"La primera respuesta a la fuerte crisis ha sido el incremento salvaje de la gestión incontrolada"

Esta entrevista recoge un pormenorizado análisis de la situación que vive el sector del reciclaje de residuos provenientes de la construcción y la demolición. El secretario general del gremio de recicladores de derribos habla sin tapujos del incumplimiento de la ley, de la importancia de la demolición selectiva, del intrusismo y del próximo Congreso Nacional de Demolición y Reciclaje.

Alfons Güell, secretario general del Gerd, en su despacho del Parque Tecnológico del Vallés, en Barcelona.

La aparición de todas las políticas de gestión de residuos ha ido provocando, en contra de las inercias del mercado, que se vayan controlando los flujos de residuos de construcción y demolición y que vayan apareciendo instalaciones especificas de reciclaje. El reciclaje es un proceso industrial y su implementación resulta cara, por lo que para poder llevarse a cabo deben darse determinadas condiciones económicas. El último escalón de la jerarquía de gestión es la eliminación, que se realiza en vertederos específicos, y si esa eliminación en vertedero tiene un coste alto facilita que se lleve a cabo el reciclaje.

La gestión de escombros es una actividad industrial empresarial y constituye un servicio privado. La ley de residuos actual, a diferencia de la de 1975, dice que los escombros son de titularidad privada, exceptuando obras menores y pequeñas obras domiciliarias, que corresponde a la competencia municipal (una excepción es Aragón, donde un decreto declara la gestión de estos residuos de titularidad pública autonómica). Sin embargo, no tiene mucho sentido que un 5 ó 10% que suponen este tipo de escombros implique la creación de una red de instalaciones aparte. Esto crea dos situaciones empresariales que difícilmente pueden convivir y en la mayoría de casos se están generando problemáticas.

El mayor problema sigue siendo el vertido incontrolado de los escombros; esos residuos terminan en instalaciones no autorizadas, nada menos que alrededor del 50% de la producción total española de RCD. En estos momentos alrededor del 75% de la masa de los materiales de demolición y construcción son de origen pétreo, pero del resto de su contenido, una parte, que puede rondar el 5%, puede ser tóxica o peligrosa.

No necesariamente es responsabilidad del promotor o productor. Hay ayuntamientos que tienen vertederos incontrolados o hay agujeros de actividades mineras abandonadas, o trozos de campo o suelo público… Las entidades locales tienen competencias suficientes para erradicar las actividades ilegales en su territorio y colaborar en la lucha contra el intrusismo profesional.

El marco legal existe pero no se cumple. No sirve de nada dotar presupuestariamente el cierre de vertederos ilegales si no hay una política de control posterior. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad y en este caso es compartida.

Evidentemente ese tipo de demolición implica mayor mano de obra, mayor utilización de instrumentos de precisión y también mayores costes.

Esa fase de la demolición entra en lo que se denomina minimización, se trata de evitar la contaminación separando los elementos tóxicos y peligrosos, como amianto, calderas, equipos motores de ascensores o restos de residuos en las instalaciones industriales, donde se abandonan bidones en los que te puedes encontrar cualquier producto. Otro elemento peligroso son los sensores contra incendios, compuestos por unas cápsulas que llevan elementos radioactivos; si los identificas, los retiras y los gestiones a través de un gestor de residuos nucleares, no hay problema, pero si se mezclan con la demolición llega a las plantas y es muy difícil detectarlos; cuando entran en procesos de reciclaje puedes fácilmente romper estas cápsulas y ello puede generar problemas serios.

Lo primero que hacemos es identificar la procedencia del material. Después aplicamos una serie de criterios de selección basados en controles visuales y organolépticos. También contamos con sistemas de almacenamiento temporal; cuando se recibe una carga de procedencia que pueda implicar algún tipo de riesgo se almacena y se analiza.

Es España sólo hay demolición selectiva en obras de una cierta repercusión mediática, en la demolición de algún edificio emblemático; da imagen y permite al político colgarse la medalla…, pero la demolición selectiva no llega al común de la actividad, porque es mucho más caro.

Las actividades de desmontaje de edificios se realizan en Holanda con normalidad: allí están reciclando y reaprovechando más del 98% de lo que se genera. Pero la fase de gestión del residuo es tan cara que tiene una repercusión importante en el precio final. En España estamos en un 15%, como mucho, de reciclaje; ¿Debemos plantearnos llegar al 95 con la repercusión que eso supondría sobre el precio de la vivienda…? hay que buscar el término medio. Hoy en día se podría llegar al 50% sin que tuviera una repercusión significativa en el precio final, siempre y cuando se cerraran los vertederos incontrolados…

Antes había instalaciones muy complejas en países como Holanda o Alemania, con muchos sistemas de clasificación. Ese enfoque se ha ido abandonando y ahora se buscan procesos más simples, variados, adaptados y flexibles.

En otros países, todo lo que no sirve y va a eliminación, como cartones, papeles, etc., se utiliza como combustible secundario. Aquí no se permite. Se trata de un material con una capacidad calorífica enorme, pero lograr hacer un material homogéneo es muy caro; requeriría un cambio de maquinaria. Ese sistema no funciona en España, pues hay muchas restricciones a la incineración, por el tema de emisiones, aunque de hecho, con la tecnología adecuada no se generan emisiones.

Estos materiales van a vertedero, a eliminación; hoy por hoy es la salida adecuada y económicamente viable.

Uno de los grandes asuntos que abordaremos serán los cambios legislativos que se están produciendo y que indican que estamos entrando en serio en la sociedad europea del reciclaje, cambios que, por otra parte, tendrán una importante repercusión en el sector de la construcción. Venimos de una situación, el año 2008, que ha sido claramente de reducción de la actividad en general; el sector de la construcción se ha paralizado en un 50% de media, y eso ha repercutido en el negocio del reciclaje. Confiábamos en que el incremento de legislación y de implicación de las administraciones públicas conllevaría un incremento del control de los flujos, que permitiría de algún modo, compensar la reducción de la producción. Eso no ha ocurrido, porque la primera respuesta a la fuerte crisis ha sido el incremento salvaje de la gestión incontrolada. Lo primero que se ha evitado ha sido el coste de gestión de los escombros; ese ha sido nuestro mayor problema durante el último semestre. Nuestro principal campo de batalla hoy, es contra el intrusismo y contra la gestión ilegal. En 2008 hablábamos de un 50% de gestión ilegal, pero en estos momentos hay mucho más. Como reacción a la crisis se han desmontado todos los sistemas de control que funcionaban hasta la fecha. Hacía muchos años que no se veían descargas de escombros en el área metropolitana de Barcelona y hoy ya se están viendo. Es una situación gravísima, que sólo puede atajarse por la vía disciplinaria.

El otro gran tema del congreso es la crisis económica. Evidentemente es una crisis mundial pero, ciertamente, ha afectado mucho más intensamente a España que a otros países europeos. Vamos a analizar cómo las empresas podemos reaccionar a esta crisis, cómo se puede capear.

La crisis se llevará por delante a muchas empresas y habrá que minimizar los efectos.

Pues hablemos del tercer gran tema del Congreso: La Guía Española de Áridos Reciclados. A diferencia de otros países europeos, en España no existe una normativa técnica sobre la utilización de los áridos reciclados en las obras públicas, lo que supone una barrera muy fuerte a la utilización de estos materiales.

La administración está puntuando en concursos la utilización de materiales reciclados, pero cuando llegas a la obra el facultativo responsable te dice que no, porque el pliego general de condiciones no lo avala. Y es cierto; yo entiendo esa reacción. Como la normativa técnica no se ha desarrollado correctamente en esos temas es lógico que los facultativos se laven las manos, pues no se sienten cubiertos por la legislación. Sólo lo están utilizando aquellos que ya lo han probado y conocen al proveedor.

Ahora, con la guía que presentaremos en el Congreso, que contiene recomendaciones y propuestas para elaborar las normativas técnicas y para cuya elaboración se ha contado con la participación de diversas universidades y centros tecnológicos, esta situación puede empezar a cambiar.