La posventa perdió más 3.500 millones de euros en los últimos seis años por la competencia desleal de talleres ilegales

La competencia desleal de talleres ilegales, donde se antepone el precio a la seguridad y el rigor de la reparación, generó al sector de la posventa unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros en los últimos seis años, según se desprende de la ‘Propuesta de actuación para la erradicación de talleres ilegales’ presentada ante el Seprona por las asociaciones Ganvam y Anfac.

Concretamente, estos centros ilegales representan ya al 20% del total, por lo que estamos hablando de alrededor de 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.

De esa forma, al tratarse de negocios que no están dados de alta en Hacienda ni en el Registro Especial de Talleres de Industria escapan al control fiscal propiciando que se dejen de ingresar 230 millones de euros anuales derivados no sólo del fraude en el IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF.

Asimismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal y, por tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también incurren en un fraude laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada taller ilegal tiene una media de 1,5 empleados.

Al margen de los perjuicios económicos que genera esta actividad sumergida, los talleres piratas también tienen un impacto negativo para el propio consumidor final, que queda completamente desprotegido al no disponer de facturas, presupuestos ni las garantías de reclamación a las que tiene derecho por ley.

Esta falta de cobertura legal supone además un riesgo para la seguridad vial, ya que no es posible garantizar que los vehículos reciben una reparación segura; por no hablar del impacto medioambiental de un negocio incapaz de garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de los más de 38 tipos de residuos que genera la actividad del taller.

La proliferación de talleres ilegales en estos últimos años ha venido a agravar la ya de por sí difícil situación que atraviesa el sector de la posventa debido a varios factores como la caída de las matriculaciones –más de un 60% en los últimos años- o el envejecimiento del parque. En este periodo, la facturación en el sector de la reparación retrocedió en cerca de un 30%, lo que explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este periodo.

Concretamente, este sector –que aporta el 1,2% del PIB- ha perdido entre 2007 y 2013 más de 12 millones de reparaciones anuales como consecuencia, por un lado, del déficit de matriculaciones que ha reducido en un 40% cuota de vehículos menores de cinco años, los más rentables para el taller; y, por otro, la creciente antigüedad del parque, donde cerca de un 50% supera los once años, lo que se traduce en menos pasos por el taller, limitando las entradas a las reparaciones estrictamente necesarias como son las averías mecánicas.

En la reunión en la que participaron el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, y el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, junto con altos mandos del Seprona, ambas asociaciones defendieron la puesta en marcha de un plan de acción con el objetivo de luchar contra las reparaciones ilegales, a través de la coordinación de los ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo.

Entre las medidas propuestas, el plan defiende centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior, de manera que sea esta cartera la que se coordine con las autonomías para resolver cada caso, evitando, como sucede actualmente, que muchas de las situaciones planteadas en las asociaciones regionales queden sin resolver ante la falta de recursos de las comunidades autónomas.

Además de definir claramente el papel de los actores implicados en la resolución de cada caso (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Seprona, Agencia Tributaria, Trabajo), el plan precisa de un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, que comience en las áreas geográficas con mayor actividad ilegal.

Además, también se contempla la necesidad de intensificar los controles de los vehículos que no superen la ITV, de manera que en la nueva revisión el conductor presente una factura o certificado del taller alegando la reparación de los defectos del coche, lo que garantizaría que la operación se ha realizado en un centro legamente establecido. Para introducir esta exigencia, sería necesario modificar el Real Decreto que regula la Inspección Técnica de Vehículos y también la normativa de talleres estatal.

Por último, se incluye la puesta en marcha de un plan de concienciación social que transmita e informe a la opinión pública a cerca los perjuicios de acudir a estos talleres pirata, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental.