La Fundación La Casa que Ahorra insta a la Administración a la implantación efectiva de las directivas europeas en su impulso a la rehabilitación
A raíz de la aprobación en el año 2012 de la Directiva 2012/27/UE de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética, con el fin de establecer un marco para luchar, desde la perspectiva de la eficiencia, contra el cambio climático, la escasez de recursos, la dependencia energética y la crisis económica, España se puso a hacer los deberes. De esta manera, presentó su ‘Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España’, que fue una de las mejor valoradas por su evaluación técnica del parque existente y las oportunidades de ahorro energético.
También se tuvo en cuenta la importancia estratégica de la renovación de edificios como un componente clave de la mejora de las condiciones económicas en España, la reactivación del sector de la construcción y la revitalización de las zonas urbanas.
También se identificaba en este estudio la necesidad de informar al usuario, eliminar barreras burocráticas, ayudar a la financiación y formar adecuadamente al sector. Pero en ese mismo informe, del BPIE (Buildings Performance Institute Europe), que valoraba de forma tan positiva estos aspectos de España, también se indicaba que ninguna de las 10 estrategias evaluadas de países europeos, incluida la española, establecía un camino claro y estratégico, y que todas ellas carecían de planes decididos.
Ante esta situación, la Fundación la Casa que Ahorra (FLCQA) considera que a todas luces hay barreras que no se consiguen superar, porque si no, no se entendería que a pesar de diseñar uno de los mejores documentos y estrategias de la UE, el sector de la rehabilitación siga sin despegar y en los mismos números que hace años (muy por debajo del objetivo alto de 200.000 viviendas rehabilitadas al año definidas en la Estrategia).
Probablemente, explica la FLCQA, existan barreras económicas que no están permitiendo que las familias accedan con unas condiciones ‘blandas’ al pago de la rehabilitación, como sí se consigue con fórmulas económicas como el cambio de instalaciones a través de Empresas de Servicios Energéticos (ESE). En el caso de actuaciones en la envolvente térmica, a pesar de que deberían ser el primer paso de actuación en el edificio como bien recomienda la Estrategia española (reducir la demanda energética para después dimensionar las instalaciones y la aportación de energías renovables) y de que su vida útil es muy superior a la de las instalaciones, no se consiguen encontrar fórmulas económicas atractivas como para la renovación de estas últimas, ni las entidades bancarias ven factible asumir el riesgo. También existe un problema de generación de demanda de rehabilitación por parte de los ciudadanos, que sigue sin resolverse a pesar de algunos intentos por mejorar la comunicación y sensibilización ciudadana por parte del Gobierno estatal que, a todas luces, ha resultado insuficiente.
Bajo este escenario, España deberá presentar en menos de un año una actualización de dicha estrategia, partiendo del documento de 2014, exitoso en contenido, pero que recibiría un suspenso si atendemos a su traducción en hechos y a la consecución de un verdadero impulso de la rehabilitación en España.
Por todo ello, la Fundación solicita que, en paralelo a la elaboración de normativas y el cumplimiento de las Directivas europeas y a la redacción de estrategias de gran reconocimiento, se pongan en marcha mecanismos reales y efectivos para impulsar de forma notable la tasa de renovación anual de los edificios existentes. Los objetivos de transformación hacia una economía baja en carbono, la necesidad de generar empleo en un sector tan agraviado por la crisis económica y la lucha contra problemáticas sociales como la pobreza energética, instan a poner en marcha un verdadero sector que impulse la renovación de nuestros edificios.
