La Ingeniería Civil en España: situación actual y cómo defenderla

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas está llevando a cabo una campaña de concienciación sobre la Ingeniería Civil en base a tres pilares: su conceptualización (¿qué es?), su divulgación (¿cómo nos beneficia?) y su defensa (¿cuál es su situación legal?).

Si bien todos los lectores de esta publicación somos conscientes de lo que es la Ingeniería Civil y sus ámbitos de actuación, lo cierto es que es tarea fundamental de los agentes que la componen difundir su definición y, lo que es más importante, sus aspectos prácticos sociales.

Tradicionalmente, desde la Ingeniería Civil se ha adolecido de una cierta responsabilidad de comunicación de sus hitos, de tal manera que éstos se han dado por sentado por una sociedad que diariamente se beneficia de sus acciones.

Por tanto, es tarea fundamental de entidades como el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas incidir en sus características y en sus beneficios.

Pero, ¿qué es la Ingeniería Civil? Ésta se entiende como la disciplina que lleva a cabo el cálculo, el diseño, la construcción y la gestión de las infraestructuras, independientemente de su envergadura.

Sin entrar en normativa, los Ingenieros Civiles operan en puertos, carreteras, ferrocarriles, construcciones del agua, energía y en la gestión de los principales servicios (agua, residuos, transporte, etc.).

Su labor en la planificación de todos estos elementos, a los que se une el tráfico y los recursos de las ciudades, hace que los Ingenieros Civiles intervengan en la mayoría de acciones diarias de la población general, lo que nos lleva a la segunda gran pregunta planteada en este artículo.

La cuestión sería la contraria: ¿en qué no hay Ingeniería Civil? Esta disciplina, transversal, actúa en un sinfín de campos. No obstante esto, ¿es la población consciente de ello?

Tradicionalmente, las Obras Públicas se han tratado, más allá de épocas de elecciones, como un trabajo silencioso, en el que se han dado por supuesto los esfuerzos de la profesión para la consecución de grandes infraestructuras y tareas.

Esto se ha visto durante la crisis por la COVID-19, en la que los Ingenieros han permitido “hacer” al resto de profesiones: los transportistas continuaron prestando sus servicios mediante las conexiones en carretera, barco y tren; los sanitarios contaron con medicamentos, agua potable e infraestructuras resistentes; la población continuó recibiendo servicios básicos como la gestión de residuos, principal foco de otra enfermedades; y las principales energías, como la eléctrica y el gas, llegaron a los hogares de nuestro país como siempre.

Todo ello se consiguió a través de una fuerte red de infraestructuras, conectadas entre sí, que supusieron décadas de esfuerzo y de trabajo de nuestros Ingenieros. Porque, además de la construcción, se ha de poner el énfasis en su gestión y mantenimiento, que permiten que dichas instalaciones den servicio durante décadas en perfectas condiciones y garantía.

Precisamente dicha garantía y excelencia en los trabajos se sustenta en legislación que protege tanto al Ingeniero Civil como al usuario de las infraestructuras clave.

La Ingeniería Civil se defiende a través de leyes. La legislación establece las atribuciones y las competencias que desempeña la Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP) y las cuales se pueden consultar directamente en la web del CITOP, Colegio que la representa.

No obstante la existencia de éstas, el marco jurídico de nuestro país se muestra obsoleto en cuanto a aplicación se refiere, especialmente en el ámbito de los estudios. Así, el Plan Bolonia establecía como Grado la titulación de Ingeniería Civil, que da acceso a la profesión de ITOP. De manera paralela, dentro de la relación de puestos de trabajo del funcionariado, se establecía el Grado como requisito para el acceso al máximo nivel de trabajador público, el A1.

Esto, no obstante, no se está llevando a cabo en la Administración de España en el ámbito de la Ingeniería, lo que afecta a más de 300.000 profesionales de todo el país (más de dos millones si incluimos a trabajadores de la Educación, Sanidad y Economía). Así lo establece el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, INGITE, del que forma parte el CITOP.

Mediante una denuncia ante la Comisión Europea, admitida a trámite, se solicita que se cumpla la Función de Derecho Público de nuestro país, dejando a un lado el perjuicio a los Ingenieros.

Un sistema jurídico parcial no puede permitir el correcto desempeño de profesiones clave para la sociedad, como es el caso de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. De ahí la necesidad de comenzar a implantar la legislación actual de una manera estricta y sin restricciones.

También dejar de lado los discursos arcaicos que aseguran que los ITOP no pueden firmar proyectos y que confunden a la población hasta tal punto de incidir, entre los alumnos, de la necesidad de cursar un Máster para poder incorporarse al mercado laboral.

Una utopía para muchas entidades, irreal en la legislación vigente en España y, afortunadamente, en la Unión Europea.

Estas tres preguntas, que se han planteado a la hora de establecer nuevas comunicaciones sobre la Ingeniería Civil, han de marcar el papel de sus agentes para la información, la divulgación y la defensa de sus profesionales. Solo en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas se engloban más de 15.000 ITOP e Ingenieros Civiles en nuestro país.

Esto, traducido al mercado laboral, no es suficiente. Tal y como estima el Observatorio de la Ingeniería de España, en su primer informe de 2022, contamos con 750.000 profesionales de la Ingeniería, estando solo el 3,7% jubilado. En cuanto a la proporción, mayor que en países como en Francia y en Italia, existe un Ingeniero cada 1.000 habitantes. El 8% del total pertenece a la Ingeniería Civil, siendo el 57% Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Graduados en Ingeniería Civil.

Con un mercado laboral en alza (la Confederación Nacional de la Construcción ya habla de una carestía de 700.000 empleados de todos los perfiles en el sector), somos responsables del futuro de la Ingeniería Civil. De ahí la importancia de contar con un marco jurídico que nos proteja y que nos permita seguir avanzando en el bienestar de la población y en la garantía de nuestros trabajos. Y de ahí, también, la necesidad de difundir nuestras proezas y oportunidades laborales para las nuevas generaciones.