“España necesita invertir 50.000 millones en infraestructuras del agua durante la próxima década”

La ausencia de lluvias generalizadas en los últimos meses en el territorio español junto con la sobreexplotación de acuíferos está llevando a imágenes tan impactantes como la de la última laguna permanente de Doñana seca, sin agua. Varias autonomías han comenzado a aplicar restricciones al consumo del agua para paliar esta situación de escasez.

A pesar de que la voz de alarma ya se ha dado, desde distintos agentes del sector llevan tiempo advirtiendo del riesgo de no atender las necesidades de inversión del país; a pesar de que España tiene más de la mitad del territorio en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo, ha sido el país, de entre las mayores economías europeas, con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019 con tan solo 24€/habitante en 2019 frente al promedio de 40€/habitante.

Luis Javier Romero de Córdoba es desde 2018 presidente de ASAGUA, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua. En esta entrevista, el asimismo director general y CEO de PESA Medioambiente analiza la situación de las infraestructuras del agua y aboga por un Pacto de Estado que permita una gestión integral de nuestros recursos hídricos.

En líneas generales, ¿en qué estado se encuentran las infraestructuras del agua en nuestro país?

En general podemos decir que, por el momento, su estado es bueno gracias a los esfuerzos de los operadores, pero claro con bastantes excepciones, ya que algunas están rozando o han sobrepasado su vida útil y el estado de otras, que no se encuentran en este caso, dejan bastante que desear. Empleamos ‘por el momento’ para significar que, sin demora, se impone un cambio en el ciclo inversor de las infraestructuras del agua para evitar problemas graves en un futuro no muy lejano, lo que no se puede consentir, ya que el agua es imprescindible para todas las actividades humanas.

El ritmo inversor en infraestructuras quebró en 2008 y a partir de entonces no se ha recuperado. Esperemos que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto a los planes hidrológicos de cuenca y las dotaciones en los Presupuestos Generales del Estado reviertan la situación.

Durante los primeros estadios de la pandemia provocada por el COVID 19, los servicios del ciclo urbano del agua, que forman parte del núcleo esencial de actividades de las empresas de ASAGUA, se prestaron con normalidad, lo que significa que el agua del grifo no sufrió merma en su calidad y el agua residual que salía de los hogares y de la industria se siguió depurando. Esto a costa de las empresas que proporcionan los correspondientes servicios que, con cierta frecuencia, tienen que asumir responsabilidades exorbitantes que van más allá, en muchos casos, de sus obligaciones contractuales. Durante la pandemia siguieron operando, incluso en los momentos de confinamiento total a costa de sacrificios personales y económicos, demostrando que son un servicio público esencial para la seguridad y bienestar de las personas.

¿Cuál es el mayor déficit o dónde debería ir el esfuerzo inversor en los próximos años? ¿Qué infraestructuras críticas habría que abordar?

Es prioritario acometer las infraestructuras del ciclo urbano del agua (abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización) para cumplir con el mandato de la UE (Directiva Marco del Agua) que exige tener todas las aguas depuradas, y por ende la Agenda 2030. En especial, dentro de las anteriores, las actuaciones de depuración por las que el Estado está siendo penalizado por incumplimientos, tanto por servicio deficiente como por la inexistencia de este.

La necesidad de renovar la red de saneamiento es indiscutible y aún queda conseguir que no existan poblaciones con un abastecimiento deficiente, tanto en cantidad como en calidad.

Lo dicho, hay que complementarlo con el resto de las actuaciones que contemplan los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca y con las encaminadas a mejorar la eficiencia del servicio, tanto en lo energético como en lo que se refiere a la minimización de las pérdidas en las redes.

¿Cuál está siendo el impacto en el sector del encarecimiento de las materias primas?

La falta de suministros afecta a todas las actuaciones en materia de agua y tendrá una influencia negativa en el cumplimiento de las inversiones que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dado el plazo en el que se tienen que ejecutar y las poco eficientes medidas del Gobierno para devolver el equilibrio económico a los contratos.

Como consecuencia de la excepcional subida de los precios de las materias primas, la energía y el petróleo, se han suspendido obras y licitaciones se han quedado desiertas, por eso el Gobierno ha aprobado disposiciones que contemplan medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, pero que a nuestro entender no solucionan el problema, tanto por su temporalidad como por su alcance, lo que sin duda aumentará la demora en la consecución del objeto de las inversiones y provocará el incremento del número de tramitaciones administrativas de las correspondientes reclamaciones en los despachos, siempre tediosas y de compleja resolución.

“El ritmo inversor en infraestructuras quebró en 2008 y a partir de entonces no se ha recuperado”

Según el Global Competitiveness Index de 2018, España ocupa el puesto número 18 el ránking mundial de calidad de la infraestructura del agua. ¿Está acorde este puesto con las necesidades y las infraestructuras del país?

Esto resulta de comparar distintos parámetros en distintos países, lo que quiere decir que otros están mejor. No es una mala posición, pero si tenemos en cuenta que España es un país industrial en el que además destacan la agricultura, la ganadería y el turismo, nos hubiera gustado obtener una mejor posición.

Desde nuestro punto de vista, del puesto no se puede deducir si está o no de acuerdo con las necesidades e infraestructuras de España. Como dijimos España necesita más infraestructuras y renovar una parte importante del parque existente; un ejemplo claro de ello lo tenemos en las EDAR de La China, Butarque y Sur, todas situadas en Madrid que tienen más de 50 años. Algunos otros ejemplos en similares condiciones existen a lo largo del territorio español.

Las inversiones en infraestructuras del agua representaban el 0,36% del PIB en 2007 cayendo hasta el 0,14% entre 2014 y 2017. ¿Cuál fue el impacto en el sector del agua de la crisis que comenzó en 2008?
El descenso de la contratación pública que hemos padecido más de una década ha generado una serie de secuelas nada buenas para la sociedad. Algunas infraestructuras se han deteriorado hasta el punto de no dar las debidas prestaciones; infraestructuras que debieron ser renovadas, pero no lo fueron debido a los recortes en las inversiones, que son eso, inversiones, no un gasto. Muchas veces no se remarca esta diferenciación lo suficiente.

El buen estado de la conservación y operación de las infraestructuras es clave para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y para que España progrese. Existen entes locales que no pueden garantizar esa conservación, con desagradables incidencias en el medio natural. Hay que decidir quién y en qué condiciones se hará cargo de la conservación y operación de esas infraestructuras.

La poca inversión ha desembocado en la merma de las labores de mantenimiento y ha puesto en riesgo el servicio. Todo ello incrementado muy especialmente en el último año por el incremento de los costes comentado anteriormente (energía y combustibles en particular).

¿Cuál es el déficit de mantenimiento acumulado en las infraestructuras del agua derivado de este descenso en la inversión?

Acotamos el término de infraestructuras del agua para referirnos a las del ciclo urbano del agua.
En los últimos años, la inversión para el mantenimiento de estas infraestructuras no ha sobrepasado los 2.000 millones de euros al año, cuando debió de haber sido del doble.

Para actualizarlas, conservarlas y acometer otras de nueva construcción son necesarios del orden 50.000 millones durante los próximos 10 años, lo que significa que tanto el Estado como las autonomías y los entes locales han de aumentar sus presupuestos para estos quehaceres. Mantener e incrementar el stock de capital público es esencial para la productividad.

A título de ejemplo cabe resaltar que la mitad de las redes de abastecimiento y saneamiento, dada su antigüedad, han de ser construidas de nuevo. Solo así se evitarán las pérdidas, situadas en el entorno del 25% y en casos puntuales por encima del 50%, y se reducirá la contaminación asociada en el caso del saneamiento.

Si las dotaciones presupuestarias para inversiones han sido escasas los últimos años, también lo ha sido la voluntad política para gastar lo comprometido, entre otras razones por el ajuste fiscal. Es hora de no seguir cargando sobre la inversión el ajuste fiscal y de no utilizar las infraestructuras como resortes del poder político.

“La mitad de las redes de abastecimiento y saneamiento, dada su antigüedad, han de ser construidas de nuevo”

Más de la mitad del territorio español está en riesgo de desertización y los periodos de sequía son cada vez más complicados. ¿Está en riesgo la seguridad hídrica en España si no se toman medidas?

El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertización.

El 74% del territorio español es susceptible de ser desertificado por causas económicas, así sobreexplotación de los recursos hídricos y la intensificación de la agricultura y la ganadería intensivas. También existen causas de tipo social como la despoblación y el abandono de terrenos forestales y ambientales como el cambio climático y los incendios.

España es un país que engloba ámbitos geográficos y climáticos muy diferentes entre sí, lo que lleva a que las cuencas hidrográficas tengan distintos comportamientos, que también se dan dentro de una misma cuenca, por eso no se puede dar una respuesta global y habrá cuencas con suficientes recursos y otras que no los tendrán, por eso son tan importantes los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, cuya esencia es la determinación de los recursos disponibles según las necesidades y prevalencia de usos.

Según los datos que elabora EurEau, España es uno de los países europeos en los que el precio del agua de consumo doméstico es más bajo. ¿Es demasiado barata el agua en España? ¿Cree el coste político permitiría tomar medidas en materia de precios al consumo?

El agua debe tener un precio que, según la Directiva Marco del Agua, ha de comprender los gastos que se originan para transportarla, dejarla en condiciones óptimas para su consumo y depurarla, más los de primera instalación de las infraestructuras necesarias para realizar esas operaciones.

En España, los principales responsables del ciclo urbano del agua son los ayuntamientos cuyo número supera los 8.000 (excepto agrupaciones de municipios con distintas formas jurídicas), cada uno con su precio; la consecuencia es que el precio varía en función del lugar de residencia; precio que en muchos casos es político y no sigue los criterios de la Directiva Marco del Agua. Incluso, a veces, incluye precios espurios, esto es ajenos al servicio de abastecimiento y saneamiento, lo que no es admisible, pero así están las cosas.

Se impone revertir esta situación para conseguir que, por la debida solidaridad interregional, haya un precio único o muy parecido; lo contrario es discriminar a las pequeñas poblaciones en las que el coste de las infraestructuras y los demás gastos son elevados en relación con el consumo.

Conseguir ese precio único no significa que todos paguen igual. Pagarán lo mismo quienes utilicen el agua y la devuelvan en parecidas condiciones; en consecuencia, los que utilicen más cantidad o la contaminen más han de pagar un precio distinto; lo primero para evitar el despilfarro y lo segundo porque es de razón.

Para conseguirlo abogamos por un Pacto Nacional por el Agua que permitiría implantar un regulador único. Conseguirlo solo es cuestión de que los políticos entiendan el valor que tiene el agua para garantizar la dignidad de las personas.

En España, teniendo en cuenta lo que hemos expuesto, podemos decir que el agua para consumo doméstico es barata con relación a otros países de nuestro entorno, donde supera con creces los dos euros el m3, mientras que en España no los alcanza.

En la gobernanza del ciclo urbano del agua tienen competencia los entes locales, las autonomías y la Administración General del Estado, lo que ocasiona serios y complejos problemas que con frecuencia impiden que se tomen las medidas necesarias. La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local continúa residenciando en los municipios la competencia del abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Desde ASAGUA hicimos gestiones para que se evitara esta competencia exclusiva, ya que la mayoría de los municipios no disponen de los recursos necesarios y no pueden hacer un adecuado tratamiento de las aguas residuales ni, en no pocos casos, atender el abastecimiento domiciliario, lo que conlleva una afección directa al medio ambiente y contribuye a mantener situaciones de incumplimiento de la Directiva.

«En términos hídricos España es un todo holístico, una realidad distinta de sus regiones, por eso es importante trascender estas y actuar de forma integrada»

Una de sus propuestas es desarrollar la colaboración público-privada. ¿Existen oportunidades para la inversión privada en el sector? ¿Hasta qué punto es un obstáculo la legislación actual?

Siempre hemos defendido la necesidad de desarrollar la colaboración público-privada potenciando un marco normativo que la garantice; idea no secundada por el poder político y que ahora reivindica en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como algo necesario para acrecentar la inversión, lo que es bueno.

El punto 2.5.1 del Plan que habla de inversiones, señala: “El Plan de Recuperación contempla la movilización de inversión pública en el territorio nacional por 140.000 millones de euros hasta 2026 para llegar a impulsar hasta 500.000 millones de inversión privada”. Esta afirmación plantea el interrogante de si esto va a ser posible sin el desarrollo legal de este tipo de colaboración más allá de la cuestión de las concesiones.

La aprobación del Reglamento de la Ley de Desindexación por Real Decreto 55/2017, supuso un duro golpe a este tipo de colaboración al limitar la rentabilidad del capital privado al rendimiento medio de la deuda del Estado a 10 años más 200 puntos básicos, cuando el retorno exigido en la actualidad por las inversiones en activos de infraestructuras es del orden del 6% al 7%. Es imprescindible modificar esta norma y desarrollar el marco legal para desarrollar esta clase de colaboración.

Tanto este Gobierno como el anterior han expresado su intención de alcanzar el Pacto de Estado del Agua. Los partidos de la oposición también reclaman un acuerdo nacional en esta materia. ¿Cree posible alcanzarlo? ¿Qué importancia tendría un pacto de Estado en este momento?

Para nosotros este pacto no se debió interrumpir. El Plan Hidrológico Nacional buscaba, a través de los cuatro ejes en los que se vertebraba, una gestión integrada e integral de los recursos hídricos, convencionales y no convencionales, presididos por el principio ineludible de la debida solidaridad entre las distintas regiones de España.

En términos hídricos España es un todo holístico, una realidad distinta de sus regiones, por eso es importante trascender estas y actuar de forma integrada. Se trata de inventariar los recursos que existen y satisfacer las necesidades del conjunto, cuestión resoluble si se actúa con criterios técnicos.
La aprobación del plan hubiera hecho posible, entre otras cosas, la implantación del regulador único y precios del agua sustentados por las mismas bases y, por tanto, su homogeneización.
Desde ASAGUA consideramos imprescindible un Pacto nacional por el agua para evitar las guerras del agua y para su reparto solidario entre las distintas regiones de nuestro país.

Por último, ¿cuál es el grado de internacionalización de las empresas del sector y particularmente de las asociadas a ASAGUA? ¿Cómo son percibidas nuestras empresas e ingenierías en el resto del mundo?

El sector del agua español cuenta con excepcionales profesionales que, por su buen hacer, le han otorgado un gran prestigio a nivel internacional. Aunque la vocación internacional ya existía, debido a la menguada inversión habida en la última década las empresas se vieron obligadas a buscar negocio fuera, desarrollando una gran cartera, alcanzando el éxito y logrando una gran experiencia y reconocimiento.