Logística inversa, un nuevo coste a tener en cuenta para las empresas que operan en la Unión Europea

Así, se introduce un nuevo concepto a gestionar por las empresas productoras y que comercializan sus productos en la Unión Europea (UE); este nuevo concepto se denomina logística inversa (Reverse Logistic).

Por tanto, se plantea un reto arriesgado y necesario relacionado con la consolidación de mercados ordenados y transparentes de materias secundarias, procedentes de los productos de consumo al final de su vida útil que requiere el compromiso de las empresas que operan en la UE, esto es, la internalización de los costes de gestión asociados a la logística inversa de los residuos de sus productos.

PricewaterhouseCoopers, líder en la asesoría de negocios relacionados con logística inversa, dispone de enfoque y metodología propios para asesorar en todos los procesos: desde la cuantificación y clasificación de los residuos que genera un producto de consumo, hasta la recogida y trasporte a las instalaciones de gestión y tratamiento. La empresa proporciona información acerca de los nuevos procesos de negocio para satisfacer la demanda creciente del nuevo mercado de materias secundarias y, a la vez, asegura que las empresas cumplen con los objetivos de reciclado y valorización establecidos por ley.

La firma está abordando el diseño y desarrollo de proyectos relacionados con este nuevo concepto de logística inversa, para clientes como Ecovidrio, Ecoembalajes, Cicloplast, Sernauto, Anfac, Cofaco y Aveq.

A su vez, las directrices europeas por categoría de residuo determinan la necesidad de asegurar la correcta gestión de los diferentes residuos, estableciendo objetivos cuantitativos de reciclado y valorización.

Entre esta normativa, que establece pautas novedosas de responsabilidad en el cumplimiento de objetivos de reciclado y valorización, se identifica específicamente:

• La Directiva de Envases y Residuos de Envases (E+RE), ya traspuesta a cada uno de los Estados miembros de la UE, con objetivos concretos a alcanzar en el 2001. Actualmente, estos objetivos se encuentran en periodo de revisión con nuevos valores para el 2006;
• La Directiva de Vehículos Fuera de Uso (VFU), en la que se incluyen las piezas de recambio y componentes del automóvil; directiva en fase de trasposición a cada país europeo;
• La Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos-Electrónicos-Línea Marrón (REEE), con atención especial a las pilas y baterías que acompañan a estos equipos;
• La normativa para los Residuos de Equipos Electrodomésticos-Línea Blanca (REE);
• La normativa específica para Residuos de Construcción y Demolición (RCD); y
• La normativa para asegurar el correcto tratamiento de los envases de productos fitosanitarios, así como, la normativa relacionada con la gestión de los plásticos de invernadero en España, entre otras.

La puesta en marcha de estas medidas y el cumplimiento de las mismas debe ser asumida por el productor, agente económico que inicia el proceso de comercialización de un producto, así como los costes de organización, planificación, implantación y sensibilización, asociados a estos nuevos procesos de negocio.

¿Cómo afecta a las empresas esta nueva exigencia y cómo deben responder ante las nuevas directrices europeas que establecen objetivos cuantitativos ambiciosos a alcanzar por éstas, de forma individual o colectiva, como sector, en un periodo temporal concreto, con unos costes de gestión desconocidos?

La Directiva de Envases y Residuos de Envases, aprobada el 20 de diciembre de 1994, marcó un hito importante en cuanto a cómo las empresas envasadoras se han visto afectadas por la nueva exigencia acerca de la gestión de los residuos de envases, ya que por primera vez se pone de manifiesto la exigencia de que sean las empresas quienes se comprometan a pagar una cantidad por material de envasado con la que se asegure la recuperación y el reciclado de estos envases, de tal modo que cada país europeo cumpla unos objetivos específicos de reciclado y recuperación energética para cada material de envasado en el 2001. Transcurrido este periodo, se están analizando los objetivos alcanzados y con ello, poder completar una nueva exigencia en otro periodo de 5 años más; así, la UE está actualmente revisando los objetivos al 2006.

Con la aplicación de esta Directiva de Envases en cada país de la UE se inicia un nuevo proceso en el que las empresas de productos de consumo, organizadas individual o colectivamente, deben asegurar el mejor tratamiento para los residuos de envases, atendiendo a la selección de la mejor alternativa de gestión técnica, económica y ambientalmente viable.

Este novedoso marco regulador para los envases está sirviendo de modelo para trabajar en el desarrollo de las nuevas directivas por familia de Producto Fuera de Uso (PFU) y de las tendencias sobre las alternativas viables de las restantes familias de residuos por producto de consumo, los equipos eléctricos y electrónicos; los equipos electrodomésticos; los vehículos; las piezas y componentes del vehículo; los materiales de construcción y demolición; principalmente. Con todo ello se pretende asegurar el cumplimiento del principio básico de “Quien contamina, paga”.

Ciertamente, este nuevo escenario basado en el cumplimiento del principio anterior está suponiendo un gran esfuerzo para las empresas, tanto en el entendimiento de las pautas a cumplir, como en la asunción de los costes asociados a la gestión adecuada del Producto Fuera de Uso (PFU), que deben ser contemplados incluso en la etapa de concepción y diseño del mismo.

A la vista de este nuevo escenario de responsabilidad para las empresas, éstas están optando por organizarse en sistemas específicamente destinados a asegurar el cumplimiento de los objetivos exigidos por ley; en el caso de la gestión de los residuos de envases, la normativa plantea la organización de entidades sin ánimo de lucro, éstos son los denominados Sistemas Integrados de Gestión (SIG).

Conviene destacar el desarrollo reciente a nivel europeo de la Política Integrada de Producto (IPP) que va a considerar variables hasta el momento no consideradas. Con estas nuevas herramientas se pretende contribuir a que los países de la UE alcancen los objetivos establecidos por las directivas (envases, vehículos, componentes eléctricos-electrónicos, etc.). Se trata básicamente de tener en cuenta las etapas previas de concepción y diseño del producto, previas a su comercialización, atendiendo a la valoración de impactos medioambientales durante todo el ciclo de vida del producto.

En este sentido, AENOR está trabajando en una norma de referencia sobre Ecodiseño de Productos que sigue y amplía las directrices de la norma ISO 14001 sobre gestión medioambiental.

Aquellas empresas envasadoras adheridas al SIG identifican sus envases con el símbolo Punto Verde; este punto verde tiene un valor económico específico para cada material de envasado, cuantía gestionada por el SIG para dar el tratamiento adecuado a cada envase fuera de uso que fue puesto en el mercado nacional por la empresa adherida.

Así, en el Sistema Integrado de Gestión (SIG), cada envasador (empresa) paga a esta organización para que se encargue de gestionar sus envases.

En España, los SIG autorizados por las CC.AA. para la gestión de envases domésticos son Ecovidrio y Ecoembalajes; para los envases fitosanitarios es SIGFito y para los envases de productos farmacéuticos, SIGRe.

Sin embargo, para aquellas empresas de envasado que no quieran adherirse a un SIG, la normativa relacionada propone la puesta en funcionamiento de sistemas alternativos, a través del cual cada empresa asume la responsabilidad de gestionar sus propios envases de forma individual, organizado en un Sistema Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

En este caso, el correcto tratamiento de los residuos de envases queda asegurado mediante el cobro de una cantidad por envase entregado a sus clientes, cantidad que retorna a éste al devolver el envase usado, y es la empresa la que debe asegurar la gestión optimizada para sus envases.

Por todo ello, el sistema que está siendo aceptado comúnmente entre las empresas envasadoras es el SIG, a través de su adhesión, caso de estar afectada por ley.

El productor opta por participar en un SIG, porque “gana”:

• Delega responsabilidad en entidad sin ánimo de lucro
• No tiene que preocuparse de la logística de retorno
• Obtiene beneficios, los costes de gestión son más ajustados
• No tiene que enviar sus resultados a las Adminsitraciones Públicas
• Podrá participar en el nuevo Mercado de Materiales

Así, las aportaciones que las empresas adheridas a los Sistemas Integrados de Gestión hagan para cada uno de los envases a través del conocido Punto Verde, deberán ser suficientes para financiar la diferencia de costes entre el sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la gestión propuesta por el SIG para los residuos de envases adscritos voluntariamente a éste, a través de la recogida selectiva en contendores específicos para los diferentes materiales de envasado.

Otros mecanismos también eficaces son la adopción de acuerdos voluntarios en el ámbito sectorial previo a una posible regulación impuesta que no contemple las reales necesidades que sólo el propio sector conoce. El diálogo proactivo con la Administración Pública representa la vía más prometedora para conseguir cualquier resultado más realista que una imposición establecida por ley, como puede ser el caso de una ecotasa.

Sin embargo, suscita una cuestión ante este nuevo escenario acerca de la gestión optimizada de los residuos, y es la siguiente, ¿Cuál es el coste correspondiente a la gestión integral: recogida, transporte y tratamiento de los residuos de Productos Fuera de Uso para convertirlos en materias secundarias a través de su reciclado o valorización?

En la definición de los costes asociados a la gestión de un producto de consumo fuera de uso es preciso tener en cuenta el valor que tiene el residuo en el mercado, es decir, si cuenta como un valor positivo o como un valor negativo.

Frente a residuos cuya gestión tiene un claro valor positivo, existe una amplia gama de residuos cuya gestión genera un coste. Esta diferencia entre un tipo de residuos y otros, hace necesario analizar de forma separada los residuos con valor positivo y los residuos con valor negativo.

Se entiende que un Producto Fuera de Uso tiene valor positivo cuando el precio en el mercado de las materias que obtenemos fruto de la reutilización, reconstrucción, reciclado o valorización es superior al coste del proceso al que es sometida.

Dadas las condiciones tecnológicas actuales, alcanzan valor positivo en el mercado algunos artículos o productos de consumo de alto valor; además, a medida que avanza la tecnología más piezas o partes de productos de desecho irán adquiriendo valor positivo.

Por otro lado, se entiende que un Producto Fuera de Uso tiene valor negativo cuando el precio en el mercado de las materias que obtenemos fruto de la reutilización, reconstrucción, reciclado o valorización es inferior al coste de ese proceso al que es sometido. Es decir, todas aquellas partes que no pueden ponerse en el mercado a un precio óptimo después de ese proceso.

Está claro que tanto si el valor del PFU tiene valor positivo como si lo tiene negativo, cualquier sistema que se organice para gestionar estos residuos debe asegurar que se realicen total o parcialmente todas las operaciones necesarias, esto es, la recogida selectiva y el transporte de los residuos hasta las plantas de selección y/o los centros de tratamiento, o almacenamiento para ser transportados hasta las instalaciones de reciclado y/o valorización.

Al mismo tiempo, estos sistemas organizados deben aportar recursos para realizar campañas de información ciudadana y sensibilización ambiental que, en colaboración con las entidades públicas, determinen la estrategia a adoptar en el ámbito geográfico considerado para que los consumidores finales participen activamente en los sistemas de recogida selectiva organizados a tal efecto.

Además, los sistemas identificados deben asumir los costes derivados de las actividades del seguimiento y control de las cantidades recicladas y/o valorizadas para reportar a las Administraciones Públicas autonómicas, nacionales y europeas, quienes conozcan los avances realizados por el SIG que corresponda en el país considerado.

En este nuevo contexto para las empresas con responsabilidad ante las nuevas normativas, PricewaterhouseCoopers ha desarrollado su propia metodología para la determinación de los costes asociados a la gestión de los residuos de productos al final de su vida útil.

Con esta metodología sistematizada, los sistemas o mecanismos desarrollados para gestionar los residuos están en disposición de conocer objetivamente cuáles son los costes reales de la recogida y transporte de los materiales de desecho, así como los costes de tratamiento, según el valor positivo o negativo del residuo.

El resultado final es determinar el margen operativo que cada escenario logístico y de gestión lleva asociado, según unas premisas de trabajo, ya sean técnicas, políticas, otras, para la selección del más idóneo desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

Este nuevo marco regulador, que tiene sus implicaciones en cada país, como es España, se hace necesario ordenar y organizar las bases de datos acerca de las cantidades de desecho que circulan por el ámbito geográfico considerado y conocer qué porcentaje se está dirigiendo a cada una de las alternativas de gestión previsibles, reciclado, valorización energéticas, otras posibles, consiguiendo desviar la máxima cantidad de residuo del vertedero, dado que el vertido, incluso controlado, debe ser la opción menos potenciable.

Así, todos los agentes económicos implicados en el ciclo completo de los productos, entre los que destacan también los recicladores y otras instalaciones de gestión, deben poner a disposición de las Administraciones Públicas y otras organizaciones de gestión sus estadísticas acerca de la gestión anual que se está realizando, para reportar a la Unión Europea, con el ánimo de cumplir con los objetivos definidos por ley.

Esta situación es novedosa y así, nos encontramos con un sector empresarial de recicladores tradicional. Sin embargo, y debido a la demanda creciente de reciclar materiales, cada vez son más los empresarios que están viendo una opción interesante en el mercado de materias secundarias, y ya empiezan a ser empresas constituidas con un enfoque moderno, flexible e innovador, que no tienen mayor interés que el ser vistos como un agente más, eso sí el agente clave en este proceso de asegurar el circuito de los residuos separados selectivamente, según las diferentes categorías de productos de desecho: envases, automóviles, eléctricos-electrónicos u otros.

de vista de la gestión económico-empresarial, como desde el conocimiento de los balances de masa en cada instalación; sin olvidar por supuesto que cada Estado miembro de la UE debe asegurar el cumplimiento de unos objetivos de reciclaje y valorización ligados a unas cantidades de desecho separadas selectivamente de la corriente de residuos, por familia de producto.

El novedoso marco regulador para los envases está sirviendo de modelo para trabajar en el desarrollo de las nuevas directivas por familia de Producto Fuera de Uso (PFU) y de las tendencias sobre las alternativas viables de las restantes familias de residuos por producto de consumo

Es una nueva situación de transparencia de las empresas de reciclado y otras formas de gestión de los materiales de desecho, que nos lleva a una situación prometedora para las entidades de gestión de materiales y otros productos.

Se empieza a configurar un nuevo negocio con su mercado, el de las materias secundarias, que debe construirse adecuadamente y aplicando el conocimiento de las mejores tecnologías disponibles, tanto en los procesos de reciclado, como en la compilación de datos a través de los sistemas informáticos y la ayuda de internet, y que todo ello contribuya a satisfacer las demandas de los agentes implicados en el proceso global, atendiendo al principio de “responsabilidad compartida”:

• Administraciones Públicas, cumplir con normativa de la UE y generar nuevas oportunidades de empleo;
• Empresas, reducir y limitar los costes asociados a la gestión de los productos que comercializan, al tiempo que se contribuye en alcanzar los objetivos de la ley y participar en nuevos mercados de materias secundarias;
• Sociedad, participar voluntariamente en programas de recogida selectiva y adquirir nuevos productos de consumo con distintivos medioambientales.

Por tanto, se plantea un reto arriesgado necesario para consolidar un mercado ordenado y transparente de las materias secundarias, relativo a los procesos y subprocesos que requiere este nuevo compromiso para el Empresario, tener en cuenta la logística inversa de los residuos de sus productos.

Es preciso recordar que el ánimo recogido en la normativa relacionada con residuos no sólo es evitar su eliminación de manera descontrolada, en puntos de vertido incontrolados, sino también entender que son “materias renovables”, y que con su recuperación y reciclaje son aptos como materia, en esta ocasión, secundaria que conducen a la creación de mercados ordenados, con criterios definidos:

• Establecimiento de normas de calidad
• Transformación en “commodities”
• Estabilización de la oferta. Garantía de suministro
• Transparencia de precios
• Mercado transparente: oferta y demanda no oligopolizada
• Mercados amplios, continentales, abiertos
• Creación de mercados de MPS ordenados, organizados y garantizados

Con el propósito de actuar en consecuencia con la apertura y consolidación de un mercado ordenado de materias secundarias es preciso atender todas las etapas de introducción de un producto en el mercado, desde el diseño y producción hasta las etapas de recuperación y reciclaje del residuo.

Así, la empresa deberá actuar desde el diseño de un producto reciclable que asegure una correcta gestión cuando entre en desuso, con atención a:

• Diseñar productos tan reutilizables como sea posible
• Prever la necesidad de incorporación de las mejoras tecnológicas en el proceso productivo que minimicen la carga contaminante asociada
• Ofrecer la posibilidad de otro uso después del uso para el que fue diseñado
• Planificar el fácil aprovechamiento de los materiales
• Planificar cuidadosamente el uso de materiales restringidos por las normativas de aplicación, entre otras.

Así, se apunta una exigencia adicional definida para la empresa, como es el caso de la selección de materiales para el proceso productivo, sobre la base de atender a criterios de reciclaje; el caso de la función de compras organizada de tal manera que fomente la cooperación y el uso del intercambio de residuos; e incluso, la selección de procesos productivos que potencien la minimización de los residuos para evitar en lo posible los desechos, teniendo en cuenta toda la cadena de valor de un producto, desde el aprovisionamiento, pasando por la fabricación, hasta el consumo y finalmente la gestión del residuo que se genera al final de su vida útil.