El sector extractivo reclama participar en la toma de decisiones políticas en torno al Barranco de Güimar

El establecimiento de una Comisión Técnica y Jurídica, encargada de evaluar la situación del ámbito extractivo de los barrancos, formada por técnicos del Cabildo, el Gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento, pero sin representación del sector empresarial, parece cuando menos, una iniciativa que, a pesar de resultar muy interesante para la delicada situación de las explotaciones de la zona, nace sesgada y sin voluntad de afrontar, una vez más, soluciones reales al mismo en la tan citada zona del recurso mineral de esta Isla.

La industria de los áridos no puede permanecer impasible ante las graves acusaciones vertidas en prensa y más recientemente, en días pasados, por parte del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Güímar, en las que tachaban a estas industrias como ilegales tras un análisis de estos expedientes, los cuales son archiconocidos por todas las administraciones.

La situación del Barranco de Güímar, por desgracia, no es nueva para el sector, y cabe destacar que nada tiene que ver con el de las explotaciones ilegales, en el resto de la Isla, que reiteradamente esta Asociación viene denunciando ante las Autoridades y el propio Ministerio Fiscal.
Es más, probablemente, la decisión tomada en el año 2008 por el Ayuntamiento de Güímar de cerrar explotaciones de esta importante área de suministro de materias primas minerales, de la que se abastecía toda la isla de Tenerife, las cuales están clausuradas por no disponer, en contra de su voluntad, de las Licencias Municipales preceptivas de Apertura y de Actividad, ha influido determinantemente en la proliferación de explotaciones ilegales y clandestinas, que, sin contar con ningún tipo de autorización, extraen material de dudosa calidad, sin cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos por la Legislación Vigente (Marcado CE, Instrucción de Hormigón Estructural-EHE-; Pliego General de Carreteras PG-3, etc..), sin ningún tipo de medidas de seguridad y, por supuesto, sin realizar restauración alguna en la zona de la que han extraído los recursos, además de no pagar ningún tipo de impuesto a las administraciones, supliendo, en gran parte, tal demanda de áridos con la inactividad de las autoridades, por lo cual se le hizo saber que las calidades en la aplicación de los materiales en la ejecución de las construcciones, edificaciones y obras que se están realizando y por realizar, son mínimas, lo que puede acarrear, y está acarreando ya de hecho, muy graves consecuencias en general.

Es preciso, pues, reincidir en estas Instalaciones de Machaqueo móviles, en su mayoría ILEGALES, distribuidas arbitrariamente por todo el territorio Insular, las cuales no cuentan en su mayoría con las autorizaciones del Servicio de Minas, de la Dirección General de Industria, además de ningún trámite de Evaluación Ambiental y, en gran parte, no disponen de ningún tipo de autorización, ni Licencia Municipal, de modo que, aún amparadas bajo trazas y obras legales, abastecen el mercado con áridos de dudosa procedencia, de dudosa calidad y de ilegalidad de puesta en el mercado del mismo, sin las garantías y de manera fraudulenta.
La actividad extractiva ha sufrido en los últimos años el fenómeno denominado por los americanos como “Nimby”, acrónimo de “Not In Back Yard” o “no en mi jardín trasero”. Es el síndrome que afecta a numerosos sectores por los cuales todos queremos tener vertederos, para eliminar todo tipo de vertidos, pero no en mi “jardín trasero”; nos gusta accionar el interruptor y que se encienda la luz pero sin que tengamos una central térmica “en mi jardín trasero”, dos ejemplos de los cientos que nos podemos encontrar.

En el caso de los áridos, todos queremos tener colegios, hospitales y carreteras seguras pero no nos paramos a analizar que para construir estas infraestructuras son necesarios estos recursos minerales cuya ubicación han determinado la naturaleza y los procesos geológicos y no los empresarios del sector, las administraciones, ni los ciudadanos. Una vivienda unifamiliar se construye con 400 toneladas de materiales de cantera, un hospital usa 15.000 toneladas y 1 kilómetro de autopista, 30.000 toneladas. Estos son algunos ejemplos que dejan patente que se trata de un sector primario y estratégico, como puede ser la agricultura o la ganadería y tan básico como estos para el desarrollo de la actividad humana.
Prácticamente todos los objetos que nos rodean tienen su origen en la minería. Los queremos poseer, usar y disfrutar pero repudiamos su origen.
Este suministro esencial e insustituible de materiales minerales se desarrolla en Güímar como enclave fundamental afectando una superficie total de 0,6 kilómetros cuadrados, que es el área ocupada por las canteras. Solamente el aeropuerto de Tenerife Sur ya afecta a 2,5 kilómetros cuadrados y conviene señalar que cualquier desgracia natural, como los incendios, implica anualmente a más de la superficie que afecta esta actividad a lo largo de toda su vida útil.
Cabe mencionar que estos recursos minerales son un Bien del Estado, y es por ello que las autorizaciones o concesiones que se otorgan para estas explotaciones tienen un horizonte temporal. Los empresarios de la industria de los áridos solamente ejercen una actividad de extracción de los materiales, en base a la demanda de las propias Administraciones Públicas, realizando un servicio de interés público, y siempre con el compromiso de restaurar posteriormente el espacio tal y como los órganos competentes en medio ambiente lo determinen. Es por este motivo que todavía resulta más incongruente el hecho de que las diferentes Administraciones Públicas competentes en la materia -Gobierno de Canarias en sus departamentos de Industria y Medio Ambiente, Cabildo y Ayuntamiento- no cuenten con una política coordinada y sean los empresarios los máximos afectados por esta descoordinación entre el las autorizaciones sectoriales, el PIOT y el Plan General de Ordenación del municipio y, por ende, las licencias municipales.
Esta situación ha generado más de 15 años de grave indefensión jurídica para el sector en la zona de Güímar. El fenómeno antes descrito provoca que los consistorios ubicados en zonas mineras, probablemente por el miedo de enfrentarse a las voces discordantes de estas actividades menos “populares” hayan hecho caso omiso a las solicitudes de tramitación de licencias municipales. El caso del Consistorio de Güímar es más acuciante, puesto que varias de esas explotaciones ya abonaron en su día las abultadas tasas, de muchos cientos de miles de euros, para el otorgamiento de las mismas, sin que esta autorización municipal haya sido concedida.

Las canteras situadas en el Barranco de Güímar cuentan con las autorizaciones administrativas pertinentes, otorgadas en su mayoría en los años 70 e incluso renovadas posteriormente cuando, cabe recordar, la sensibilidad ambiental, los medios técnicos y la legislación existente, no eran los mismos que en los tiempos actuales, y cuando, además, abastecían casi en un 90%, el mercado Insular, por lo que parece injusto analizar bajo el prisma actual, nuestras exigencias ambientales y de otra índole.

Ahora bien, el sector extractivo es el primer interesado en cumplir con lo expuesto en los planes de explotación aprobados por el Gobierno Autonómico, así como el cumplimiento de sus obligaciones de restauración, que a su vez, no hay que olvidarlo, constituyen también un derecho para los mismos, que imposibilitando la actividad extractiva, se ha visto seriamente comprometido.
Por estas razones, el sector empresarial reclama un verdadero foro de diálogo en el que se analicen los siguientes aspectos:
– La restauración de los espacios afectados por las autorizaciones mineras vigentes, mediante la posibilidad de continuar con las explotaciones autorizadas en la zona.
Estas autorizaciones, contempladas, ordenadas y planificadas en el actual PIOT, se podrían realizar de acuerdo a unos condicionantes de extracción compatibles con la protección al medio ambiente, así como otras medidas compensatorias que se establezcan, entre los responsables de las explotaciones, el Consistorio y el Cabildo.

– La restauración de estos espacios sin poder integrar simultáneamente estas labores en el ciclo de vida de los áridos (extracción, uso de materiales, valorización y eliminación de residuos inertes adecuados, reintroduciéndose en la cadena y para la restauración) se presenta de imposible cumplimiento, más aún si tenemos en cuenta la actual coyuntura económica en la que apenas hay obras con excedentes de tierras y piedras a utilizar en estos fines.
Hay que recordar, que se han elaborado múltiples Planes, sobre la zona por parte de las distintas Administraciones desde los años 80 y, a día de hoy, no han sido capaces de buscar alternativas válidas entre la necesaria explotación del recurso y las posibles alternativas de uso posterior del mismo, pudiendo ser múltiples y de distinta índole, como zonas de ocio, recreativas y de esparcimiento, de utilidad, energética solar e hidráulica, de espacios tecnológicos, deportivos y un largo etcétera, estudiando las actuales necesidades Insulares y de la Comarca.

– El obligado cumplimiento del Convenio establecido entre el Ayuntamiento de Güímar y las empresas explotadoras aprobado en Pleno en el año 2002, a través del cual el consistorio se comprometía a otorgar las licencias municipales a las empresas con autorizaciones vigentes. De esta manera se dotaría al sector de seguridad jurídica suficiente para el desarrollo de la actividad.

– Constitución por parte del Ayuntamiento de Güímar y el Cabildo Insular de Tenerife, del Consorcio previsto en el “Plan Territorial Especial de la Ordenación de la Actividad Extractiva de los Barrancos de Güímar” (PTEO), con el fin de que se desarrollen las bases del mismo a partir de la definición del Área de Gestión Integrada (AGI), y se establezca un periodo de transitoriedad hasta que se implemente debidamente Plan Territorial Especial de la Ordenación de la Actividad Extractiva de los Barrancos de Güímar (PTEO)

El sector extractivo es perfectamente consciente de que la situación del Barranco de Güímar es delicada, y es por eso considera imprescindible consensuar las propuestas de actuación en la zona. El sector, no solo el autorizado en el área, también en el resto de la Isla, se ve en peligro y advocado a una situación de indefensión frente a las barreras administrativas, por lo que reclama participar en la toma de decisiones políticas que condicionan su propia supervivencia y la compatibilidad de la actividad extractiva con unas actuaciones sostenibles que contemplen las necesidades de abastecimiento de materiales primarios actuales y futuros.