Pasado inmediato, presente y futuro del ciclo integral del agua urbana

Son varios los problemas que afectan al sector del agua, de entre los cuales destaca la falta de inversión que ha generado un déficit de infraestructuras y de mantenimiento y conservación de más de 35.000 millones de euros.

Además de escasas, las inversiones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado y en los de las comunidades autónomas y ayuntamientos no son vinculantes, lo que las hace muy vulnerables a los cambios, y eso dificulta la ejecución de los presupuestos, ya que esos cambios aumentan los trámites administrativos que conllevan y generan inactividad en el periodo de ejecución cuando se realizan reajustes de anualidades

En las décadas anteriores a 2008, el hoy Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cumplía prácticamente el 100% de su presupuesto, mientras que en los últimos años deja más de un tercio sin cumplir, sobre todo en el programa de calidad de las aguas, y eso que su presupuesto es muy inferior al de aquel entonces. Es verdad que también ejecutan obras y, por tanto, licitan las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas con un mejor cumplimiento de sus presupuestos, pero aun así no es suficiente y año tras año el patrimonio hidráulico pierde valor.

Los sucesivos gobiernos reconocen que hay que revertir la situación y así lo prometen, pero la situación se mantiene, bien sea por causa del necesario ajuste presupuestario o por otras razones. Sea como fuere las clases dirigentes que proclaman su amor por el agua no hacen lo suficiente por ella y llegan la sequía y las inundaciones, arbitran soluciones ad hoc e invocan el cambio climático, esperando que pasen esos periodos. Eso sí, se gasta un dinero que sirve de poco, mientras que ese dinero debió gastarse en hacer una planificación exenta del capricho político y, por tanto, objetiva y sensata, y mientras la situación se mantiene y es que el único objetivo es que salga agua por el grifo, las más de las veces por el esfuerzo de los malqueridos contratistas.

Pero como casi todo en la vida esto tiene solución. No es otra que el fomento de la colaboración público-privada. El sector privado adelanta los fondos necesarios para acometer la infraestructura y la administración los devuelve con sus intereses a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Esto que, en definitiva, son las actuales concesiones, necesita de una nueva regulación en la que la tasa de descuento, el interés, no quede limitado como ocurre hoy por causa de la Ley de Desindexación y su reglamento. En el caso de las infraestructuras del agua las actuaciones, salvo excepciones, es raro que superen los 100 millones de euros, circunstancia que habrá de ser tenida en cuenta en la nueva regulación. No ocurre así con las infraestructuras del transporte.

Entre otras cuestiones para tener en cuenta, están la propia consideración del agua como sinónimo de vida y los cambios en la contratación pública.

Todos somos conscientes de que el agua es escasa, apenas el 3% de la que existe es dulce, y en raras ocasiones puede consumirse sin un tratamiento previo. Además, una vez utilizada, ha de devolverse a la naturaleza tras ser tratada. Este conjunto de actividades precisa de dinero para su desarrollo, lo que nos conduce al precio del agua, que la mayor parte de las veces es de índole política, siendo muy por debajo del debido e incumpliéndose así la Directiva Marco de Agua que dice que el precio debe incluir todos los gastos, incluyendo los de primera instalación o coste de la infraestructura. Como consecuencia se genera un déficit monetario que pone en grave riesgo la salud del agua y el mantenimiento y conservación de las instalaciones.

El sector sigue sufriendo los efectos de la pandemia y de las guerras actuales. Nos referimos a la extraordinaria subida del precio de los materiales y de la energía y el desabastecimiento; una situación que continúa causando una importante merma económica a las empresas. Desde marzo de 2023 solo se revisan los precios a contratos de obra -no así de servicios- en aquellos contratos que así lo incluyen en sus pliegos, con el consiguiente riesgo de que continúen quedando desiertas las licitaciones. Darle solución pasa por volver a la aplicación universal de la revisión de precios.

La escasez de licitaciones y su reparto irregular en el tiempo han provocado bajas nada razonables en las licitaciones, obstaculizando el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio. Para evitar que una oferta técnica mediocre se alce con la adjudicación por llevar asociada una oferta económica de difícil cumplimiento, es importante que los pliegos establezcan umbrales técnicos, eliminando la posibilidad de que la valoración económica permita la adjudicación a malas ofertas técnicas. Una de las herramientas para evitar estas situaciones es la utilización de la presunción de la temeridad de las ofertas, rechazando las ofertas que incurran en ella. Los pliegos deben buscar siempre la oferta con mejor relación calidad-precio.

Aunque a veces el papel resulta estrecho, hemos comentado algunas de las carencias y dificultades del sector, eso sí, con ánimo positivo y con el deseo de que las necesarias mudanzas inunden las conciencias de los que pueden lograrlas.

Terminado este artículo, hemos conocido los catastróficos efectos de la riada producida en el territorio de Valencia. La consternación y el dolor han hecho presencia, por eso nos solidarizamos con las víctimas, sus familiares y afectados. Es momento de colaborar en firme para paliar los efectos, por eso las empresas de Asagua han puesto desde el principio sus medios personales y materiales a disposición de las autoridades y así seguirán hasta que sea necesario.