Radiografía al control de producción de hormigón obligatorio según RD163/2019
Todas las plantas de hormigón están obligadas por disposición legal a estar dotadas de un control de producción con arreglo al RD163/2019; que establece, además, la necesidad de certificar su cumplimiento a través de una auditoría realizada por un organismo de control debidamente acreditado para ello por ENAC.
Han pasado más de 4 años desde su publicación en el BOE, y lo cierto es que su cumplimiento está siendo muy dispar, incluso geográficamente.
La responsabilidad del cumplimiento es, como no puede ser de otra manera, del productor de hormigón. Y, por otro lado, la vigilancia del cumplimiento recae sobre las Consejerías de Industria de las distintas Comunidades Autónomas.
Desde Anefhop, hemos apostado desde el primer día por esta normativa; apoyando a las empresas en su implantación y a las DG Industria que lo han requerido en su supervisión y control. Algunas CCAA se han puesto a trabajar con nosotros desde el primer momento, como la Comunidad de Madrid, que fue dónde más rápidamente se vieron los resultados. Otras CCAA, como Andalucía, organizaron un plan de trabajo de identificación y requerimiento, dado el gran número de centrales productoras de hormigón existente en esa región. Por el contrario, algunas CCAA, no han sido tan receptivas a nuestras solicitudes de inspección y ofrecimientos de colaboración, siendo sus resultados bastante peores y su tasa de incumplimiento aún significativa en la actualidad.
A día de hoy, todavía un número no desdeñable de centrales están vendiendo hormigón ilegal, sin el certificado que asegura el control de producción obligatorio, y con las repercusiones que esto puede tener en una posible reclamación de calidad, dado que ningún seguro cubrirá un siniestro de un producto ilegal. Según los datos que manejamos, presentados en la pasada Asamblea General, la cifra sería de 237 centrales (que representan el 14% del censo nacional). Las peores situaciones estarían en Castilla y León (69/32%), Extremadura (21/22%), Canarias (12/19%) y Castilla La Mancha (27/18%). Junto a ello, llama poderosamente la atención alguna situación provincial, como Salamanca, con un cumplimiento de únicamente el 46%, Orense un 55% o Soria un 57%.
Es necesaria, por ello, una mayor implicación de algunas Administraciones de Industria en la labor de vigilancia y sanción en esta materia, que proteja al cumplidor frente al incumplidor, y no al revés.
Desde Anefhop reclamamos a las DG Industria que actúen con la mayor celeridad contra estas 237 centrales que están vendiendo hormigón ilegal y, sin embargo, se les está permitiendo en la práctica competir con las plantas legales, evidentemente de una forma desleal. Además, pedimos que se hagan inspecciones muestrales por sorpresa sobre aquellas instalaciones que puedan ofrecer más sospechas de incumplimiento, para así verificar que después de las auditorías siguen cumpliendo con lo establecido en este RD.
No debe olvidarse tampoco, ya que se trata de un actor imprescindible, la obligación del constructor de solicitar, con carácter previo al suministro, el certificado en vigor de control de producción del fabricante. No pueden dar por sentado que disponen del mismo, ni siquiera que está en vigor, pues puede haber sido retirado en alguna auditoría posterior a la inicial o en alguna inspección puntual. De cara al consumidor, la responsabilidad de utilizar un hormigón ilegal así como la pérdida de garantías del mismo recae sobre el constructor, el promotor y su dirección facultativa.
Desde Anefhop hemos reclamado insistentemente la conveniencia y necesidad de disponer de un registro centralizado de certificados, donde de una manera fácil pudieran ser consultados los certificados y su validez, y evitar así cualquier tipo de argucia para saltarse el cumplimiento de la Ley y defraudar los derechos del consumidor. Solicitamos a las DG de Industria una mayor atención para aquellas regiones que lo necesitan. Además, que las AA.PP. promotoras de obras sean especialmente insistentes para que en todas sus obras públicas se exija previamente y se acompañe a la documentación final de obra el certificado en vigor.
Sólo a través de una actitud inflexible, podremos acabar con la competencia desleal, más aún en un aspecto como este, de tanta trascendencia para la calidad del producto y de las obras en general.
