Es momento de actuar, el 2023 tiene que ser un antes y un después para nuestro modelo energético

Uno de los problemas que arrastramos desde hace demasiado tiempo, y que más impacto ha tenido a raíz de la crisis, es el mercado marginalista, un modelo que está destinado a morir. Durante todo el año, el precio del mercado ha estado fielmente ligado a la presencia del gas fósil, rompiendo récord tras récord en los países de la Unión Europea (UE), desestabilizando planes y estrategias, aumentando la inflación, afectando a las familias y a las empresas en el acceso a la energía. Si un combustible fósil es capaz de afectarnos hasta ese nivel debemos despertar y tomar decisiones urgentes y valientes para avanzar hacia una transición energética que nos provea de independencia, con fuentes de energía limpias y baratas.

Respecto a este tema, durante la redacción de esta tribuna, desde España se ha lanzado una propuesta de reforma de este mercado, que, si bien no ataca directamente a la raíz del problema, es decir, a la fijación de precios, permite sortear los principales recelos de la Comisión Europea (CE) y resolver la situación de las inframarginales, sacándolas fuera del mercado con la creación de contratos a largo plazo de precios estables. Con esto conseguiríamos un mercado diario más estable que el actual, en el que un día nos podemos encontrar precios de 140€/kWh y al siguiente próximos a 0€/kWh. Y no debemos olvidar que tan malos son los altos precios, que afectan tanto a familias como a empresas, como los bajos, que pueden provocar el recelo de futuras inversiones en nueva energía renovable, un punto crítico para cumplir los objetivos.

El problema de los precios a largo plazo lo estamos sufriendo en España, ya que en las últimas subastas de renovables ha habido un desajuste entre el precio que se ofertaba y el que estaban dispuestas a asumir las empresas, dejando desiertas las potencias de eólica, termosolar y fotovoltaicas. Esto no sólo supone un retraso en el despliegue de renovables en nuestro territorio, acción de máxima urgencia, sino que muestra la fragilidad del diálogo que hay entre el gobierno y las asociaciones que representan al sector renovable. Es imperativo que todas las voces de la transición energética lleguemos a un consenso para poder seguir avanzando en esta década clave.

Pero, los obstáculos que supone el uso de los combustibles fósiles no se dan solo en el contexto europeo, sus redes llegan a todos los territorios, incluso a aquellos que buscan una transición ecológica que nos permita mitigar los efectos del cambio climático, que ya se están sintiendo en todo el planeta. Hemos visto como en la COP27, que este año ha tenido lugar en Egipto, prácticamente no se ha avanzado nada, lo que implica unos resultados nefastos para el medio ambiente global. Necesitamos romper con la industria del petróleo, no seguir cediendo a todos sus chantajes.

A escala más local, desde hace algún tiempo en el territorio español se ha producido un incremento del rechazo a las grandes plantas de energías renovables, enfrentando a parte de la España rural con los promotores de los grandes proyectos. Este es un tema que, sin duda, se debe afrontar y resolver cuanto antes para evitar más retrasos y pérdidas derivadas de estos enfrentamientos, tanto a nivel económico para las empresas que no puedan realizar los proyectos, como para la ciudadanía que pudiera beneficiarse de ellos.

El despliegue de renovables se debe realizar atendiendo al ordenamiento territorial y minimizando la afectación del entorno, pero, sobre todo, incluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones y garantizando unos beneficios mínimos para el municipio o territorio en el que se instalen, evitando que las grandes empresas conviertan a las renovables en meras actividades extractivas y que mantengan la hegemonía del control de la energía.

Una de las respuestas para paliar la problemática a la que se enfrenta el sector, y que es el tema central de Genera 2023, es el autoconsumo. Esta herramienta, que en 2022 ha roto el techo de cristal y todas las expectativas de los planes y estrategias previos, nos proporciona tantos beneficios que sería imposible enumerarlos en una sola tribuna. A nivel europeo, nos permite cumplir con los objetivos de descarbonización y combatir los peores efectos del cambio climático; a nivel estatal nos proporciona independencia energética y nos posiciona como un país de referencia dentro del sector; y, por último, a nivel más local, nos permite gestionar nuestra propia energía y reducir enormemente nuestra factura.

A falta de datos definitivos, se espera que en 2022 hayamos superado holgadamente los 2 GW de autoconsumo instalado, duplicando la potencia de 2021. Y esto no se queda aquí, pues la estimación es que en 2023 se duplique la energía eléctrica autoconsumida en nuestro territorio. Ha sido tal este crecimiento que, probablemente, en 2025 veamos sobrepasado el objetivo de los 9 GW que marca la hoja de ruta del autoconsumo para 2030. Se cumplan o no las estimaciones, está claro que estamos solo al inicio y que en los años venideros veremos como este sector, tan injustamente tratado durante la pasada década, y que tanto tiene que aportar al tejido industrial español, será uno de los aliados fundamentales de la transición energética.

Este hito no habría sido posible sin el marco favorable de los últimos años, especialmente de este último, gracias a las ayudas que han llegado desde Europa, a la ambición de los diferentes objetivos climáticos y energéticos, a las mejoras en la normativa y a la concienciación, tanto política como ciudadana. Aún así, es necesario seguir trabajando para eliminar las barreras que aún existen en el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas.

Uno de los avances que ha tenido el aplauso unánime de todo el sector ha sido el tan demandado aumento de la distancia entre generación y consumo a 2.000 metros, aunque por desgracia de ha limitado a instalaciones en tejado y suelo industrial. Esta medida, junto con la progresiva mejora en la rentabilidad económica y ambiental de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, en un mundo cada vez más preocupado por la huella de carbono y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, es un paso importante para el autoconsumo colectivo (y por extensión las comunidades energéticas) arranquen en España, siendo necesario por parte de la administración otros ajustes como el desarrollo de coeficientes de reparto dinámicos o los diversos problemas que se están dando por parte de algunas distribuidoras.

El despliegue de renovables se debe realizar atendiendo al ordenamiento territorial y minimizando la afectación del entorno, pero, sobre todo, incluyendo a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Por otro lado, y a pesar del fuerte impulso que desde asociaciones, organizaciones y ciudadanía se le ha dado a las comunidades energéticas, seguimos sin una regulación específica. Es digna de alabanza la labor que están realizando todos los pioneros que, para la creación de las comunidades energéticas, están trabajando en los primeros proyectos que dejarán de manifiesto que la ciudadanía puede gestionar completamente su propia energía.

Estamos listos para tomar las riendas, la ciudadanía es perfectamente capaz si se le dan los instrumentos para hacerlo, una ciudadanía formada, consciente y con capacidad de decisión. La administración está dando pasos, cortos, sí, pero pasos hacia la creación de un marco favorable para el desarrollo no solo del autoconsumo, sino para el despliegue general de renovables que cambie la corriente dominante de los combustibles fósiles. Y la industria española ha demostrado estos últimos años que también está lista para tejer una red que vuelva a poner a España en una posición de liderazgo en el desarrollo no solo de renovables sino de todo un nuevo modelo productivo alrededor de la transición ecológica y la “economía verde”. Ahora solo queda seguir trabajando y resolverlos temas que quedan pendientes para que, entre todos y todas, consigamos el mejor futuro posible.