

Entre medias, la COP 28, en pleno terreno de juego petrolero, supuso una nueva oportunidad perdida para fijar objetivos reales y cuantificables de reducción de los combustibles fósiles. Aunque exista un rechazo casi instintivo a la servil indolencia de las COP, se consiguieron algunos logros como la mención explícita en el texto final a triplicar la potencia instalada de energías renovables, a duplicar la tasa anual de eficiencia energética, a reducir todo lo posible las emisiones de metano y a promover los vehículos cero emisiones, aunque sin determinar fechas.

Muchos de los retos pendiente en 2024 siguen siendo los mismos y que quedaron en standby por los comicios electorales. Transponer las directivas previamente mencionadas, amoldadas a las necesidades y las capacidades de España, será todo un reto normativo. Además, conocer por fin la demanda real de hidrógeno permitirá librarnos de la burbuja existente y de la pérdida de financiación pública que puede desviarse a otros retos, como es el caso del autoconsumo o la retribución de baterías, tanto estacionales como distribuidas. Incentivar y promover las comunidades energéticas será también deseable.

No obstante, no quiero acabar sin mencionar que el gran caballo de batalla es la electrificación de la demanda de energía, como lo ha sido durante estos últimos años. Ante un 22% de electrificación de la demanda energética actual, el PNIEC prevé un 29% en 2030, una cifra ínfima ante la necesidad de aumentar la demanda eléctrica en sectores como el transporte y la edificación, con el fin de no reducir o no ralentizar la instalación de nueva potencia de generación eólica y fotovoltaica, siempre teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada territorio y las necesidades existentes y mejorando la aceptación de la que es la mejor solución en la lucha contra el cambio climático.

"Nos parece imprescindible que exista un control anual para el conjunto de las medidas y los objetivos definidos en el PNIEC, con el fin de seguir su desarrollo"

“Transponer las directivas europea aprobadas en 2023, amoldadas a las necesidades y las capacidades de España, será todo un reto normativo”