Entrevista a Pablo Sáez, director de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

ACEX fue creada en abril de 1995 con una clara vocación de servicio y con el firme compromiso con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible, estableciendo así la base sobre la que se asienta el desarrollo social y económico de nuestro país. Entrevistamos a su director, Pablo Sáez, para conocer la evolución que ha seguido la conservación y explotación de infraestructuras en España durante los últimos años y las perspectivas que se abren para los próximos meses.

Nuestras infraestructuras son un sector olvidado debido a la contención del gasto y al control del déficit, que han incidido negativamente en la situación económica y en el empleo, llevando a unas restricciones presupuestarias en inversión de infraestructuras muy por debajo de las necesidades reales del país. Es más, lo poco que se ha invertido se ha destinado a infraestructuras cuya rentabilidad para el país ha sido puesta en duda por algunos estudios sobre el análisis financiero y social de las mismas.

Si comparamos la inversión en España con nuestros vecinos europeos, esta se sitúa más de un 30% por debajo en inversión por habitante y más de un 50% por debajo en inversión por densidad de población con respecto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia para el periodo 1995-2014.

Teniendo en cuenta que el gasto en partidas como sanidad, educación, pensiones y prestación por desempleo está comprometido, o se incrementan los ingresos vía impuestos para hacer frente a inversiones que son necesarias, o se disminuye la inversión en infraestructuras, que es la línea adoptada por el Gobierno. Existe otra opción, que es disminuir el gasto corriente. Sin duda sería un planteamiento más eficiente que el elegido, pero también más complicado.

La gran damnificada desde la crisis ha sido la carretera. España acumula un déficit que supera los 6.600 millones. La conservación de las carreteras españolas sigue anclada en el suspenso, y si no se actúa de forma urgente, antes de 2020 será necesario reconstruir buena parte de la red. Un déficit que entre 2013 y 2015 se ha incrementado en un 7%, del cual un 2% se corresponde a la red que gestiona el Estado y un 9% a la que administran los gobiernos autonómicos. En lo que respecta a la Red del Estado, es necesario invertir en reposición y refuerzo de firmes y renovar 108.000 señales de código. Por su parte, la Red Autonómica precisa 280.000 señales, repintar las marcas viales, instalar barreras metálicas y balizamiento, y un largo etcétera.

Efectivamente el presupuesto nos sitúa en niveles reales de inversión estatal de hace 22 años, con el menor ratio de inversión sobre el PIB de la serie estadística. Tener el menor ratio inversor de la UE conlleva dos riesgos importantes. Por un lado, que el gran esfuerzo inversor realizado durante años se puede malgastar por una mala gestión de su conservación y mantenimiento al no asignar unos recursos estables y necesarios. Por otro lado, el resto de los países van a mejorar comparativamente sus infraestructuras con relación a las españolas y, por tanto, van a mejorar su competitividad relativa.

Para mantener la red viaria de forma óptima es necesario invertir un 2,5% de su valor patrimonial. El valor patrimonial de nuestras carreteras se puede calcular de diversas formas, pero como orden de magnitud la red del Estado supera los 80.000 millones y el valor de las carreteras de comunidades autónomas y diputaciones supera los 115.000 millones, por lo que Fomento debería duplicar el presupuesto destinado a la conservación hasta los 2.000 millones de euros, siendo en la actualidad del orden de los 960M€.

"Tradicionalmente la infraestructura a la que más recursos se destinan en su conservación son las infraestructuras del transporte, dada su relación con la movilidad de los ciudadanos y la competitividad del país", asegura el director de ACEX.

2015 finalizaba con el convencimiento en el sector de las infraestructuras de que se había tocado fondo y se iniciaba, de forma muy suave y ligera, un repunte de la inversión en la obra pública. Pero la realidad fue tozuda y cruel y no solo no se confirmó ningún repunte, sino todo lo contrario. Durante el año 2016 la reiteración de elecciones generó una paralización de la inversión. Se oyó hablar, y mucho, de corrupción, de independentismo, de pensiones, de democracia… pero nada de infraestructuras, en ningún programa electoral aparecieron de forma relevante.

En el segundo semestre del año 2017 aparece un cambio de tendencia y las administraciones incrementan la licitación y contratación de obra de infraestructuras con relación al ejercicio del año 2016, lo cual tampoco es difícil.

En este año 2018 probablemente habrá una cierta mejora con relación a los datos positivos del año 2016. No obstante, como hemos señalado anteriormente, estamos en niveles mínimos históricos (la inversión en infraestructuras está en el entorno de un 1% del PIB frente al 2,6%, de media, en los últimos 22 años).

Si no atendemos a las infraestructuras no se genera empleo suficiente, no se facilitan las comunicaciones ni la competitividad de nuestras empresas. Y además, cabe destacar que el tráfico aumenta en nuestras carreteras a un ritmo que no lo hacía desde el inicio de la crisis.

Tradicionalmente la infraestructura a la que más recursos se destinan en su conservación son las infraestructuras del transporte, dada su relación con la movilidad de los ciudadanos y la competitividad del país. Sin embargo, en obras hidráulicas nos encontramos ante la existencia de sanciones por no cumplir con compromisos que nos vienen de Europa.

Desde ACEX consideramos que el gran reto de España en materia de infraestructuras es ahondar en su correcta y necesaria conservación. Queremos destacar la importancia capital de la planificación de las infraestructuras, que es una labor eminentemente técnica y no política. La ‘política’ debe establecer los criterios generales, pero la técnica su aplicación. Y la planificación se ha perdido en muchas administraciones.

Asimismo, consideramos que España debe acordar una estrategia nacional de infraestructuras que fije dónde están las necesidades de inversión y estudie en profundidad el modelo de financiación. De esa estrategia nacional surge la planificación, de la que depende nuestro futuro.

España tiene motivos para estar orgullosa de sus infraestructuras. Tenemos la red de carreteras de alta capacidad más extensa de Europa, la segunda mayor red del mundo de alta velocidad ferroviaria, la mayor red de aeropuertos en intensidad de tráfico del mundo y dos de los mayores puertos de contenedores del Mediterráneo. Un liderazgo que, además, nos ha costado mucho menos, en términos económicos, que a nuestros vecinos europeos.

Ahora bien, es fundamental invertir en infraestructuras para ser más competitivos, generar actividad económica, crear empleo, cohesión de territorio y bienestar social. Máxime en un país que recibe 82 millones de turistas, atraídos entre, otros motivos, por nuestras infraestructuras.

Para solventar un déficit excesivo es necesario buscar fórmulas como el modelo de colaboración público-privada de infraestructuras.

Y si importante es construir, mucho más lo es conservar las infraestructuras existentes. De lo contrario, como ya señalamos anteriormente, el gran esfuerzo inversor que se ha realizado se puede echar a perder por una mala gestión de su conservación y mantenimiento. Cabe destacar que la obra civil genera ingresos fiscales y es un importante motor de empleo. Las actividades de conservación requieren una gran cantidad de mano de obra que, además, aportan un valor palpable a la economía nacional. La conservación de infraestructuras genera 15 puestos de trabajo directos por cada millón de euros invertido, mientras que en construcción estaríamos hablando de 5 empleos directos, según apuntábamos en el Libro Verde sobre la Conservación de Infraestructuras en España, ‘Conservar es progresar’, editado por ACEX.

Desde ACEX se apuesta por nuevas fórmulas de trabajo, como el modelo de colaboración público-privada de infraestructuras.

Debería de serlo, nos jugamos mucho. El turismo en España no deja de crecer. Encadenamos el quinto año consecutivo con récord de turistas, con 82 millones de visitantes en 2017, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al 2016, desbancando a Estados Unidos como el segundo país con más turistas extranjeros en todo el mundo.

Tal cantidad de afluencia sólo puede soportarse exitosamente gracias a unas infraestructuras de primer nivel. De esta forma, las redes de transporte se han convertido en un pilar sin el cual España habría dejado de ingresar los 77.000 millones de euros que este sector facturó en 2016. Los 43 aeropuertos españoles gestionados por AENA siguen incrementando pasajeros, un gran número de visitantes acceden a España a través de la Red de Carreteras de España (con más de 667.000 kilómetros), el ferrocarril (titularidad de Adif) tiene un tránsito de más de 470.000.000 pasajeros anuales y tenemos 46 puertos de primer nivel europeo (Barcelona, Baleares o Las Palmas).

Que España es sinónimo de grandes infraestructuras es de sobra conocido por administraciones, empresas y sociedad en general. La capacidad técnica mostrada por empresas y profesionales del sector es merecedora de elogios y reconocimientos.

Evidentemente, esa debería ser una de las líneas estratégicas del Pacto Nacional de Infraestructuras. Necesitamos una planificación a largo plazo y resolver los problemas de coordinación de los diversos territorios afectados. Para ello es necesario planificar, negociar y mantener una línea de actuación estable y duradera.

No invertimos lo suficiente en infraestructuras, en concreto, en su conservación. Como comentamos anteriormente, desde ACEX hacemos hincapié en la necesidad de invertir el 2,5% de su valor patrimonial en su mantenimiento y conservación, para mantener la red viaria de forma óptima. Hecho de gran importancia teniendo en cuenta la mencionada relación existente entre las infraestructuras del transporte y el sector turístico.

No se puede negar lo que es una realidad, pero no es menos cierto que las infraestructuras infrautilizadas son la excepción, solo suponen el 2% de la inversión total en infraestructuras en España.

Sobre el rescate de las autopistas, cuando una concesión quiebra, el Estado conforme al contrato establecido en la licitación debe de hacer frente a la RPA y quedarse con la propiedad. Dos elementos fundamentales han generado esta situación de quiebra generalizada en las autopistas de peaje, licitadas en el mismo entorno temporal: el fuerte incremento del valor de las expropiaciones y un tráfico real mucho menor del previsto. La primera de las razones no es imputable, bajo ningún concepto, al concesionario y la segunda, sí se trata de un error que debe imputarse al concesionario.

En cuanto al pago por uso es una línea establecida por la Unión Europea, por lo tanto llegará un momento en el que habrá que aplicarlo por imperativo legal. En caso de aplicarse, debería tener carácter finalista sobre el sector del transporte (carretera, conservación, explotación y sector del transporte). Asimismo, consideramos que debería pensarse en una reestructuración de los impuestos soportados por la carretera. Su implantación debería ser generalizada, racional y equitativa. Sin embargo, desgraciadamente parece que no será así, puesto que ya existen algunos territorios que la van a imponer, generando con ello trasvase de tráfico pesado a territorios vecinos.

"Las empresas de conservación de infraestructuras como las concesionarias están debidamente preparadas y equipadas para afrontar las posibles nevadas y garantizar una adecuada vialidad invernal", confirma Pablo Sáez.

Cuando hablamos de vialidad invernal hay que tener en cuenta que España no cohabita con la nieve, a diferencia de países del centro y norte de Europa y Norteamérica para los que es habitual y normal circular ‘en blanco’ y donde, además, es obligatorio el cambio de neumáticos; en España, no. Para nosotros la nieve es un elemento hostil que hay que quitar de la carretera.

Ahora bien, tanto las empresas de conservación de infraestructuras como las concesionarias están debidamente preparadas y equipadas para afrontar las posibles nevadas y garantizar una adecuada vialidad invernal. Sin embargo, ninguna administración o gestor público puede, ni debe, asegurar que no se vaya a producir una incidencia significativa por vialidad invernal. Todos los gobiernos han sufrido un bloqueo significativo de algún tramo de carreteras.

Lo que sí está en nuestra mano es trabajar para minimizar esas situaciones, garantizando una información veraz y en tiempo real, que debe llegar al usuario eficazmente, fomentando la educación vial y garantizando una reacción inmediata por parte de la administración y de la concesionaria o empresa de conservación. Así como trabajar y analizar de forma sistemática las incidencias surgidas para modificar los planes operativos y protocolos de coordinación que se establezcan, buscando la mejora continua.

El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) aborda una necesidad real: es ineludible realizar una serie de infraestructuras y no hay recursos suficientes para ello. Si bien es cierto que debería haberse concretado más en su presentación.

Desde ACEX reclamamos que las empresas de conservación de carreteras formen parte de los consorcios que competirán por los proyectos incluidos en el PIC, replicando el modelo de las autovías de primera generación donde era obligatoria la presencia de una empresa de conservación en la U.T.E. (Unión Temporal de Empresas) adjudicataria. De esta forma puede asegurarse, con la suficiente solvencia, que el riesgo de disponibilidad puede ser correctamente cumplido, no entrando en la deriva de las fuertes penalizaciones que se esperan se incluyan en los pliegos de licitación, máxime teniendo en cuenta que parece que esta actividad no se va a poder subcontratar ya que constituye el único riesgo transmitido al adjudicatario (algo completamente lógico).

En el pliego de las autovías de primera generación se obligaba a que participara en los consorcios al menos un constructor, una firma de mantenimiento y una ingeniería. Esto, con el PIC, desaparece. Así, el adjudicatario puede ser cualquiera que tenga las clasificaciones de contratistas de servicios. Una condición que no es difícil de conseguir, advierten desde la patronal del sector.

Efectivamente, el 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público que aboga por la mejor relación calidad precio en la contratación. Desde mi punto de vista, la transparencia no se puede unir a la licitación en función del mejor precio, sino a la oferta de mayor calidad.

En esa búsqueda del ‘mejor’, no del menor precio, los gestores deben favorecer la libre competencia de los licitadores y establecer las normas que aseguren la inexistencia de elementos ajenos a esa libre competencia. Así, deberían establecer regulación para que aquellos licitadores que no cumplan con las prescripciones legales en derecho laboral, es decir, que estén haciendo ‘dumping’ ofertando por debajo del coste soportado, sean automáticamente excluidos. Esto es un principio de buen gobierno jurídico que en muchas ocasiones es olvidado.

El sistema de licitación se puede mejorar dando más peso a las decisiones técnicas, sin influencia de criterios externos.

Para mantener la red viaria de forma óptima es necesario invertir un 2,5% de su valor patrimonial, según ACEX.

Sin duda, la ley establece una clara línea en la que se aborda el pago a proveedores, con lo cual va a ser una mejora sustancial, legal y real, con la aplicación de esta ley.

Los presupuestos para este año 2018 comienzan con la prórroga de los prepuestos de 2017. Además, tal y como ya ocurrió con la prórroga del año pasado, se ha establecido una no disponibilidad por encima del 50% de las inversiones.

En lo que a inversiones se refiere, según lo poco que se conoce de los presupuestos de 2018, es que son continuistas. Dado que las inversiones que se van a realizar en el PIC son extrapresupuestarias, esto va a generar una mejora con respecto a las inversiones de la Administración Central en el año 2017. Las comunidades, diputaciones y entidades locales van a tener una mejora con respecto al ejercicio pasado. No obstante, seguimos en niveles mínimos históricos.

Confiar, confiamos y esperar, esperamos que se reactive, pero la única posibilidad mientras se mantenga la contención del déficit es la vía extra presupuestaria. Parece que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente también está pensando en elaborar un plan similar al PIC para su ámbito competencial.

Se puede concesionar aquello que me gasto hoy y pago de forma diferida, pero en conservación el gasto es continuado, por tanto no es concesionable. Otra cosa es lo que se ha hecho con las autovías de primera generación.

¿Cuál es la gran ventaja que tiene la concesión en sombra frente a la inversión vía presupuestos generales? La disponibilidad de crédito (es decir, vía presupuesto general) es necesaria para poder realizar una obra, mientras que con la concesión se ejecuta la obra pagándose a posteriori, con la ventaja de que los usuarios disfrutan de la obra finalizada antes de haber realizado su pago, el cual evidentemente es más caro, pues hay que pagar el interés del capital prestado a la administración para la ejecución.

Esa ventaja no existe para la realización de las operaciones de conservación ordinaria y del mantenimiento de la vialidad en una red de carreteras, ya que esa inversión en conservación se realiza de forma periódica y continuada, es decir, año a año, día a día, por lo tanto no es posible invertir hoy y realizar el pago diferido. Lo que nos lleva a que “la conservación ordinaria no es concesionable”.

Desde ACEX trabajamos con el objetivo de promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de infraestructuras, y por ello realizamos nuestra labor en constante contacto con administraciones, instituciones, entidades y empresas del sector. Estamos al servicio de las Administraciones Públicas para asesorar en la preparación y puesta en marcha de toda normativa relativa a la conservación y explotación de infraestructuras.

Defendemos el modelo de conservación español, Marca España. Nuestro país ha desarrollado un modelo de gestión de las operaciones de conservación y mantenimiento de las carreteras que, tras ser aplicado durante veinticinco años, ha demostrado ser un modelo de gestión útil y eficaz, que funciona y que mejora métodos antiguos. Las empresas de conservación han sido las encargadas de la aplicación y puesta en servicio de este modelo español de gestión, y lo han realizado de forma profesional, generando un tejido empresarial específico y estando capacitadas para ampliar su ámbito de actuación a los mercados internacionales.

Otra línea estratégica de gran importancia en la Asociación es la formación, cuyo objetivo es cubrir las necesidades precisas del sector de la conservación. La finalidad es conseguir un mayor grado de profesionalidad en el sector, con la consiguiente repercusión positiva en la seguridad laboral y en la eficacia de las actividades realizadas.

La seguridad es otro pilar importante de nuestro trabajo. Para su promoción, creamos el Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, cuyo objetivo es promover la cultura de la seguridad, laboral y vial, en los trabajos de conservación y explotación de infraestructuras, así como incentivar y reconocer a aquellas administraciones, empresas y trabajadores, que hayan desarrollado actividades, muchas de ellas en el ámbito de I+D+i, con destacadas consecuencias positivas para la seguridad vial y laboral en nuestras infraestructuras.

ACEX es una asociación formada por treinta y cuatro empresas, de carácter heterogéneo y distinto volumen de negocio. Representa el 85% de las empresas de conservación que, pese a la situación de crisis que ha atravesado el sector, no ha visto mermada su penetración ni su número de socios de forma significativa. Seguiremos trabajando con clara vocación de servicio y con el firme compromiso con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible. Y por supuesto, nuestro objetivo es continuar siendo el representante del sector ante las administraciones, acorde a la responsabilidad que supone aglutinar un porcentaje tan elevado del sector de la conservación y mantenimiento.