Juan F. Lazcano: «La hora de la innovación»

Estamos llegando al final del año y a todos nos gusta hacer balance del año pasado y propósitos para el nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, resulta complicado en cierta medida puesto que nos encontramos en un momento de gran incertidumbre. Por un lado, por la situación política, que afecta especialmente a nuestro sector, condicionando la confianza de los inversores y afectando negativamente a la obra pública. Y por otro lado, el mercado inmobiliario está comenzando a mandar señales de un posible estancamiento.

No obstante, durante los primeros seis meses del año, los datos han constatado la buena marcha del sector hasta ese momento. La afiliación a la Seguridad Social en el sector creció un 5,22% con respecto al mismo periodo de 2018 y alcanzó los 1.275.536 afiliados. Respecto al volumen de licitación de obra pública, acumuló un total de 9.900.868, lo que supone un 52,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, los visados de obra en edificación se situaron en 60.575 unidades, lo que supone un aumento del 16,92%. Por tipo de obra, los visados de obra fueron 47.119 unidades y los de ampliación y reforma 13.456, aumentando en ambos casos en la misma proporción respecto al año anterior.

La industria de la construcción parece recuperarse de las peores consecuencias de la crisis económica acaecida en nuestro país, pero la afectación ha sido tan profunda que, sin menoscabar el ingente esfuerzo del sector por superar esta circunstancia, no debemos precipitarnos en un optimismo sin mesura. Los indicadores analizados en el informe del Observatorio de la Construcción muestran que el sector empieza a recuperarse, y ofrecen datos positivos en sus comparaciones interanuales. No obstante, el proceso de recuperación es desigual y se encuentran muy alejados de los niveles previos a la crisis.

Los retos a los que se enfrenta el sector no pueden ser afrontados sin el desarrollo de la innovación y las nuevas tecnologías. Los requerimientos del futuro dirigen a la industria de la construcción hacia una transformación que impulsa la sostenibilidad de obras y materiales, y precisa la profesionalización y cualificación de las personas que la integran.

La licitación debería asentarse en una estrategia pública planificada de creación y conservación de infraestructuras con vocación de continuidad. La inversión en infraestructuras y su conservación tendría que complementarse para su sostenibilidad en elementos de financiación como la colaboración público-privada y no servir como elemento de ajuste presupuestario en periodos económicos desfavorables.

Tal y como se recoge en el documento de propuestas de CNC al nuevo Gobierno, las infraestructuras son esenciales para el crecimiento económico, la competitividad, el bienestar social de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente. La idea equivocada de que en España está ya todo hecho en materia de infraestructuras puede conducir a nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Aunque en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad, contamos con una extensa y moderna red, existen otras áreas, de marcado contenido social, en las que somos altamente deficitarios, como en infraestructuras de abastecimiento, depuración y distribución del agua, de tratamiento de residuos, protección y regeneración del medio ambiente, movilidad urbana, de transporte de mercancías y logística, accesibilidad, redes secundarias, gestión de capacidad y equipamiento público.

Seguir avanzando en la modernización y mejora de nuestras infraestructuras debe constituir un compromiso irrenunciable con las futuras generaciones para garantizar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Algunas de las propuestas concretas de CNC son:

• Aprobar un Plan de nuevas infraestructuras que prevea acometer, junto a las necesarias infraestructuras de transporte y movilidad -básicas para la movilidad y el equilibrio territorial- inversiones en los sectores del agua, la gestión de residuos, el medioambiente, la sanidad y la educación, y avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua.
• Aprobar un Plan de conservación y mantenimiento de la red viaria ante el estado deficitario de parte de las infraestructuras viarias y el impacto que ello supone en el cambio climático (cada kg de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36 kg de CO2 procedentes del transporte por carretera).
• Desarrollar un modelo concesional y de colaboración público-privada eficiente que, de forma complementaria a los presupuestos públicos, de respuesta a la necesidad de inversión en infraestructuras y servicios prioritarios pendientes.

Por Juan Francisco Lazcano, presidente de CNC – Confederación Nacional de la Construcción