Entrevista a Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) agrupa al 95% de la flota de altura, un porcentaje elevado de la flota de bajura de mediano porte y un 64% del volumen total del tonelaje de arqueo (GT) de la flota española. Con el objetivo de aunar esfuerzos para hacer una mejor defensa de los intereses económicos y profesionales del sector, Cepesca promueve el desarrollo de una pesca sostenible y responsable y fomenta la vocación de pescador, intentando mejorar la imagen de la pesca en nuestro país.

El acuerdo pesquero tras el Brexit, alcanzado la pasada Nochebuena, una vez analizado al detalle, supone un duro varapalo para los pescadores de la UE, puesto que los negociadores de la Unión han cedido el 25% del valor de las capturas de la flota europea en aguas del RU. Por lo que se refiere al acceso a las aguas, el acuerdo prevé que podamos seguir pescando en las mismas al menos hasta dentro de cinco años y medio, el período transitorio establecido.

La nueva situación dibuja un escenario de muy difícil digestión por parte de la flota comunitaria y genera, además, una importante tensión sobre la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) tal y como la conocemos. Mientras que los británicos navegan con un horizonte despejado, no exento de matices; el sector pesquero español se enfrenta a otra tormenta y el impacto en la flota en toneladas de pescado perdidas es mucho mayor de lo que inicialmente pensamos.

Además, el período transitorio establecido de cinco años y medio genera mucha incertidumbre a futuro, puesto que antes de esa fecha tendrán de nuevo que negociarse las condiciones de acceso a sus aguas. Además, año a año ambas partes tendrán que negociar el total admisible de capturas (TAC) de las especies compartidas que, en nuestro caso, son las importantes que pescamos allí, como la merluza, el rape o el gallo. Y, por supuesto, tampoco podemos olvidar todos los problemas asociados a la logística y al incremento de la burocracia.

Tras el acuerdo post-Brexit, las flotas españolas que operan en el caladero británico y en Svalbard –88 buques del censo de NEAFC y los cuatro bacaladeros que pescan en Svalbard– arrancaron 2021 con alrededor 2.800 toneladas menos que en 2020 de especies de alto valor como la merluza, el gallo, el rape o bacalao. Esto se traduce en unas pérdidas, solo para este año, de unos 7,87 millones de euros. Y dado que el acuerdo prevé que las posibilidades de pesca de la flota europea se vayan reduciendo progresivamente, el impacto al final del período transitorio de cinco años y medio sería de 3.654 toneladas menos de las principales especies con unas potenciales pérdidas de en torno a 47 millones de euros. De esta cifra, en torno a 16,85 millones corresponden al bacalao en aguas de Svalbard y el resto a las flotas que operan en Gran Sol.

En primer lugar, es imperativo que la Comisión Europea y demás instituciones comunitarias dejen de considerar la pesca como una actividad destructiva y a los pescadores como presuntos delincuentes. Deben apreciar nuestra labor como proveedores de alimento sostenible y entender que somos los primeros interesados y comprometidos con la explotación sostenible de los recursos marinos. Ese ha de ser el primer paso para, en lugar de poner cada vez más obstáculos a la pesca cediendo a la presión de los grupos ecologistas, se asegure y se fomente el equilibrio de la triple vertiente de la sostenibilidad: medioambiental, económica y social.

Segundo, es también fundamental que la UE establezca las mismas exigencias de cumplimiento normativo a los productos pesqueros capturados por flotas de terceros países que entran en el mercado europeo y, en muchos casos, libres de aranceles. Y, tercero, es necesario que las instituciones y los gobiernos de los diferentes Estados miembros difundan el valor de los productos pesqueros y fomenten su consumo, que es en definitiva el objeto de nuestro trabajo y que, además, contribuye directamente a la salud y felicidad de los ciudadanos.

El ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ del sector pesquero, que hemos elaborado junto con la consultora Deloitte, establece las prioridades estratégicas del sector y aborda las reformas estructurales para garantizar el futuro de una actividad que ha demostrado su compromiso, resiliencia y responsabilidad. El plan tiene como objetivos maximizar el impacto de los fondos y amplificar las inversiones privadas. Se basa en tres pilares: transformación digital, sostenibilidad de las actividades pesqueras y cohesión social y continuidad del sector pesquero.

La primera línea estratégica, con una inversión necesaria estimada de 142,8 millones de euros, se alinea con el eje de transformación digital propuesto por el Gobierno y aborda el desarrollo tecnológico de las empresas pesqueras con la incorporación de nuevas tecnologías, tanto para mejorar la trazabilidad de los productos de la pesca, como para avanzar en la digitalización de los sistemas productivos y organizativos con la vista puesta en la explotación inteligente de los datos y la capacitación telemática de tripulaciones y personal en tierra.

La segunda línea, alineada con eje de sostenibilidad propuesto por el Gobierno y con una inversión de 179,3 millones, contempla el impulso de la economía circular, clave para el avance en la reutilización de redes y aparejos y la lucha contra la contaminación marina, sin olvidar la modernización y la transición energética de un sector que actualmente ya destaca por su baja huella medioambiental.

La cohesión social y continuidad del sector pesquero centran la tercera línea del Plan, para la que estimamos necesaria una inversión de 58,8 millones y que contempla el fomento de la incorporación y empleabilidad de la mujer en buques pesqueros, la mejora de las condiciones a bordo con el aumento de los espacios para las tripulaciones, el apoyo a la mejora de actitudes profesionales de los jóvenes y a la contratación de trabajadores de otros países; todas ellas fundamentales para responder al imperativo de relevo generacional.

El reglamento de la UE fue publicado y es de obligatorio cumplimiento. Ha supuesto un 8,3% de reducción adicional de los días que ya el año pasado se habían reducido entre un 15 y un 20%. Después de haber recibido algunos borradores con los días de pesca asignados a los armadores y haber detectado muchos errores, estamos a la espera de que la Secretaría General de Pesca publique oficialmente los días que corresponden a cada armador y barco. Por otro lado, estamos pendientes de que se resuelva el recurso contencioso administrativo que presentamos contra la Orden Ministerial que transpone el reglamento de la UE por el que se establece un plan plurianual para las especies demersales del Mediterráneo.

La Comisión Europea solo se está fijando en el aspecto medioambiental de la sostenibilidad. Se olvida de la importante parte social y económica. Con los recortes del año pasado, más los de este año y los venideros, la situación para nuestros pescadores va a ser dramática. Ya este año veremos cómo algunos caerán, por no ser viable la actividad y, en los próximos años, más todavía. Y hay que pensar que las repercusiones no son solo para la flota de arrastre, motor económico y social de los puertos del Mediterráneo, sino que afecta a las empresas y trabajadores de la industria auxiliar, de las lonjas y de todos los eslabones de la cadena comercial desde el barco a la mesa. Y también a las otras modalidades, que verán cómo las lonjas no podrán ser viables al reducir tanto la actividad el arrastre.

La pesca española lleva muchos años, por unos motivos o por otros, atravesando muchos momentos duros. En 1986, cuando entramos en la entonces Comunidad Económica Europea, teníamos más de 22.000 barcos. Ahora, 8.839. Son muchas las empresas y trabajadores que han tenido que abandonar su actividad porque no han sido capaces de adaptarse a la compleja política pesquera común de la UE. Han sido muchos los sacrificios que los pescadores han tenido que hacer durante todos estos años para continuar con su actividad. Pero no todo es negativo. Por ejemplo, más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la UE en el Atlántico Nordeste se pescaron de forma sostenible, tenemos un 50% más de peces que en 2010 en dicho océano y se ha reducido un 50% la presión pesquera en la zona. España, a pesar de todo, es líder en la UE y una potencia a nivel mundial. Tenemos una cadena de valor impresionante, que cada día nos permite poder acceder en los mercados a más de 500 especies diferentes de pescados y mariscos. Pocos países tienen la variedad y calidad que tenemos en España.

En cualquier caso, es un momento duro. La pandemia, el Brexit, la situación en el Mediterráneo, la carga inspectora, la incomprensión de las instituciones europeas, que cada vez generan con sus decisiones más y más euroescépticos entre los pescadores europeos, los ataques de determinados grupos (millonarios) de presión que quieren cargarse la pesca y un largo etcétera, nos ponen en una situación complicada.

Efectivamente, los últimos estudios científicos constatan que, ante el desafío que supone el incremento de la demanda mundial de alimentos, el mar y los océanos son fundamentales por su capacidad de producir alimentos nutritivos sin exacerbar el cambio climático y respetando la biodiversidad de los ecosistemas.

De hecho, el estudio ‘The Future of Food from the sea’ al que haces referencia revela que los alimentos procedentes del mar, que hoy apenas representan el 17% de las proteínas animales consumidas por la población mundial (59.000 millones de kilos), podrían incrementarse en una horquilla de entre un 36% y 74% de aquí a 2050 de forma sostenible. Este incremento supondría que los productos marinos aportarían entre 80.000 y 103.000 millones de kilos de proteínas, frente a los 59.000 millones actuales, constituyendo un 25% de las que precisará la alimentación de la población mundial en 2050, estimada en 9.800 millones de personas.

En ese escenario, la mayor parte del incremento de la producción de proteína marina corresponderá a la maricultura, pero la pesca extractiva -que actualmente representa el 83,5% de la proteína marina (49.300 millones de kilos)- seguirá siendo esencial; más aún si tenemos en cuenta que la huella de la actividad pesquera en los océanos se sitúa en el 4%, según una investigación desarrollada por el departamento de Ciencias del Mar y la Pesca de la Universidad de Washington, es decir, menos de un tercio de la de la agricultura en todo el mundo.

La fórmula perfecta para la conservación del océano se encuentra en una mayor y mejor gestión pesquera. En este sentido, y así lo entiende la FAO, es urgente replicar y explotar las políticas exitosas de la UE, como la del Atlántico Nordeste, a las áreas con una gestión pesquera menos desarrollada. Igualmente es urgente que todos los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para garantizar sistemas pesqueros sostenibles que respeten la biodiversidad.

Del mismo modo, hay que continuar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU, por sus siglas en inglés), que tiene un impacto directo en el ecosistema marino, pero también en las flotas que desarrollamos una actividad pesquera sostenible y cumpliendo con la legislación. La pesca IUU, según la FAO, supone hasta 26 millones de toneladas de pescado al año capturado de forma ilegal y hasta 23.000 millones de dólares en términos económicos, además de estar vinculada a prácticas inadmisibles, tales como el trabajo infantil y el tráfico de personas, que atentan contra los derechos humanos más básicos. Esta lacra, además de una clara competencia desleal, es un palo en la rueda para la consecución del ODS 14, que persigue la conservación y utilización sostenible de océanos, mares y recursos marinos.

En cualquier caso, para nosotros la clave es conseguir un equilibrio entre la necesaria conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.

Aunque muchos se empeñan en lo contrario, y si bien es cierto que hay margen para la mejora, el informe SOFIA 2020 de la FAO confirma que la mayoría de los stocks pesqueros (65,8%) se encuentran dentro de niveles de sostenibilidad biológica (el 59,6% se pesca dentro de los niveles de Rendimiento Máximo Sostenible y el 6,2% están subexplotadas) y ese porcentaje se eleva hasta el 80% en el caso de Atlántico Nordeste. Como consecuencia, el 78,7% del pescado desembarcado en el mundo procede de poblaciones de peces dentro de los niveles de sostenibilidad biológica.

No obstante, también es cierto que, a escala global, hay un 34,2% de poblaciones sobreexplotadas, una situación que corresponde, particularmente y como mencionaba antes, a pesquerías con una gestión pesquera menos desarrollada y localizadas principalmente en países asiáticos.

La solución no es sencilla. Son varios los factores que nos han llevado a esta situación: el cambio en los hábitos de consumo; la desaparición del FROM y sus famosas campañas de promoción del consumo de pescados y mariscos; las campañas contra el consumo promovidas por movimientos ecologistas, de veganos, vegetarianos, metiendo el miedo en el cuerpo a los consumidores con temas como el mercurio o el anisakis; y uno de los IVAS más altos de la UE. Frente a esto, es necesario que nos adaptemos a las preferencias de los consumidores, que se realicen muchas campañas de promoción y comunicación y que se informe adecuadamente sobre los beneficios para la salud del consumo de pescados y mariscos frente a los posibles riesgos. Con relación al IVA, llevamos muchos años reclamando su aplicación, junto con el resto del sector y del conjunto de la cadena de valor. Nuestra petición se concreta en la reducción del IVA de los productos pesqueros del 10% al 4%, para situarlo al mismo nivel del que se aplica en España a otros alimentos básicos como el pan, los huevos, la leche, la fruta o las verduras. Además, con esta medida España se equipararía con la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, donde el pescado disfruta de un tipo de IVA reducido con respecto al general. Así, por ejemplo, en Irlanda, Reino Unido y Malta no se aplica IVA al pescado. Luxemburgo lo grava con un 3%, Alemania, Chipre, Hungría y Polonia con un 5%, Francia con un 5,5% y Bélgica y Portugal con un 6%.

La reducción del IVA de los productos pesqueros no solo incentivaría su consumo que, como bien apuntas, ha sufrido un descenso de casi un 20% en los últimos doce años, también redundaría en beneficio de la salud de la población y contribuiría a reducir la incidencia de patologías relacionadas con una mala alimentación, como la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares, que generan un gasto de 7.700 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud y siguen siendo la primera causa de mortalidad.

Solo puedo terminar diciendo a todos los lectores que disfruten comiendo abundante pescados y mariscos. Además de encontrarse mejor y tener una buena salud, serán más felices.